Una Diada de entretiempo

La foto se hizo viral durante el pasado fin de semana. En un acto organizado frente al Atomium de Bruselas por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), en el que también participaron los 'exconsellers' Puig, Comín y Serret, Carles Puigdemont se dirigía a no más de una veintena de personas, ataviadas con trajes tradicionales que en algunos casos se aderezaban con banderas independentistas y lazos amarillos.

Más allá del discutible sentido estético de la estampa, el significado político implícito era el de un proceso soberanista que desde hace tiempo viene perdiendo fuelle. Como todos los movimientos de masas, el independentismo catalán ha construido a su alrededor un universo sobrecargado de simbología. El problema llega cuando desertan las masas pero permanecen los símbolos: es en ese momento cuando las antaño masivas manifestaciones empiezan a parecerse a un encuentro anual de nostálgicos de Atari.

El barómetro del CEO catalán, el equivalente al CIS, publicado antes de la pausa veraniega, ponía cifras a esta 'pájara' del soberanismo: los partidarios de una Cataluña independiente caían a su nivel más bajo en los últimos dos años (44%), siendo superados por aquellos en contra de la ruptura con España (48,3%), algo que no ocurría desde la primera mitad de 2017, antes del otoño caliente que cambió para siempre la política catalana y española. Otros indicadores confirmaban este desánimo entre los postulados soberanistas: los que consideran que Cataluña tiene “un nivel insuficiente de autonomía” llegaban al 61%, una cifra que puede parecer alta pero que en realidad es la más baja en esta misma pregunta desde el año 2010.

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¿Cuáles son los motivos de la pérdida de vigor del proceso soberanista? Seguramente, uno de los más destacados es que el soberanismo se ha quedado sin promesas. O para ser más precisos, sin metas volantes. El objetivo último, por supuesto, sigue siendo la independencia, pero es también una constante en la historia que los movimientos político-religiosos sazonan con paradas intermedias las grandes emancipaciones. El éxodo desde Egipto tuvo más de 40 estaciones, de las que el monte Sinaí fue solo una. O las famosas fases intermedias del marxismo, que constituían una necesaria estación previa para alcanzar la sociedad socialista plena.

También el soberanismo catalán, desde que la Diada de 2012 diese el pistoletazo de salida a la etapa de confrontación directa que ha caracterizado la última década, fue sembrando el futuro de mojones que servían como acicates para exprimir el resuello de las masas, a las que siempre se les pedía un penúltimo esfuerzo para llegar hasta el siguiente hito en el camino. Primero fue el referéndum independentista del 9 de noviembre de 2014, semiconsentido por el Gobierno de Rajoy, luego las elecciones plebiscitarias de 2015, en las que por primera vez el independentismo se agrupó bajo unas únicas siglas, más adelante el referéndum del 1-O en 2017, la DUI, o la Constitución catalana que debía alumbrar un tiempo nuevo. Algunos hitos se completaron, otros se quedaron a medias, como aquella DUI 'sottovoce' que no sirvió ni para arriar las banderas.

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Esta acumulación de estaciones hace más evidente el contraste con lo que ocurre ahora. Es como si después de haber estado subidos en un tren regional, los soberanistas hubiesen tomado el transiberiano. Por mucho que otean el horizonte, no alcanzan a vislumbrar la próxima parada, cuál será la siguiente fecha en el calendario a la que agarrarse. Y esto, para un cuerpo tan anfetaminado como ha estado el soberanismo en el pasado más cercano, provoca un bajón anímico en toda regla.

La política catalana ha entrado en un compás de espera. Y eso ya es de por sí un cambio relevante, porque en los últimos años era al revés: lo que pasaba en Barcelona tiraba de las riendas de la política española. Ahora, en cambio, los actores catalanes viven pendientes de que los posos de la política nacional se terminen de asentar. ERC parece querer desempeñar el papel arbitral en Madrid que con tanto provecho propio jugaba en el pasado la antigua Convergència. Que pueda hacerlo no depende tan solo de su propia voluntad. Han sido varios los dirigentes de ERC que han señalado que su disposición a facilitar una investidura de Sánchez puede cambiar tras la sentencia del Tribunal Supremo. Lo que dicen, sin embargo, es que no solo su disposición puede cambiar: también puede hacerlo el valor de sus escaños.

Opinión

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La aritmética actual es casi idílica para ERC. Sus votos son decisivos para apuntalar la mayoría entre PSOE y Podemos. Si hubiese elecciones en noviembre, el valor de los votos republicanos podría desplomarse: por ejemplo, porque sumasen los tres partidos de la derecha y cambiase el color del Gobierno. Pero también si PSOE y Podemos alcanzasen por sí solos la mayoría absoluta y finalmente decidiesen alumbrar un Gobierno conjunto. Previsiblemente, los socialistas pondrían como condición para la puesta en marcha de este Gobierno que la formación de Iglesias aparcase sus postulados más cercanos al independentismo. Y ERC aprendería una lección que ya sufrió CiU en el año 2000, con la mayoría absoluta de Aznar: que 15 diputados en Madrid pueden valer su peso en oro o prácticamente nada. Depende de cómo de necesarios sean para alcanzar la mayoría parlamentaria.

Al mismo tiempo, la política catalana no solo está pendiente de cómo terminen de encajar las piezas en Madrid, sino también de los movimientos internos en Cataluña. Puigdemont, Torra y el resto del universo posconvergente se vigilan entre sí, y todos a su vez miran de reojo las aspiraciones poco disimuladas de Artur Mas, el viejo apóstol del soberanismo. Todo ello, en un contexto en el que la sentencia del Supremo obligará a la jubilación forzosa de la generación política que llevó a Cataluña al borde del abismo, aunque le temblaron las piernas en el último momento (en algún caso, las piernas solo se activaron para escapar corriendo).

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Todo en Cataluña parece estar en estado latente, a expensas de lo que ocurra con la sentencia del Tribunal Supremo. Sin embargo, es posible que sus repercusiones políticas sean más limitadas de lo que en principio pudiera pensarse. La atención mediática se centrará en la calificación penal que finalmente el tribunal considere más apropiada para la conducta de los encausados (sedición o rebelión). Pero incluso los tipos penales más benévolos (como sería la desobediencia o la malversación de fondos públicos) conllevan importantes penas de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. Esos efectos políticos de la sentencia, el relevo de esta generación política, se producirán en cualquier caso. Es más: en gran medida, puede decirse que ya se han producido.

¿Habrá otros efectos de la sentencia? Es difícil calibrar cómo serán las reacciones. Pero salvo que la severidad de las penas despierte el monstruo dormido del independentismo, lo más previsible a día de hoy es que incluso aunque la sentencia se produzca en vísperas de una nueva campaña electoral, el tema catalán no acapare la actualidad política. Como la Diada. Quién nos lo hubiese dicho hace exactamente dos años.