Tres testigos que acusan

Al contrario que la semana pasada, el Estado ha dado la cara con los testimonios de Nieto, Millo y Pérez de los Cobos

Foto: Enric Millo (d), a su llegada al Supremo. (EFE)
Enric Millo (d), a su llegada al Supremo. (EFE)

Los testimonios el lunes y martes del exsecretario de Estado de Interior José Antonio Nieto, del exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo y del que fuera coordinador de las policías judiciales Diego Pérez de los Cobos han arrojado amplia información sobre la actividad de las fuerzas de seguridad del Estado los días anteriores al referéndum y el propio 1 de octubre.

Tras estos testimonios, es posible describir un esquema inicial de lo sucedido. Todo parte del conflicto imposible entre la legalidad del Estado y una seudolegalidad catalana, que parte de las leyes inconstitucionales votadas por el Parlamento catalán, el 6 y 7 de setiembre. Y como dos legalidades no pueden coexistir, una tenía que imponerse.

Y eso ocurrió el 1 de octubre. La Generalitat veía el referéndum como una aspiración lógica (y acorde con la nueva legalidad catalana) mientras que el Estado, primero la Fiscalía y luego el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), definió el objetivo de impedir su celebración por ser ilegal. Por eso se ordenó a los tres cuerpos policiales —Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional— que no se celebrara el referéndum.

Según los tres testimonios citados, desde el primer momento en que se conoció el desplazamiento de fuerzas de seguridad del Estado a Cataluña para —en caso necesario— ayudar a los Mossos e impedir el referéndum, tanto el 'exconseller' Joaquim Forn como el mayor Trapero manifestaron serias reticencias, alegando que los Mossos eran suficientes para tal misión.

La interpretación de un auto del TSJC enfrentó tres días antes del referéndum a Puigdemont y a los representantes del Estado

En la Junta de Seguridad del 28 de septiembre, tres días antes del referéndum, convocada por Puigdemont, se anticipó el choque de legalidades y actitudes policiales que se evidenció luego el 1 de octubre. Nieto calificó la reunión de surrealista y no le falta razón porque, en teoría, se trataba de que llegaran a un acuerdo los que querían celebrar el referéndum —y su policía— con los que tenían como objetivo y misión impedirlo.

En la reunión, la Generalitat interpreta que el auto de la magistrada Mercedes de Armas, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), indica que la prioridad es mantener la normalidad ciudadana y la seguridad de las personas, mientras que los representantes del Estado señalan que dicha resolución ordena impedir el referéndum. Y esa divergencia es la que se convirtió en drama tres días después.

Según los representantes del Estado, si los Mossos hubieran cumplido la orden judicial, el referéndum no se hubiera celebrado y no habría habido incidentes graves. Pero los Mossos no cumplieron, sino que mantuvieron una actitud en general pasiva, lo que facilitó la celebración del referéndum. Hubo pues una colaboración, como mínimo por omisión, de la cúpula de los Mossos con la Generalitat, tendente a que el referéndum se pudiera celebrar.

Fue esta actitud de los Mossos la que, según los tres testimonios, obligó el 1 de octubre a las fuerzas de seguridad estatales a impedir directamente —no como ayuda de los Mossos— el referéndum, entrando en los colegios electorales para retirar las urnas y el material electoral. Y esta misión se vio muy dificultada por la presencia anterior en dichos colegios de muchas personas (y entre ellas, algunos grupos organizados) que obstaculizaron la acción policial. Por eso, en algunos casos, se produjeron choques con la gente que ocupaba los colegios (se utilizó la expresión de 'murallas humanas') en los que hubo heridos, tanto civiles (unos 1.000, según la Generalitat; el coronel de los Cobos lo matizó calificándolos de personas atendidas) como de las fuerzas policiales (90 uniformados).

Según los testigos, los Mossos colaboraron con su actitud pasiva a la celebración del referéndum ilegal el 1 de octubre de 2017

Los tres testimonios destacaron que desde mediados de setiembre hasta poco después de la aplicación del 155 hubo en Cataluña un clima de hostigamiento. Millo se refirió a una pintada en Girona que decía 'Millo muerte'. Y los tres señalaron que hubo actos de violencia en bastantes ocasiones.

De estos testimonios se deduce que hubo una operación de la Generalitat para celebrar el referéndum, que contó con la colaboración activa de militantes de organizaciones independentistas y que en un periodo largo de tiempo (septiembre y octubre) hubo actos de violencia. Los Mossos, con una apariencia de cumplir con lo encomendado por las órdenes judiciales —ya que hicieron comunicaciones de la ilegalidad del referéndum—, lo dejaron hacer con un papel pasivo de colaboración.

Y Millo dijo que la aceleración del enfrentamiento se produjo cuando en el mes de julio Puigdemont reorganiza su Gobierno y prescinde de los que “no quieren llegar hasta el final”, y ello supone el relevo del 'conseller' de Interior, Jordi Jané, y su sustitución por Joaquim Forn, a lo que sucede inmediatamente la dimisión del director general de Policía de la Generalitat, Albert Batlle, que había sido atacado por la prensa más nacionalista cuando declaró que los Mossos siempre cumplirían la ley. Pero Xavier Melero, el abogado de Forn, subrayó que Trapero había sido nombrado con anterioridad.

Las defensas de los acusados —básicamente Melero y el letrado Jordi Pina— intentaron desmontar los argumentos de los tres testigos. En primer lugar, poniendo de relieve la exigencia de no alterar la normalidad ciudadana del auto del TSJC, que Puigdemont y el mayor de los Mossos ya defendieron en la Junta de Seguridad del 28 de septiembre.

También con el cambio de criterio del auto de la magistrada Mercedes de Armas, del TSJC, respecto a las instrucciones anteriores de la Fiscalía. La magistrada retiró la orden de cerrar y precintar los futuros colegios electorales el viernes por la tarde y la sustituyó por la de impedir que hubiera actos de preparación del referéndum. Eso permitió 'de facto' la celebración en los colegios el viernes por la noche, el sábado y la madrugada del domingo de actos festivos, de forma que los colegios ya estaban ocupados a primera hora de la mañana del domingo. Los colegios electorales (la mayoría) no se tuvieron que abrir sino que, en todo caso, se hubieran tenido que cerrar para evitar el referéndum.

Según las defensas, los Mossos no estaban obligados a impedir estas actividades lúdicas que —Millo lo reconoció— no estaban explícitamente ligadas al referéndum (pese a que era obvio), y en la mañana del domingo los Mossos optaron por no alterar la normalidad ciudadana impidiendo las votaciones con uso de la fuerza. Como consecuencia, según la tesis de los tres comparecientes citados, la Policía y la Guardia Civil tuvieron todo el peso de una operación difícil: incautar el material electoral en unos colegios que ya habían sido ocupados previamente por simpatizantes y activistas de organizaciones nacionalistas, unos pacíficos y otros menos.

El Estado quedó algo descolocado cuando el auto del TSJC del jueves 27 de septiembre retiró la orden de precinto de los colegios el viernes por la tarde

Y según los tres testimonios, las fuerzas de seguridad lo hicieron de forma eficaz y proporcionada, lo que no casa demasiado con lo que se vio por TV. Aunque es cierto que cuando intervienen fuerzas antidisturbios en territorio poco conocido… En todo caso, hay unos 40 efectivos de los cuerpos policiales denunciados por excesos en los juzgados y hasta el momento —lo subrayó Pérez de los Cobos— ninguno ha sido condenado. Aunque no es eso lo que ahora se juzga en el Supremo.

Es pronto para sacar conclusiones más definitivas de estos tres testimonios. Es de agradecer que finalmente alguien —José Antonio Nieto, exsecretario de Estado de Interior— se haya responsabilizado —y lo haya argumentado— de la reacción del Estado al intento de referéndum. Otra cosa es si la reacción fue necesaria para defender el Estado de derecho y en todo caso proporcionada. Pero Nieto, Millo y De los Cobos asumieron su papel. Lo que cuesta creer es que la decisión de proceder a cargas policiales de cierta intensidad no fuera autorizada, como mínimo, por el ministro del Interior, que la semana pasada tuvo una comparecencia lamentable. Pareció más algún despistado que pasaba por allí que el ministro del Interior de España.

Tras estas comparecencias, lo seguro es que las defensas van a tener más trabajo del que se podía pensar a finales de la pasada semana. Nieto, Millo y De los Cobos atestiguaron que hubo delito de desobediencia, coordinación entre el Gobierno de la Generalitat y sectores sociales para implementar el referéndum y actos de violencia.

¿Suficiente todo para el delito de rebelión? Es discutible, porque —lo dijo el abogado Pina— también hubo actos de violencia al final de una gran manifestación antiindependentista de Sociedad Civil Catalana —a la que Millo asistió— y no se puede acusar ni a Millo ni a SCC de violencia por la acción de unos incontrolados. ¿Son los CDR descontrolados? Torra los anima —algún día—, pero es obvio que no le hacen mucho caso.

En todo caso, el Código Penal define rebelión como un alzamiento violento. ¿Hubo conspiración para un alzamiento violento, o para llegar a una situación tal que Cataluña se convirtiera —suponiendo que el Estado no hubiera intervenido— en independiente?

Habrá que seguir analizando, pero la comparecencia del coronel Pérez de los Cobos se interrumpió —continuará hoy— a las nueve de la noche y no hay tiempo para más.

Confidencias Catalanas
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