El juego del disparate

El miércoles pasado escribía que no se podía descartar que Junts per Catalunya (JxCAT) registrara en el Parlamento catalán un proyecto de ley para permitir la investidura no presencial —desde Bruselas— de Carles Puigdemont. Y así sucedió el viernes a última hora. Sin el aval de ERC, JxCAT presentó la iniciativa diciendo que tenían prisa en investir a Puigdemont y que no entendían las dilaciones de los republicanos.

Estamos ante otro acto de este laberinto sin salida en el que se ha encerrado el independentismo —incapaz de mirar más allá de sus fronteras rigurosamente vigiladas— porque el proyecto no tiene ninguna viabilidad.

No es solo que la propia dirección del PDeCAT, el partido que promovió JxCAT y dejó que Puigdemont dictara la mayoría de la lista, no muestre ningún entusiasmo. Es que ERC argumenta —en privado— que es imposible que se discuta cualquier ley antes de la investidura, que en todo caso la oposición la llevaría al Consell de Garanties​ Estatutàries que —con toda probabilidad— le daría la razón, y que hacer caso omiso de ese dictamen, como el 6 y 7 de setiembre pasado, es hoy política y jurídicamente imposible. Aunque Roger Torrent, el presidente del Parlamento, se deslizara por ese escenario, el Gobierno de España recurriría al Tribunal Constitucional, que solo tendría que repetir lo que ya ha dictaminado.

ERC se desmarca de Puigdemont y quiere elegir ya un presidente y un Gobierno efectivos

¿Por qué entonces el 'puigdemontismo' insiste en algo condenado al fracaso? La interpretación benévola es que lo hace para dejar claro que lo ha intentado todo. Y que solo renunciará cuando quede patente la prohibición constante y repetida de un Estado autoritario. Los 'puigdemontistas' sensatos querrían así convencer a el 'expresident' de que la inevitabilidad del paso atrás. Y quizás el propio Puigdemont lo quisiera: que nadie le pudiera acusar de solo llorar. Como a Boabdil.

Lo pesimista es que el 'puigdemontismo' está dispuesto a ir hasta el final y explicita así el chantaje: "Puigdemont o elecciones", sabiendo que no hay otra candidatura independentista posible y apostando a que ni ERC ni el PDeCAT se atreverán —ni en el último minuto— a pactar otro candidato con formaciones heréticas como En Comú Podem o el PSC. La diputada por Girona, Gemma Ceis, del grupo de los 8 o 10 'superincondicionales' de Puigdemont, lo dijo el sábado al afirmar que esperaban que ERC apoyara el proyecto de cambio de la ley de presidencia, "faltaría más", y que la alternativa eran las nuevas elecciones "porque a nosotros todo lo que sea votar nos parece bien".

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A.G.

Y todavía hay una tercera interpretación, oída en medios independentistas: Puigdemont sabe que no será 'president' pero está decidido a hacer pulsos continuos al Estado hasta el final (como el viaje a Dinamarca), sin importarle nada lo que pase en Cataluña. Mantendrá su chantaje, pero llegará un día en que aceptará lo inevitable. Hay una veintena de 'puigdemonstistas' entre los 34 diputados de JxCAT pero 'superincondicionales' —dispuestos a todo— hay solo una decena. Los otros están empezando a reflexionar.

En todo caso, tenemos Puigdemont para largo y el PNV no votará los presupuestos. ¿Apuesta por provocar y esperar una grave crisis de gobierno en Madrid como Juan Negrín quería aguantar la República hasta el estallido de la guerra mundial que creía próximo?

Lo que sí está quedando claro es que ERC no hará marcha. Ya admite que Puigdemont no podrá ser elegido. Ayer lo explicitó Marta Rovira al afirmar que se debía reconocer la legitimidad de Puigdemont en Bruselas, pero que en Barcelona había que elegir un presidente y un gobierno efectivos. Y añadió que los republicanos no aceptarían "acuerdos a medias". En ERC creen que el asunto Puigdemont lo está retrasando todo y que todavía no hay pacto en algo tan fundamental como el plan del gobierno para la legislatura y la estructura del gobierno. ¿Cómo se instrumenta ese reparto de 'conselleries' al 'fifty-fifty' en el que hay acuerdo de principio? Lo positivo es que los republicanos ahora —quizás porque han visto las orejas al lobo— priorizan gobernar.

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Pero las tinieblas dominan también a los no independentistas. El PP se equivoca (o quiere descalificar) cuando acusa a Cs de no presentar la candidatura de Inés Arrimadas a la presidencia. Arrimadas no puede sumar en ningún caso porque el total de diputados no independentistas es de 65 frente a 70 secesionistas. ¿Cómo Torrent la podría presentar?

Pero sí debería tomar alguna iniciativa. Por ejemplo, ahora que Cs y Podemos se hablan y pactan en Madrid para cambiar la ley electoral, iniciar un diálogo con En Comú Podem para lanzar alguna iniciativa conjunta (junto al PSC e incluso el PP) que metiera presión al independentismo. ¿Por qué no lo hace? ¿Por impotencia? ¿Por qué le interesa fijar la idea de que la alternativa es solo Cs y que los otros son pigmeos? ¿Por qué ahora Cs solo quiere utilizar su victoria en Cataluña para desgastar al PP en España? Entre los no independentistas (Cs, PSC, ECP y PP) hay grandes diferencias, e historias incluso incompatibles, pero algo podrían hacer y la iniciativa por el número de escaños le correspondería a Arrimadas, a la que capacidad personal no le falta.

La conclusión es que la vida política catalana está paralizada (o peor) y que nadie gobierna desde hace demasiado tiempo en un país que tiene serios problemas. Quizás Puigdemont se ha contagiado del ambiente belga y cree que Cataluña —como Bélgica alguna vez— puede permitirse más de 580 días sin Gobierno. Acierta más Francesc Granell —quizás el catalán que más años ha trabajado en la Comisión de Bruselas— al decir el sábado, en 'La Vanguardia', que Cataluña está en deriva 'manicomial'. Pese al famoso 'seny', algo estamos haciendo muy mal. No ya en el pasado, o cuando la tragicomedia de la independencia, sino desde las elecciones de hace 50 días.

Pero en el resto del Estado, el conflicto catalán tampoco se aborda con cordura. No nos remontemos al Estatut de 2006, ni a la sentencia del Constitucional de 2010, ni a la incapacidad del Gobierno de Rajoy (el anterior de Zapatero quedó KO con la sentencia del Constitucional) para negociar o rebajar la tensión desde que en 2011 llegó al poder. Admitamos que el 155 era inevitable si no se quería que 72 diputados catalanes (sobre 135) violando todas las leyes, el Estatut y la Constitución, y con el apoyo de solo el 47,8% de los catalanes (que es mucho) impusieran la independencia.

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¿Pero después qué? ¿Cómo ha digerido España que el 155 haya funcionado sin confrontación pero que los secesionistas hayan vuelto a ganar las elecciones perdiendo solo —después del inmenso error del 28-O— dos diputados y el 0,3% de los votos?

Dije que sería una digestión pesada, pero está siendo peor. El PSOE prefiere polemizar sobre la reforma laboral y las pensiones porque sabe que el conflicto nacionalista le perjudica. Al menos ni enreda ni encrespa. Pero el PP y Cs —que han pactado mucho— convierten ahora el resultado catalán, y su eficacia respectiva ante el independentismo, en el eje central del debate y de los reproches entre las dos formaciones. Lo de esta semana entre Rajoy y Rivera, polemizando en el Congreso sobre si los fondos del FLA habían servido para financiar el fallido referéndum del 1 de octubre—-un gran fracaso político y moral del Estado— fue patético.

Traspasemos el campo político. Los tribunales están para hacer cumplir la ley. Pero es absurdo creer que la prioridad (incluso el remedio) es la causa del Supremo contra los autores del 28-O cuando el grave problema de España es que, en dos elecciones autonómicas consecutivas, el independentismo —con un programa poco inteligente y menos viable— ha logrado la mayoría absoluta (en base a la ley electoral española) y ha convencido al 47,8 o 47,5 % de los catalanes.

¿Puede creer alguien sensato que una condena severa a Oriol Junqueras y a otros líderes ayudará a encauzar el problema? ¿Qué la condena será la varita mágica que achatarrará al tradicional 20% el actual apoyo del 47% al independentismo?

Pero dejemos el Supremo y que la justicia actúe, pese a que Felipe González, el presidente que más años ha gobernado en democracia y al que algún juez justiciero y la derecha española quisieron condenar por ser la X del GAL, haya dicho que no veía nada claro el delito de rebelión. No especulemos sobre la Fiscalía del Estado y el magistrado Pablo Llanera, que se discuten en voz alta en asuntos sensibles que afectan al prestigio internacional del Estado. ¿Es lógico que el ministro de Justicia, haciendo de comentarista documentado, especule sobre si Junqueras podrá ser candidato cuando dentro de unos meses se haya dictado la apertura de juicio oral?

Querer prohibir el indulto por delitos de rebeldía indica que no se ponen las luces largas. Se prefiere el populismo a corto

¿Es prudente que el Gobierno Rajoy presente ahora una enmienda para que nunca un gobierno democrático pueda indultar a alguien que haya sido condenado por rebelión o sedición (no creo que haya muchos), equiparándolo a lo que el PSOE exige para los corruptos (algunos más) y para los culpables de violencia de género? ¿Estamos ante una irrupción de populismo por parte del que se ha quedado con 4 escaños en el Parlamento catalán (con menos votos que las CUP) contra quién ha sacado 36? ¿No sería mejor que comparara el atractivo electoral de García Albiol con el de Inés Arrimadas? ¿Han reflexionado sobre lo que debió pasar en Gran Bretaña para que los ultras protestantes y los exterroristas del IRA convivieran muchos años en un mismo gobierno, como si fueran Soraya y Cospedal?

Dos y dos solo pueden ser cuatro. Y la regla de tres diría que, si en Cataluña lo estamos haciendo muy mal y en España más o menos igual, el resultado final solo puede ser…