La humillación no se negocia

La humillación no se negocia, mucho menos cuando se trata de instituciones a las que alguien representa coyunturalmente. No les pertenecen y mañana ellos serán historia, como lo fueron otros ayer y como lo serán los que vendrán mañana. La humillación no se negocia cuando el objeto de burla es la dignidad de un país, la dignidad de sus instituciones conformadas por el voto libre de todos los ciudadanos, el pueblo soberano. La humillación no se negocia ni puede ser objeto de compraventa o de intercambio, nada existe en un país democrático más valioso que la defensa de los poderes del Estado y la resolución de ningún conflicto, de ningún problema por grave que pueda ser, merece la pena si el coste que conlleva es el deterioro de aquello que nos protege y nos representa.

Desde la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea existe una campaña intensa, constante y progresiva del independentismo catalán en contra de España, de la dignidad de España, y no se oye a nadie en el Gobierno en funciones que salga a defenderla, como están obligados a hacer. Como ha sucedido en otras muchas ocasiones, acaso desde el principio de la democracia, el bombardeo constante de mentiras y de manipulación por parte del nacionalismo y del separatismo catalán no encuentra una réplica simétrica de quienes tienen encomendada la defensa del Estado español, con lo que solo se acaba oyendo una voz, como si fuera la única existente. Luego se quejarán del relato, ‘ha fallado el relato’, dirán, y con ese eufemismo querrán disimular su peligrosa negligencia.

Lo que no puede ocurrir es que quienes representan a las instituciones del Estado miren para otro lado cuando les escupen

En otras ocasiones, se ha insistido aquí mismo en la necesidad imperiosa que tenemos todos de dejar de caer en las trampas de la provocación independentista. Se trata de conseguir que no nos toquen los cojones; saber ponerlos en su sitio y atribuirles la importancia precisa, sin exageraciones ni ceguera. Son expertos en eso y tendríamos que haber aprendido ya a no prestarles más atención de la debida, que es solo la que se deriva de sus actos, no de sus insultos. Que ladren ellos, los rufianes de banderita, que los demás seguiremos cabalgando, avanzando. Pero aunque esta recomendación debería extenderse a todo el mundo, lo que no puede ocurrir es que quienes representan a las instituciones del Estado miren para otro lado cuando les escupen.

El presidente de la Generalitat de Cataluña o el del Parlamento de aquella comunidad, cargos públicos que representan al Estado, no pueden decir que "España es un Estado en Europa que vulnera los derechos humanos" y que, como eso es lo que ocurrió durante el juicio del 'procés', el Tribunal Supremo debe anular la sentencia y dejar en libertad a todos los presos, porque lo exige el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

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EFE

El común de los españoles podemos, y debemos, hacer oídos sordos ante esas provocaciones, por lo que se decía antes, pero quienes defienden las instituciones no pueden permanecer callados. Pedro Sánchez, en los muchos meses que lleva de presidente en funciones, tiene tiempo para todo menos para esto; de forma inmediata, hace un hueco para recibir a un equipo de deportistas ganador de alguna competición o a un grupo de jóvenes que luchan contra alguna enfermedad. Está muy bien que hable, en nombre de España, a los soldados que están en misiones en todo el mundo y que pasarán lejos la Navidad. Pero, qué pasa, ¿acaso no es suficientemente grave lo que está ocurriendo para que encontrar otro hueco?

Cuando se ataca así el prestigio de la Justicia española en toda Europa, ¿no está justificada una comparecencia pública del presidente del Gobierno de España para salir en su defensa? No es admisible que se esconda lo única verdad de lo sucedido, la verdad literal de esa sentencia, mientras que se propaga la falsedad de que la Justicia europea ha ordenado la libertad inmediata de todos los presos independentistas.

Cuando se ataca así el prestigio de la Justicia española, ¿no está justificada una comparecencia del presidente para salir en su defensa?

Cataluña, como se ha dicho otras veces, es un callejón con salida y esa solución tiene que llegar, necesariamente, a través del diálogo, como ha planteado del PSOE, para que Esquerra Republicana abandone la unilateralidad y se avenga a negociar, de nuevo, dentro del marco constitucional. Saben muchos líderes de ERC que existe un sentimiento creciente de hastío entre quienes han venido acompañándoles durante el ‘procés’ y que, antes o después, esa será la única posibilidad de normalizar de nuevo Cataluña: pueden defender las ideas que consideren oportunas, incluyendo la modificación de la Constitución, porque es la propia Constitución la que contempla esa posibilidad, pero con el respeto escrupuloso de la ley y de las instituciones del Estado al que pertenecen.

A partir de esa aceptación, todo lo demás se puede plantear, incluyendo las peticiones de indulto para los condenados por la sedición de octubre de 2017. Pedro Sánchez, como líder del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, es el único que tiene la capacidad política para comenzar a desenredar el enorme embrollo catalán, pero se equivoca profundamente si piensa que el silencio ante los ataques a la Justicia española, a la dignidad de los poderes públicos, favorecerá el entendimiento. Y aunque lo hiciera, ese precio es inasumible para la democracia española.

Ningún acuerdo merece la pena si el resultado es que las condiciones impuestas por Esquerra suponen la descalificación del Tribunal Supremo y el desprecio de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado. La humillación no se negocia, que no. Hay una salida, pero si Esquerra no asume la derrota del 'procés', si no lo entierra definitivamente, pues nada, que sigan adelante, dando vueltas por su laberinto de mentiras, complejos y locuras. Ya se arrepentirán.