Este Gobierno no se rompe

No ocurrirá. La crisis de Gobierno que venga será para intentar consolidar el Ejecutivo de Pedro Sánchez y fortalecerlo políticamente para que dure hasta las elecciones generales, que se mantendrán a finales del año que viene, cuando expire la legislatura. El Gobierno no se rompe, que no, y quienes lo sostienen en la oposición solo tendrían que repasar las muchas ocasiones en las que han errado en ese mismo diagnóstico a lo largo de esta legislatura. Pensar que ahora, en el último tramo, el presidente del Gobierno va a programar la voladura del Consejo de Ministras y Ministros es persistir en el error.

Las razones estratégicas que se han impuesto desde el principio para mantener la coalición de gobierno se mantienen intactas, dicho sea con independencia de que se pueda pensar incluso dentro del propio PSOE que el líder socialista se equivoca y que, de esa forma, no conseguirá revalidar la victoria en las elecciones. O que perjudica seriamente los intereses electorales de quienes se enfrentarán antes que él a las urnas, en las elecciones municipales y autonómicas de mayo próximo. La ejecutiva socialista piensa lo contrario y, por esa razón, debemos descartar que este Gobierno se rompa. “¿Romper? ¿Por qué? ¿Para qué?”, resumía ayer un dirigente socialista. Al PSOE de Pedro Sánchez no le concuerda ni con los objetivos, ni con la estrategia, ni con el discurso. No ocurrirá. Así que veamos.

Opinión

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La primera distorsión en la que se incurre cuando se menciona la posibilidad de que el PSOE rompa el pacto de gobierno es que se piensa que la preocupación actual de los socialistas es la consolidación o un nuevo auge de las fuerzas políticas que están a su izquierda. Resulta que la inquietud es justo la contraria, que el bloque que logró aglutinar Unidas Podemos pueda desmoronarse. Esa es la diferencia fundamental, por ejemplo, de la ejecutiva federal con respecto a algunos de los dirigentes socialistas que son críticos, entre ellos los presidentes autonómicos de Aragón, Castilla-La Mancha y, en mucha menor medida, de Extremadura. Todos ellos sostienen que el PSOE tendría que deshacerse o marcar distancia con sus actuales socios parlamentarios porque son “las compañías”, como las llaman, las que les impiden crecer en las encuestas.

El castellanomanchego García-Page ha llegado a decir, incluso, que sin esas compañías el PSOE volvería a subir hasta el 40% de los votos en España. Si tienen razón o no, ya se verá en las elecciones generales, pero el diagnóstico de la ejecutiva federal es el contrario, que el tiempo de las mayorías absolutas no ha regresado a la política española, aunque se haya acentuado de nuevo el bipartidismo, y que, por eso, se debe mimar y consolidar la mayoría parlamentaria actual que, como se ha demostrado en esta legislatura, es la que ha permitido avanzar en la agenda legislativa prevista y aprobar todos los presupuestos presentados.

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De esa creencia surge la preocupación por el desmoronamiento de Unidas Podemos y, por extensión, de la oferta política que se aglutina a la izquierda del PSOE. De la misma forma que, a la derecha, se contempla con normalidad un acuerdo con la extrema derecha de Vox en el caso de necesitarla para gobernar, en el PSOE se considera que para seguir sumando una mayoría de izquierdas en el Congreso deberá hacerse con los socios actuales, incluyendo a los independentistas catalanes y a los herederos del brazo político de ETA en el País Vasco. ¿Esa estrategia es jugar con fuego y el PSOE puede acabar achicharrándose? Los discrepantes dentro de ese partido es lo que sostienen, que esos acuerdos los abocan a un suicidio colectivo, pero en el entorno de Pedro Sánchez se niega y, como queda dicho, se pone esta legislatura como ejemplo de normalización progresiva. Ni a los indultos ni a la reforma de la sedición se les concede una importancia capital en el electorado de izquierdas, sobre todo tan lejos como quedarán de las elecciones generales.

Más allá de esa interpretación del momento político, otros dos aspectos anulan toda posibilidad de una ruptura del Gobierno de coalición. La más evidente es la hipotética salida del Consejo de Ministras y Ministros de la titular de Igualdad, Irene Montero, por el fiasco de la conocida ley del solo sí es sí. Como se habrá apreciado, el PSOE ha cambiado en cuestión de días su discurso al respecto: la primera reacción fue admitir los fallos de la ley y la necesidad de reformarla, pero, ante el enfado y el malestar de Podemos, que denunció una cacería contra la ministra Irene Montero, el propio Pedro Sánchez fue el que se apresuró, desde Bali, a decir que la ley es “una gran conquista del feminismo, una ley de vanguardia que inspirará a muchas otras en el mundo”. A partir de ahí, la Fiscalía General del Estado ha comenzado a elaborar unos criterios generales para intentar taponar el goteo de excarcelaciones, más alarmantes que significativas, a la espera de que se calme la tensión política. En la pugna permanente por exhibir la bandera feminista, se consideraría un error de bulto cualquier operación de acoso a Irene Montero que la convierta en víctima de la lucha feminista.

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En todo caso, igual que se decía anteriormente, otra cuestión distinta es que la defensa de Irene Montero pueda beneficiar al PSOE en sus expectativas electorales y, además, que el fundador de Podemos, Pablo Iglesias, no intente aprovechar la situación, ahora o más adelante, para alancear al PSOE y a su líder, Pedro Sánchez, del que ya dijo hace poco que “no hay nada más imprudente que fiarse del presidente del Gobierno”. De todas formas, y esta es la última razón por la que se descarta plenamente una ruptura del Gobierno tripartito, lo que seguirá intentando Sánchez es un periodo mínimo de estabilidad en esta legislatura. Eso es lo que el presidente del Gobierno está buscando desde el principio de la legislatura, cuando la pandemia lo borró todo: un horizonte de estabilidad que le permita centrar el debate político en la gestión, en los avances económicos y sociales que, según dicen, han quedado eclipsados por diferentes y continuas interferencias externas, de toda naturaleza. Con lo cual, no va a ser el presidente del Gobierno quien, al final del mandato, propicie una nueva fase de inestabilidad política, provocando la voladura anticipada del pacto de gobierno. Así que no, no ocurrirá. Este Gobierno no se rompe.