Los muertos de la corrupción andaluza

Otro muerto más. Estaba a la espera de juicio por la corrupción andaluza y ya ha dejado esta vida, sin sentarse en el banquillo. Desde que una juez de Sevilla, Mercedes Alaya, comenzó a destapar la corrupción que se acumulaba bajo las alfombras del Gobierno de la Junta de Andalucía, durante la larga hegemonía socialista, han pasado ya más de diez años y todavía están muy lejos de resolver algunas de las principales causas que se han investigado.

Ni se han resuelto ni nadie puede decir ahora cuándo habrá sentencia de los más de 170 procesos pendientes; si pasarán otros diez años y todavía quedarán juicios en lista de espera, que es una hipótesis muy factible sobre el futuro judicial que le espera a la corrupción andaluza, como bien saben los jueces y magistrados de la Audiencia de Sevilla, que, desbordados de trabajo, han empezado a tirar la toalla. Ocurre, además, que el paso del tiempo, como bien sabemos, es implacable en todos los órdenes de la vida, pero, en la Justicia, esta espiral de retrasos y dilaciones tiene efectos devastadores tanto desde el punto de vista de los ciudadanos como de los propios procesados.

Los unos y los otros, ven vulnerados sus derechos ante la falta de Justicia en casos tan graves como los de Andalucía, los primeros, los ciudadanos, porque observan perplejos cómo queda impune en muchos casos el despilfarro, el fraude o, directamente, el robo de dinero público, y los segundos porque se ven sometidos a procesos judiciales interminables que suponen una pena añadida, que vulnera todas las garantías judiciales. Mucho más en el caso de las personas que, finalmente, salgan exculpadas de los procesos en los que estaban involucrados, por falta de pruebas o por inconsistencia de las acusaciones. Todo Estado de Derecho que se precie debería contemplar como un escándalo enorme lo que está ocurriendo con la Justicia en los casos de la corrupción andaluza.

En el caso de la corrupción andaluza, ya se acerca a la veintena el número de fallecidos. El último ha sido Ángel Ojeda

De todos los aspectos apuntados, con quien se muestra más implacable el paso del tiempo es con la propia vida: la muerte de testigos fundamentales o de los cabecillas de las organizaciones elimina cualquier posibilidad de esclarecimiento de los hechos investigados. En el caso de la corrupción andaluza, ya se acerca a la veintena el número de fallecidos. El último ha sido Ángel Ojeda, que, a juicio de Policía y Guardia Civil, fue uno de los principales organizadores del saqueo de las arcas públicas de la Junta de Andalucía: el de los cursos de formación para desempleados.

Una de las últimas noticias que se tuvieron de la investigación de esta macrocausa se remonta a hace tres años, en noviembre de 2018, lo cual nos ofrece ya una muestra clara de la lentitud del procedimiento. Lo que se supo entonces, a juicio de la UDEF, es que el fallecido se había apropiado, directamente, de casi cuatro millones de euros de fondos destinados al pago de profesores para los cursos de formación. Según la Policía, se justificaron con facturas falsas y nunca llegaron a su destino, la formación profesional de parados en la región con más paro de Europa.

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Pero esos cuatro millones significaban solo una pequeña parte de este proceso: según los investigadores, el holding societario que constituyó Ángel Ojeda captó y gestionó entre 2008 y 2013, es decir en los años más duros de la crisis económica, un total de 52,6 millones de euros a través de fundaciones, asociaciones y varias sociedades mercantiles.

Ojeda era uno de los supuestos ‘cerebros’ de la corrupción andaluza, de la misma forma que lo era Francisco Javier Guerrero, también fallecido, la pieza central del fraude de los ERE, la persona que estuvo al frente de la Dirección General de Trabajo en la primera década de este siglo, cuando se repartieron sin control alguno casi 700 millones de euros. Fue Guerrero el primero que confesó lo que estaba ocurriendo, cuando le contó a la juez Alaya que la Junta de Andalucía había creado un fondo opaco, un ‘fondo de reptiles’, que les permitía utilizar cientos de millones de euros a su antojo, con absoluta arbitrariedad, para engrasar la red clientelar del partido o para enriquecer a unos pocos.

¿Tienen los jueces y magistrados de Sevilla la culpa de este inmenso caos, de consecuencias imprevisibles, pero fácilmente imaginables?

En octubre del año pasado, el ex director general de Trabajo murió, a los 63 años, de un infarto en su domicilio, porque, aunque en su caso acumulaba dos condenas que sumaban una pena de trece años de cárcel, estaba en libertad, pendiente de que se pronunciara el Tribunal Supremo. Eso ocurrió, como queda dicho, hace dos años, y todavía hoy el Supremo no se ha pronunciado… Mucho antes, en enero de 2016, murió un exconcejal del PSOE de la Sierra Norte de Sevilla, José Enrique Rosendo, al que también se señalaba como ‘jefe’ de una trama de corrupción a través de sus empresas, que recibieron 34 millones de euros.

En esas tres piezas cuyos principales responsables penales ya han muerto -los ERE, los cursos de Formación y las empresas de la Sierra Norte- también están imputados decenas de beneficiarios que, muchos de ellos, en torno a quince personas, igualmente han fallecido por causas naturales, aunque también se encuentra el caso de un falso prejubilado que fue asesinado. Incluso habría que incluir entre los fallecidos a José María Ruiz Mateos, que fue citado a declarar por Alaya en 2014, en calidad de imputado por el fraude de los ERE, pero nunca llegó a comparecer por su delicado estado de salud. Murió un año más tarde, en 2015.

¿Tienen los jueces y magistrados de Sevilla la culpa de este inmenso caos, de consecuencias imprevisibles, pero fácilmente imaginables? Todo lo contrario. Obviamente, habrá casos concretos en los que la mala o negligente actuación de jueces o magistrados es la causa de los retrasos judiciales, pero en España esa no es, ni mucho menos, la regla, sino la excepción. En el caso de la corrupción andaluza, se puede ver con claridad. Desde hace años, casi desde el principio de la instrucción, jueces y magistrados están advirtiendo de lo que iba a ocurrir: se han convocado protestas, se han firmado escritos de denuncia, se han forzado inspecciones del propio Consejo del Poder Judicial y, tras constatar el colapso y la falta de personal y de medios, todo ha seguido igual.

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De modo, que los magistrados de la Audiencia de Sevilla siguen marchándose antes de enfermar por la sobrecarga de trabajo, muy superior a la media española y, por supuesto, a la europea. En el último año, tres magistrados de la Audiencia de Sevilla, donde recaen las macrocausas, han pedido su traslado a un juzgado de inferior rango, que es algo excepcional -el último caso, esta misma semana-, y otros dos se han prejubilado inesperadamente, hasta diez años antes de agotar el límite legal para seguir ejerciendo. Entre la precariedad de medios en muchos tribunales y el anacrónico sistema procesal español, que hace recaer toda la instrucción sobre una sola persona -la propia Mercedes Alaya acabó enfermando-, la Justicia española agoniza. Los muertos de la corrupción andaluza son ya fantasmas que sirven de testigos de este enorme dislate.