La obligada catarsis del Poder Judicial

La monumental crisis de identidad y de prestigio en que ha entrado el Poder Judicial en España solo tiene una salida: una catarsis general. Limpieza, saneamiento, purga, reconsideración de todo lo que se ha pervertido y contaminado. Vuelta a empezar, a los orígenes de este conflicto que la cerril y corrosiva confrontación de los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, ha elevado a la mayor crisis institucional que conocemos por el enfrentamiento abierto entre los principales poderes del Estado. Y remárquese bien esto último, la referencia proporcional a la culpabilidad de socialistas y populares en la gravedad de la crisis, porque ahora, en estos momentos, lo que menos debe importarnos es quién es más responsable de los dos, quién es el mayor causante del despropósito. Todo eso ya está visto y cada cual tendrá decididas sus determinaciones al respecto, en quién confiar y de quién renegar.

Alejémonos de la disputa partidista, por favor, para mostrarnos preocupados solo por aquello que nos afecta a todos por igual, como ciudadanos de una democracia que ha comenzado a tambalearse porque se ha resquebrajado el obligado y necesario equilibrio entre los tres poderes del Estado. Una crisis en la cúpula de nuestra arquitectura democrática por la falta de respeto y la intromisión de los poderes políticos, el legislativo y el ejecutivo, en el poder judicial. Centrémonos en lo fundamental: la catarsis es la única posibilidad de progreso y de mejora que nos brinda este choque de trenes inédito en el casi medio siglo de democracia que llevamos.

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Para volver al origen de este enfrentamiento y poder comenzar de nuevo, primero tendríamos que precisar dónde está el origen. A mi juicio, el inicio de la perversión política del poder judicial debe situarse el 29 de julio de 1986, cuando el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre la ley orgánica que, un año antes, había aprobado el primer Gobierno socialista de Felipe González para regular que los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial fueran elegidos por las Cortes, tanto el Senado como el Congreso de los Diputados. Resulta del máximo interés repasar ahora aquella sentencia, en medio de este conflicto, para refrescar algunos conceptos y dejar al descubierto algunas interpretaciones sesgadas o ignorantes. Aquel Tribunal Constitucional, por cierto, estaba presidido por Francisco Tomás y Valiente, un eminente jurista e historiador, amigo personal de Felipe González, vinculado al Partido Socialista, que, 10 años después de dictar esta sentencia sobre el Poder Judicial, fue vilmente asesinado a tiros por la banda terrorista ETA. Quede dicho, simplemente, para recordarnos una vez más los sacrificios, las penalidades y el dolor que ha costado construir la democracia española… No lo olvidemos nunca.

La sentencia referida de 1986 del Tribunal Constitucional le daba la razón al Gobierno de Felipe González y autorizó, como una fórmula plenamente legal, que fueran el Congreso y el Senado quienes eligieran a los vocales del Poder Judicial, al considerar que era la propia Constitución la que facilitaba esta fórmula al establecer literalmente que esos vocales fueran elegidos “entre jueces y magistrados”, en vez de haber dicho que fueran elegidos por los jueces y magistrados, en cuyo caso estaba claro que se referían a una votación entre todos ellos.

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No obstante, la sentencia de aquel Tribunal Constitucional que presidía Tomás y Valiente era un canto a la independencia del poder judicial y, por esa razón, distinguía bien entre la labor de los jueces y magistrados, intocables en su jurisdicción, y la labor del Consejo General del Poder Judicial que, según entendía, no debe ser considerado un órgano de representación de los jueces, sino el encargado de velar por la independencia judicial y el buen funcionamiento de la Justicia. “La verdadera garantía de que el Consejo cumpla el papel que le ha sido asignado por la Constitución en defensa de la independencia judicial no consiste en que sea el órgano de autogobierno de los jueces, sino en que ocupe una posición autónoma y no subordinada a los demás poderes públicos”. Por eso, esa misma sentencia se reafirmaba en la necesidad imperiosa de que los vocales no reprodujeran las mayorías parlamentarias de las cámaras, sino que se eligiera por una amplísima mayoría de tres quintos a personas de gran prestigio profesional, alejadas de la lucha partidista.

Los partidos se olvidaron de la importancia del Poder Judicial y comenzaron a tratarlo como un apéndice del Congreso y del Senado

Lo que ocurrió con el paso de los años es lo que la propia sentencia advertía que podía pasar, que los partidos mayoritarios se olvidaran completamente de la importancia del Poder Judicial y comenzaran a tratarlo, con la complicidad de algunas asociaciones judiciales, como un apéndice del Congreso y del Senado. “Se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada (…) si se distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de estos”, decía la sentencia y ahí está, por lo tanto, el origen de este conflicto, el punto de partida al que es necesario volver. La catarsis que se necesita tiene que retroceder hacia ese punto de respeto del Poder Judicial que han perdido las dos fuerzas políticas mayoritarias y, como ninguna de ellas estará plenamente interesada en acabar con el manoseo y la intromisión de que gozan en la actualidad, tendrían que ser los propios jueces, además de juristas y profesionales, quienes impulsen esa regeneración imprescindible.

Es posible pensar en un gran acuerdo político que comience a gestarse fuera de la actual clase política, protagonizado por exdirigentes de varias tendencias políticas y exmagistrados de distintos tribunales que están viviendo con espanto esta crisis institucional. Se trata de redefinir las competencias del Consejo General del Poder Judicial, para alejarlo de las tentación de teledirigir las principales salas del Tribunal Supremo, integrado jueces, magistrados y juristas independientes, dentro de la ideología de cada cual, que debe ser diversa, pero que no se comportan como disciplinados militantes. Un Consejo General del Poder Judicial “autónomo y no subordinado a los demás poderes públicos”, centrado exclusivamente en la mejora del funcionamiento de la Justicia en España. Si el choque de trenes tiene alguna ventaja, solo podemos confiar en que sirva de catarsis. Todo lo demás está a la vista: vergüenza, desprestigio, incertidumbre y abatimiento.