La financiación autonómica seguirá pedaleando sobre una bicicleta estática

Los propósitos que arrastró consigo el cambio de año flotan estos días sobre su casilla de salida, y, como casi siempre, muchos de esos objetivos pedalearán sobre la bicicleta estática de las decisiones que no terminan de materializarse, de aterrizar. Matricularse en el gimnasio e incluso ir, aprender idiomas, mejorar los hábitos alimenticios, dejar de fumar, incrementar las horas de sueño, recuperar el ritmo de lecturas o programar un viaje pendiente son, entre otras, las metas que invaden las conversaciones durante las primeras semanas del año, retos que, en demasiadas ocasiones, más pronto que tarde son engullidos por el verbo procrastinar.

La costumbre de postergar tareas, dejándolas para ese mañana que jamás llega, puede interpretarse como una expresión de holgazanería o, si nos atenemos a análisis más benévolos, cabe situarla en el terreno del manejo de las emociones. Hay una tercera lectura, otra forma de entender la inercia que lleva a procrastinar. Es posible traducirlo para comprender porque el bipartidismo —PSOE y PP, sin que el orden de los factores altere las consecuencias de sus actos— procrastina constantemente.

Según Fuschia Sirois, profesora de Psicología de la Universidad de Sheffield, la procrastinación no es un defecto del carácter o una maldición misteriosa que inhabilite para administrar correctamente el tiempo, sino una manera de enfrentar los estados de ánimos negativos generados por ciertas tareas, como pasa a socialistas y populares con los grandes pactos de Estado, en general, y con la reforma del sistema de financiación autonómica, en particular.

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El bipartidismo es, entre tantas cosas, pero principalmente, un grandísimo procrastinador que tiene a algunas de las principales instituciones del país, y a las comunidades autónomas, pendientes de acuerdos o reformas que acumulan lustros o décadas metidas en el garaje. Entre tantas, la reforma de la financiación autonómica es un ejemplo de procrastinar, y de libro.

Basta desandar los años para confirmar el diagnóstico con informaciones en las que se anunciaba, allá por 2007, que un grupo de expertos designados por el Gobierno del Estado y las comunidades autónomas iniciaban sus trabajos —el 23 de febrero de ese año, proclamado con solemnidad y firmeza— para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica y local. De 2007 a esta parte, en distintos momentos y circunstancias, se ha confirmado que, ahora sí, por fin, llegó la hora, dicha reforma iniciaba su camino para poner al día las reglas del juego.

Tantas veces se dijo otras tantas los titulares acabaron aplastados por los desencuentros del bipartidismo, capaz de procrastinar una y otra vez sin despeinarse ni dar explicaciones cuando la tarea quedaba nuevamente aplazada. Como suele ocurrir con otras reformas, la oportunidad de poner en contexto la financiación de los diferentes territorios lleva una eternidad pedaleando sobre una bicicleta estática. Gira pero no avanza un solo metro. Aparenta movimiento pero sigue donde la tienen hace una eternidad.

Hace apenas unos meses, después del largo y cálido verano de 2023, los socialistas, buceando en la búsqueda de alicientes que animaran a armar una mayoría de investidura, insistieron en la necesidad de fijar como prioridad la reforma tantas veces procrastinada que caducó hace nueve años, como recordó entonces María Jesús Montero, en aquellas fechas ministra de Hacienda en funciones. Hay que ponerlo en el centro del debate, dijo. No solo ella, lógicamente. A principios del último diciembre el propio presidente, Pedro Sánchez, se encargó de sumar la reforma de la financiación a la agenda que, formalmente urgente, planteó el PP.

También esta vez los propósitos de año nuevo están desapareciendo por el sumidero de los desencuentros. Otra vez la inminencia cortocircuitada por la incapacidad de poner de acuerdo al bipartidismo procrastinador; una vez más el PSOE culpando al PP de no hacer su parte y los populares acusando a los socialistas de estar a otra cosa, imposibilitando, unos y otros, los cambios que muchas regiones, entre ellas Canarias, están demandando —y necesitando, en justicia— a gritos. Otra vez la reforma al congelador. Otra vez al cajón, al trastero, a la carpeta de lo que debe ser pero siguen sin poder ser, al almacén donde PSOE y PP guardan los acuerdos aplazados.

Como es presupuestaria y financieramente lógico, a unas comunidades autónomas duele más que a otras seguir sufriendo las consecuencias de un modelo caducado e injusto, y desequilibrante. En las Islas pesa más el escepticismo que las expectativas de reforma. La aritmética parlamentaria en la que se apoya Sánchez y el eco de los precedentes arrastran, siempre por penúltima vez, a la tesis de la bicicleta estática. En Canarias se da por hecho que tampoco esta vez. Y no es plato de gusto ni para el presidente, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, ni para el vicepresidente del Gobierno regional, Manuel Domínguez, del Partido Popular.

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Lourdes Barragán

Tanto el Ejecutivo autonómico como numerosos agentes económicos y sociales creen que el archipiélago lleva demasiados años con un sistema manifiestamente mejorable y, en esa dirección, llegan a decir, como ha hecho el propio Clavijo, que las Islas se lo juegan todo en ese terreno. En un momento en que catalanes y vascos ejercen tanta presión, abrir ese melón va a ser muy complicado, como ha augurado públicamente el presidente canario.

¿Cómo compensarlo? El Gobierno canario aspira a lograrlo tirando de Presupuestos Generales del Estado. Lo que no está escrito no existe, y lo que no son cuentas son cuentos. Con ese punto de partida, en las Islas se reclamará, por los siglos de los siglos, que se condone al archipiélago la deuda atendiendo a un principio, la igualdad de condiciones, tan defendible como a la baja en la actual coyuntura política.

En juego está la salud financiera de los servicios públicos, entre otros asuntos de primer orden. Conscientes en las Islas de que también este Gobierno va a procrastinar con la reforma del sistema de financiación, Canarias propone cambiar la bicicleta estática por alternativas que mejoren su posición, en lo que llega, si es que algún día se concreta, la tantas veces aplazada modificación del marco financiero con las comunidades autónomas.