Begoña Gómez o cuando rectificar es confirmar

Causa rubor que Begoña Gómez, en su escrito de rectificación remitido a la dirección de El Confidencial, y Red.es, en un mero comunicado, ambos fechados el pasado 4 de abril, incurran en la torpeza de confirmar lo que tratan de desmentir. Ambos textos certifican, si fuere necesario, que no lo es, el rigor de las informaciones de este periódico, según las cuales la esposa del presidente del Gobierno apoyó con su firma y rúbrica a determinadas empresas en dos licitaciones públicas. Por otra parte, la señora Gómez ni menciona —no puede hacerlo— nada referido a sus reuniones con el consejero delegado de Air Europa, de las que se dio cuenta en este diario, ni de la que, en concreto, participó también el comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama. Callar es, igualmente, confirmar.

No siendo de aplicación ni en uno ni en otro texto el ejercicio del derecho de rectificación que se reclama, porque nada se rectifica, El Confidencial se hace eco de los mismos por su interés informativo. Es un hecho relevante y sin precedente que la mujer del presidente del Gobierno se dirija a un medio con el propósito de interpretar torcidamente un titular que fue del todo correcto y que, además, injiriéndose de manera también torpe, prescriba cómo El Confidencial debe recoger comunicaciones, aclaraciones o versiones de terceros con los que ella niega las vinculaciones empresariales que han quedado demostradas.

Los comportamientos de la señora Gómez de los que El Confidencial ha informado —y, eventualmente, informará si hay razón para ello— han sido manifiestamente inapropiados porque, por su relación conyugal, es persona de relevancia social y le es exigible una conducta escrupulosa, en este caso eludiendo su participación en el apoyo a determinadas compañías en licitaciones públicas. Hasta ahí llega la calificación de los hechos acreditados y no se avanza desde El Confidencial un paso más —tampoco, menos— porque, hasta el momento, no existen razones solventes para atribuir a la señora Gómez cualquier otra responsabilidad. Pero su condición de esposa del presidente del Gobierno no la exime, sino todo lo contrario, del escrutinio mediático porque el principio de igualdad, el de libertad de información y el de prensa, todos ellos recogidos en la Constitución, no solo habilitan a El Confidencial, sino que, incluso, le exigen informar exhaustivamente, con rigor y sin sectarismos, para cumplir con su obligación de contribuir a la transparencia en la vida pública a la que los ciudadanos tienen derecho en nuestro Estado democrático.

Las amenazas que se esgrimen, tanto en el escrito de la señora Gómez como en el comunicado de Red.es, de ejercer acciones legales contra este periódico por cumplir con su misión de informar verazmente forman parte de las nutridas presiones, directas e indirectas, que su dirección ha venido y viene soportando desde determinadas instancias de poder. En la deformada concepción, claramente reverencial, que sobre determinadas personas e instituciones ha arraigado en nuestro país, se encuentra el peligroso germen de la intolerancia y de la incontinencia intimidante. En este sentido, que la propia portavoz del Gobierno se adelante al comunicado de Red.es y anuncie que esta u otras compañías recurrirán a los tribunales para acallar a un medio de comunicación, indica el grado de privatización que las instituciones están padeciendo en la política española durante los últimos años.

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Quien debe ofrecer cumplidas explicaciones, acreditada la certeza de los hechos de los que este periódico ha informado, es la señora Gómez por sí o por persona apoderada para hacerlo. ¿Por qué se reunió con personas con conocidos intereses en decisiones favorables del Gobierno que preside su marido? ¿Cómo se financiaron sus posiciones docentes en el Instituto de Empresa, primero, y en la Universidad Complutense, después? ¿Por qué y para qué comprometió su firma en expedientes de licitación apoyando las ofertas de compañías determinadas? En vez de manipular la claridad de un titular, la señora Gómez y Red.es y todas las demás instancias implicadas en este asunto, deben responder de sus comportamientos y decisiones ante la opinión pública.

Estos criterios informativos, basados en la libertad de prensa y en el derecho a saber de los ciudadanos, junto con la seguridad de que a El Confidencial le amparan las garantías del Estado de Derecho plasmadas en la Constitución, son permanentes y su empresa editora los defenderá desde estas páginas a todo trance y, si fuere preciso, ante los tribunales por insidiosas que sean, que lo serían, reclamaciones y demandas. Y a despecho también de intimidaciones verbales, discriminación clamorosa en el acceso a la información oficial y en otros órdenes más prosaicos, pero todos ellos recursos que se están utilizando con una intención coactiva. Por fortuna, los derechos y libertades civiles han arraigado en la sociedad española, son irreversibles, y los ciudadanos y la ley constituyen las instancias últimas que dictan el veredicto al que se someten los medios de comunicación. Como escribió el 11 de marzo de 1978 Salvador de Madariaga, el gran liberal español, ante los hechos "no hay ni izquierdas ni derechas. Hay lo que hay". Este diario lo cuenta y lo seguirá contando.

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