Derecho a no declarar y deber de contestar

El presidente del Gobierno tiene derecho a no declarar, un derecho reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, pero al mismo tiempo tiene el deber de contestar, un deber político que se le exige a un líder como él. No se trata de situaciones incompatibles, aunque sea la opacidad del presidente socialista la que ha conducido la actividad privada de su esposa al callejón judicial en el que se encuentra. La opacidad, combinada con la agresividad dialéctica desplegada por Sánchez, y amplificada el coro de voces que le acompaña, para desprestigiar al juez que instruye el caso. Ya sabemos que en un proceso judicial como este siempre pueden existir elementos colaterales indeseables, como veremos luego de las acusaciones populares, que exageran y ensucian todo lo que tocan, pero nada de ello interfiere en la obligación de dar explicaciones que ha eludido el presidente Sánchez, cegado por la soberbia de quien se cree intocable.

Una vez más conviene repetirlo: ni Pedro Sánchez ni su mujer están condenados por nada, ni ningún tribunal ha dictado sentencia sobre la corrupción de la Moncloa, pero solo los hooligans que aclaman al Gobierno son incapaces de admitir que lo ocurrido no es normal. La forma de actuar de Begoña Gómez desde que llegó a la Moncloa constituye, por lo menos, un comportamiento temerario, nunca visto en el medio siglo de democracia española, por parte de todas las parejas que han compartido colchón en la sede presidencial.

El derecho a no declarar contra su esposa está recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de forma clara y expresa, en el artículo 416, cuando se extiende esa dispensa a casi toda la familia, padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos. Por lo tanto, nada se le debe reprochar al presidente del Gobierno por comunicar que se acoge a ese derecho, de la misma forma que hizo su esposa cuando se negó a responder a las preguntas del juez cuando fue citada en calidad de investigada. Otra consideración distinta merece el hecho en sí mismo de que se nieguen explicaciones ante el juez y el motivo que se aduce para hacerlo. Quiere decirse que la justificación universal de que Begoña Gómez es “completamente inocente”, como se ha repetido desde el principio, solo cobra valor cuando, llegado el momento, uno es capaz de desmontar, con datos y documentos, todas las sospechas y acusaciones, por insidiosas que puedan considerarse.

Lo que ha pasado en este caso es justo lo contrario, silencio y agresividad contra quien se atreva a pedir explicaciones. Los ataques contra la prensa se trasladaron posteriormente al juez. Atacar, presionar, insultar, como medio de defensa; esa es la consigna. “¡Begoña es inocente y punto, coño!”, parecen decir todos cuando afirman que la instrucción del juez “no es una causa judicial, es una causa política alimentada por la derecha y la ultraderecha con el objetivo de atacar al presidente y su familia, y erosionar al Gobierno progresista”, como dijo la propia portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la misma rueda de prensa del Palacio de la Moncloa en la que se dan a conocer las decisiones del Consejo de Ministros. Si el comportamiento de Begoña Gómez merece el calificativo político de “temerario”, estas declaraciones constituyen “ataques furibundos que exceden de lo asumible en una democracia plena, donde debe existir un respeto a la independencia judicial y a las actuaciones de los jueces”, como señala la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la carrera, en su carta de protesta a la presidenta de la Comisión Europea.

La ceguera de Pedro Sánchez es su soberbia, como queda dicho, y eso es lo que le hace tropezar en este conflicto desde el principio. Desde el primer instante, su deber político era contestar, comparecer, dar explicaciones. Pero no. Quiso despreciar las informaciones que ofrecía El Confidencial y no se quiere dar cuenta de que esas informaciones constituyen hoy los cimientos fundamentales de la investigación judicial. Acaso pensó que le bastaba con el insulto cobarde de que solo eran “tres recortes de prensa de un tabloide digital”; insulto cobarde porque no se ha atrevido nunca a mencionar por su nombre a quien pretendía ofender. La cuestión es que lo publicado aquí sobre la actividad privada de Begoña Gómez se ha convertido ya en las principales líneas de la investigación judicial, tanto de lo que instruye el juez Juan Carlos Peinado en Madrid como de lo que analiza la Fiscalía Europea en Bruselas.

No se trata de hechos ambiguos, ni de una investigación universal y prospectiva, en la que no hay nada claro y el juez va buscando delitos… Eso es lo que dicen, pero los hechos conocidos por este periódico se refieren a dos episodios concretos de la vida privada de Begoña Gómez desde que llegó a la Moncloa, en el verano de 2018: sus relaciones con el empresario Juan Carlos Barrabés y con el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, que acabaron en un máster que ella dirige, la única que lo hace sin ser catedrática, y en las subvenciones públicas que apoyó con cartas firmadas por ella. Todo eso se publicó en El Confidencial y los afectados lo han ratificado ante el juez con datos precisos y detalles relevantes que se desconocían.

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Todo lo anterior, esa estrategia ofensiva del presidente, lo único que necesita para legitimarse políticamente es la existencia de unos adversarios que acepten encantados chapotear en el fango que les proponen, como le gusta decir a Pedro Sánchez. No será necesario insistir en la necesidad que tiene el PSOE de seguir contando con los excesos de la extrema derecha, porque se trata de algo conocido y, porque como bien saben ambos, solo con esa confrontación visceral y desmedida consiguen retroalimentarse ideológicamente. Es lo que decía aquí mismo Javier Lambán, secretario general del PSOE de Aragón: “La existencia de Vox, y la agitación de su fantasma, ha sido mano de santo para el Partido Socialista y una maldición para el Partido Popular”.

Sabemos que el riesgo de contaminación existe y, por ese motivo, tenemos que tener los dedos cruzados para que la acusación popular de Vox no suponga en este proceso una bendición para Pedro Sánchez y Begoña Gómez y una maldición para la investigación judicial. También debería tenerlo en cuenta el juez, cuando atiende o desestima las peticiones de la acusación popular. Que dejen el fango para los mítines, no para los tribunales.