En corrupción no fallan solo los políticos

Según el Eurobarómetro sobre corrupción, el 89% de los españoles consideran que la corrupción está muy extendida en el país. No es de extrañar, porque ha estado presente en casi todas las etapas de gobierno de la España democrática: Filesa en el gobierno de González, tres ministros de Aznar condenados, los ERE y una ministra inhabilitada en el de Zapatero, la Gurtel en el de Rajoy y Koldo/Ábalos en el de Sánchez. Hay decenas de casos de corrupción a todos los niveles de la administración de cuyo nombre ya ni nos acordamos de lo mucho que han proliferado. Ha habido corrupción en la mayoría de las provincias y en prácticamente todas las comunidades autónomas.

Cuando se intenta explicar por qué un país europeo y desarrollado como España tiene un problema tan serio de corrupción, se apunta a la Transición. La Constitución del 78 instauró un régimen en el que lo fundamental era que la transición a la democracia no descarrilara. Por eso se concentró el poder en pocas manos, las de los partidos. El resultado fue que no se impusieron los controles y garantías básicos que existen en otros sistemas, que fue algo que se dejó para después.

Ese ‘después’ no ha llegado nunca. En vez de ir progresivamente soltando lastre, los partidos políticos han hecho justo lo contrario: invadirlo todo. El pistoletazo de salida fue en los 80 durante el gobierno de Felipe González, cuando los políticos se inmiscuyeron en el poder judicial a través del CGPJ. A partir de ahí todo fue cuesta abajo. Se han hecho pequeñas cosas positivas, pero los problemas perviven sin que se tomen las medidas más básicas para limpiar el sistema. Por ejemplo, seguimos sin tener un sistema efectivo para controlar conflictos de interés con los familiares de los políticos a pesar de que el primer caso fue ya en 1989 con el hermano de Alfonso Guerra.

Cuando en un país los partidos políticos en su conjunto obstaculizan las reformas más básicas, lo lógico es que la élite reaccione. Por su proyección y formación, la élite sabe a ciencia cierta que el país está (y seguirá) pagando un coste enorme de probidad y prosperidad por esa falta de controles. Tienen medios y capacidad suficiente para fomentar e incluso forzar la reforma del sistema. Pero la élite española no ha logrado ni una sola vez que se impongan controles y garantías. Las mínimas reformas que se han hecho han venido de Europa, no de la élite.

Cuando en un país los partidos políticos en su conjunto obstaculizan las reformas más básicas, lo lógico es que la élite reaccione

Si la élite no ha tenido influencia en la limpieza del sistema es porque la mayoría asume un rol propagandístico. A puerta cerrada admiten que hay corrupción y la critican, pero en público casi todos callan. Creen que hacer como que en España todo va bien es cuestión de patriotismo y por eso cierran filas con el poder político con una disciplina férrea (incluso cuando el poder político se posiciona contra ellos, como ocurre a menudo ahora). Ese afán propagandístico es algo que también ocurre con la élite intelectual: en pleno apogeo de la Gurtel, por ejemplo, cuando la corrupción copaba todas las primeras páginas de todos los periódicos de España, en los seminarios políticos había intelectuales reputadísimos que defendían que no era para tanto. Realmente todos ellos tapan las faltas por interés propio: creen que si fuera de nuestras fronteras se enterasen de la ingente falta de control que hay en España con los fondos públicos, tanto el país como ellos (sus empresas, sus fundaciones, etc) saldrían perjudicados.

Hubo un momento entre el 2014 y el 2019, en el que una clase intelectual emergente (sobre todo centrada en Madrid) pudo haber cambiado las cosas. Era un grupo de jóvenes preparados y con transversalidad, muy focalizados en la reforma política. No era gente de relumbrón, pero todos tenían ideas y ganas. Desafortunadamente, les pudo la ambición personal: el PSOE empezó a tirar de ellos con nombramientos, le siguió el PP y a los del centro les cegó la posibilidad de conseguir esos nombramientos por sí mismos. Ahora casi todos ellos defienden (en privado e incluso a veces en público) que la ventana de oportunidad de la reforma política pasó porque ya no le interesa a nadie. Si fuesen más honestos consigo mismos, aceptarían que ellos han ayudado a cerrar esa ventana de oportunidad, porque han confirmado la percepción social de que hasta los que predican la reforma se venden a cambio de puestos.

Opinión

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En estas circunstancias, la única opción es empujar la reforma política a través de la sociedad civil. Es parte de lo que estamos intentando hacer en España Mejor y en muchas otras organizaciones. Pero la mayoría son pequeñas y/o les cuesta tener volumen social real porque no llegan a la calle. En todo caso, empujar hacia la reforma política desde la sociedad civil requiere ser plenamente conscientes de los riesgos, porque en España cuando se tocan ‘las cosas de comer’ de los políticos a menudo se empiezan a cerrar puertas y, a diferencia de la élite, la gran mayoría de la sociedad civil va sin red de protección. Por eso es tan importante lograr involucrar al mayor número de personas posibles, porque cuanta más gente haya, más se podrá proteger a todos colectivamente de esos riesgos. Es el ‘safety in numbers’ de los angloparlantes.

Lo más frustrante de todo esto es que en el fondo (si ponemos de lado la reforma del sistema electoral que es algo complejo) poner controles y garantías en el sistema político español es algo fácil. Son medidas sencillas, que se han hecho en un montón de sitios, que se pueden adaptar sin dificultad a nuestro sistema e instaurarlas no debería llevarnos más de diez o doce meses. Lograrlo desde las organizaciones de la sociedad civil requiere tiempo y considerable valentía. Si se uniesen media docena de líderes empresariales sería pan comido.