¿El fiscal general? Ahí hay mano peluda

Nada más sorprendente en el escándalo de la Fiscalía General del Estado que las milicias profesionales que han alistado para combatir en primera línea bajo su bandera. Conviene destacarlo porque, aunque todos los días se desborda en España el límite de los escándalos políticos conocidos, merece la pena subrayar cómo fiscal general del Estado ha pasado a ser uno más de la estrategia defensiva del Gobierno de Pedro Sánchez. Un escándalo más para el que le presta toda su maquinaria, toda a su servicio, desde los asesores de la Moncloa hasta las terminales mediáticas que se alimentan de publicidad institucional, pasando por la Abogacía del Estado y replicantes de todos los ámbitos. En este tiempo de desmesuras, puede pasar desapercibido porque toda reiteración provoca inevitablemente la normalización de aquello que tanto nos sorprendió la primera vez.

Aun así, conviene detenerse un instante para frotarnos los ojos y recordar que en todo el periodo democrático jamás ha existido una etapa como esta; que es verdad que en la Fiscalía General siempre ha habido nombramientos de profesionales próximos a los distintos Gobiernos, pero a todos ellos se les reconocía, incluso por sus oponentes, un gran prestigio profesional. Hasta que comenzó la deriva con Dolores Delgado y se hundió en el pozo del servilismo con este hombre, Álvaro García Ortiz. Un fiscal general del Estado acusado de revelar secretos para fabricar “un relato” que beneficiara al presidente socialista que le nombró. Un fiscal general que, en vez de aportar pruebas de la inocencia que defiende, cambió de teléfono y desaparecieron todos los mensajes de los días en los que pudo cometer el delito del que le acusan. Entonces, ¿el fiscal general, que tiene como misión “promover la acción de laJusticia”, puede acabar acusado de obstruir la labor de la Justicia? Pues sí, sí, por eso hay que restregarse los ojos y repetirnos que esto es lo que está pasando.

Lo que se apuntaba antes, sobre cómo el Gobierno ha puesto a disposición del acusado Álvaro García Ortiz toda la maquinaria de defensa disponible, se constata fácilmente cuando analizamos la estrategia de defensa que se utiliza. Siempre se repiten los mismos patrones y hasta las mismas expresiones, utilizadas por las mismas personas. En este punto, un paréntesis: de todos los que salen en tromba en defensa de García Ortiz, el grupo más numeroso lo conforman aquellos que llevan incluido en la nómina la inmolación pública en el caso de que sea necesario. Ministros, consejeros, cuadros orgánicos, jefes de prensa… A su lado siempre surgen replicantes profesionales de distintas ramas, sobre todo de la jurídica, y, por supuesto, periodistas que trabajan para medios de comunicación que, sin la respiración asistida de la publicidad institucional, se asfixiarían.

En este último apartado es donde estamos presenciando más fogosidad, curiosamente. Estremece ver estos días cómo hay periodistas que no sólo colaboran activamente en la difusión de las estrategias de defensa del Gobierno, sino que estarían dispuestos a ‘autoinculparse’ si así pudieran salvar al fiscal general del Estado de las acusaciones de revelación de secretos. Impresionante. Cabría sugerir prudencia profesional y dignidad personal o, por lo menos, disimulo, que es algo que contaría con el respaldo de todos los códigos deontológicos del periodismo. Cláusula de conciencia, se llama. Artículo 3 de la Ley Orgánica 2/1997, de 19 de junio: “Los profesionales de la información podrán negarse, motivadamente, a participar en la elaboración de informaciones contrarias a los principios éticos de la comunicación, sin que ello pueda suponer sanción o perjuicio”. En esas andamos. Paréntesis cerrado.

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Volvamos a la estrategia repetida. Para defender a Begoña Gómez, a los pocos días de aparecer su nombre relacionado con el del Víctor de Aldama, “nexo corruptor” del caso Koldo, se puso en marcha una estrategia de defensa que consistía en la búsqueda de un escándalo paralelo que afectara a la pareja sentimental de alguien del Partido Popular. En la estrategia de defensa del fiscal general se ha optado por lo mismo, alguien opuesto al que trasladar el delito. Por eso, acusan al jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, de ser él quien comenzó la revelación de secretos. Un magistrado del cuarto turno, a propuesta del PSOE, ha escrito estos días en sus redes sociales que, en realidad, al fiscal general no se le puede acusar de nada porque fue Miguel Ángel Rodríguez el que rompió el derecho a la privacidad del novio de Ayuso, al filtrar una parte de sus correos con la Fiscalía. Es decir, que cuando el fiscal general del Estado filtró los mails, esa documentación ya había dejado de ser materia reservada.

Sucede, sin embargo, que de lo que habla el Código Penal, al establecer ese delito, artículo 417, es exclusivamente de “la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados” y añade un agravante “si se tratara de secretos de un particular”, que es algo muy distinto del comportamiento, aunque sea reprochable, del novio de Ayuso o de su entorno. Cada cual con lo suyo. Si el fiscal general filtró unos correos sin autorización del particular, el novio de Ayuso, se metió en serio problema. Lo de Miguel Ángel Rodríguez es otra historia, que habrá a quien le agrade y a quien le enerve. Pero es otra historia; en medio de toda la bronca, como suele.

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Todo lo anterior, en cualquier caso, nos conduciría a un interesante debate jurídico sobre los límites de la privacidad si no fuera porque hay más, bastante más. En este caso, existe una enorme variedad de detalles incriminatorios en el comportamiento del fiscal, empezando por el acoso inicial a los fiscales del fraude a Hacienda y terminando con la mentira obscena del borrado del móvil por un supuesto protocolo de seguridad que no existe. Sólo nos faltaba el episodio oscuro de los misteriosos robos en los domicilios de personas del entorno del novio de Díaz Ayuso, tres enmascarados con un mismo objetivo: hacerse con ordenadores y dispositivos en los que pudiera haber alguna información. ¡Mano peluda!

La expresión la utilizó en una ocasión un expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, fallecido ayer. Un viejo colega, Joaquín Caro, lo entrevistó en una ocasión y le preguntó por unas denuncias sobre un proceso electoral en el país. “Bueno… Ahí hubo mano peluda”, le contestó. El tipo no dijo más. Al cabo de los años, también Funes fue condenado por corrupción y se refugió en Nicaragua, donde falleció ayer. Al ver el obituario, mi colega se ha acordado de la frase, que viene bien para la ocasión. Con lo que sabemos, y aún con lo que desconocemos, podemos resumir lo de García Ortiz de la misma enigmática forma: “¿El fiscal general? Ahí hay mano peluda”.