El terrorismo en la revuelta catalana

En España, sabemos distinguir bien qué es terrorismo. En los primeros meses del año, cuando aún se debatían los límites de la ley de amnistía, el presidente Pedro Sánchez utilizó un argumento incuestionable, lleno de sentido común, sobre la verdadera naturaleza del terrorismo. Al menos, en apariencia. “Los españoles -dijo Pedro Sánchez- sabemos bien qué es terrorismo. Hace 13 años que la democracia española venció al terrorismo. Eso no tiene nada que ver con la ley de amnistía que pretende superar las consecuencias judiciales del error que cometieron. El independentismo utilizó estrategias reprobables, pero eso no es terrorismo”.

De los muchos eslóganes y campañas lanzadas por el líder socialista, muchas de ellas de una gran eficacia para conseguir los objetivos que se proponen, aunque se sustenten en falsedades o insidias, esa explicación sencilla sobre los delitos de terrorismo ha debido ser una de las mejores. Porque es verdad, como decía el presidente Sánchez, que todos los españoles de más de cuarenta años guardan en su mente el horror de los años de ETA, el sobresalto de tantas mañanas cuando se interrumpían los informativos para dar noticias de un coche bomba, las imágenes sobrecogedoras de unos cadáveres sobre la acera, empapados en sangre, la impotencia de las manifestaciones de repulsa y la sonrisa burlona de quienes cobijaban a los asesinos. Claro que los españoles sabemos bien cómo fue el terrorismo vasco de ETA y, por supuesto, que no se puede comparar en nada con lo ocurrido durante la revuelta independentista, de octubre de 2017, cuando la celebración del referéndum ilegal y la declaración de independencia, y en adelante, tras retomar las movilizaciones en octubre de 2019 para protestar por la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo. No tienen nada que ver, por supuesto, pero la trampa dialéctica que tendió entonces Sánchez ocultaba que una acción violenta puede ser considerada como un delito de terrorismo sin que en la acera haya un cadáver o que una bomba lapa destroce a un empresario, como hacía ETA.

El archivo del caso Tsunami Democràtic nos va a privar a todos de poder profundizar en el debate sobre el terrorismo, el concepto penal de terrorismo que se utiliza en la actualidad, y dejar al descubierto este último victimismo del independentismo catalán, secundado por tantos en Cataluña y por el propio Gobierno español de Pedro Sánchez, a partir de que convirtió en socio prioritario a quien, unos años antes, prometía poner ante la Justicia. “Todos sabemos qué es terrorismo y qué no lo es”, repitió también Marlaska, como tantos otros portavoces, con el agravante de que el actual ministro del Interior era magistrado antes de incorporarse a la política activa. En fin…

Los actos de Tsunami Democràtic que acabaron en la Audiencia Nacional se produjeron cuando los independentistas decidieron organizar una campaña contundente de movilizaciones, que comenzó con el asalto y paralización del aeropuerto de El Prat, el corte de la AP-7 para bloquear la comunicación por carretera con Francia en la Jonquera y el corte de los principales accesos a Barcelona. ¿Hubo muertos? Una persona murió, en efecto, un ciudadano francés de 64 años, Jean-Claude Scherzinger, que padecía una cardiopatía isquémica crónica y falleció por un ataque al corazón, cuando se encontraba en medio de monumental tumulto del aeropuerto. La hija del fallecido siempre ha dicho que, en circunstancias normales, su padre no hubiera muerto, pero, sea como fuere, es evidente que no se trató de un asesinato como los que perpetraba ETA.

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No podemos caer en la gran distorsión de este debate, que consiste en vincular el terrorismo exclusivamente con los asesinatos. En febrero de 2019, es decir varios meses antes de Tsunami, se aprobó en España la modificación del delito de terrorismo que figura en el Código Penal, artículo 573, para adaptarlo a la nueva redacción del Derecho de la Unión Europea, como sucede con toda la normativa comunitaria que se acaba trasladando (trasponiendo) a la legislación nacional. Conviene prestar atención a lo que entiende la UE sobre qué es terrorismo. Dice así: “Según el Derecho de la Unión, los delitos de terrorismo son actos cometidos con la intención de intimidar gravemente a una población; obligar indebidamente a los poderes públicos o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo; desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas, constitucionales, económicas o sociales básicas de un país o de una organización internacional”. Siguiendo esa literalidad, queda claro que, no solo los actos de Tsunami Democràtic, sino otros muchos del proceso independentista, podrían encajar en esa definición que protege, con la misma contundencia, el propósito de desestabilizar el orden constitucional de un país.

Un día. El retraso de un día en la firma de una prórroga es lo que ha impedido que el caso del Tsunami Democràtic pueda seguir adelante. Del porqué de ese retraso burocrático, por parte del juez García Castellón, que invalida buena parte de la investigación y conduce el caso al archivo definitivo, nada sabemos. Podemos presumir que, como sucede en tantas instancias judiciales, la sobrecarga de trabajo ha podido ser determinante, o quizá un error humano, del que nadie está exento en esta vida. La cuestión es que cuando sucede algo así, y se esfuma la responsabilidad de unos hechos tan graves, merecemos, como ciudadanos, más explicaciones que las ofrecidas hasta ahora y, en su caso, adoptar las medidas legislativas necesarias para que algo así no vuelva a suceder. Porque supone un escándalo mayúsculo, una grieta evidente del sistema jurídico español, y porque ahora lo que tendremos que soportar es el pavoneo insufrible de quienes, en otra campaña de falsedad, empiecen a proclamar que ha quedado demostrado que en la revuelta catalana nunca hubo terrorismo.