La oferta de un nuevo Estatut abre un boquete en el frente independentista

El bloque independentista ya no solo está fracturado —un asunto que viene de lejos— sino que la nueva estrategia del Gobierno Sánchez, que ha propuesto negociar un nuevo Estatut “votado por los catalanes”, amenaza con provocar una auténtica guerra civil. Y el episodio de este miércoles, que ha obligado al presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC), a suspender el pleno de la cámara, no es más que el aperitivo de lo que se ya se deja ver en el horizonte.

El lanzamiento de un partido-movimiento por parte de Carles Puigdemont para superar “instrumentos caducos” —la Crida Nacional per la República— ha contribuido de forma significativa a alimentar este clima de ruptura, que, en realidad, esconde una lucha por la hegemonía del soberanismo, y que, de forma cada vez menos soterrada, mantienen Junts per Catalunya (JxCAT) y ERC, los republicanos de Oriol Junqueras, ahora en prisión. Y que irá creciendo en la medida en que se vayan aproximando las municipales de mayo de 2019, como ha explicado en este diario Joan Tapia.

No se trata de una guerra civil con dos bandos enfrentados. Existen, al menos, tres contendientes en la batalla, y algunos más, incluso, dentro de las filas de ambos partidos, donde la unidad deja mucho que desear.

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El sector más intransigente es el representado por la ANC (Asamblea Nacional de Cataluña), los CDR (comités de defensa de la república) y, sobre todo, el huido Puigdemont, que intenta montar un movimiento (más que un partido) a la manera del partido nacionalista escocés o, incluso, del Partido Nacionalista Vasco (PNV). Algo que supondría un duro golpe para unas siglas históricas como las que representa la Esquerra Republicana de Macià o Companys. Y que tendría como única bandera la proclamación de la república catalana.

El objetivo es mantener sine díe el pulso con el Estado sin entrar en ninguna negociación de fondo, más allá de mantener el control de la Generalitat y lo que ello supone en términos administrativos. Por ejemplo, enviando un funcionario de bajo rango al Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebra este jueves, y que supone un deshielo, pero solo a medias, ya que se pretende reforzar la bilateralidad.

El fuego colateral de esa plataforma impulsada por Puigdemont también afectaría al viejo partido de Pujol, CDC, cuyo heredero, el PDeCAT, celebra congreso este fin de semana con el alma dividida entre seguir la estrategia de Puigdemont (que ha construido un grupo parlamentario a su medida) o seguir con sus siglas.

Salto hacia adelante

La segunda vía es, precisamente, la del partido de Junqueras, proclive a sostener el enfrentamiento con el Estado pero sin provocar una nueva ruptura, al menos hasta que el actual 47-48% independentista sea capaz de incrementar tanto su base social como su representación electoral, y una vez alcanzados esos objetivos, iniciar un nuevo salto hacia adelante.

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Sectores muy relevantes del PDeCAT aplauden esa estrategia. Mientras que, por el contrario, Quim Torra se mantiene tácticamente en medio de las dos opciones. Con un pie en la Cataluña 'pactista', como la que evocaba Vicens Vives, y otro en Hamburgo, la residencia actual de Puigdemont, quien estaría presionando para ser restituido en su puesto de presidente de la Generalitat —avalado por una resolución aprobada en el Parlament con la mayoría soberanista—, habida cuenta de que el delito de malversación —único por el que puede ser devuelto a España en el marco de la euroorden— no incorpora la supresión inmediata de sus derechos políticos. Y para que se produzca esa restitución en el cargo se necesita, precisamente, que Puigdemont siga siendo diputado.

Por último. Existe una tercera vía más pragmática que se abre a negociar con el Estado un nuevo Estatut situado dentro de la Constitución, pero con un reconocimiento expreso de la realidad político-institucional catalana. Y que se abre, por lo tanto, a la oferta realizada por Pedro Sánchez en sede parlamentaria: volver, en la práctica, al Estatut de 2006 podado por el Tribunal Constitucional cuatro años más tarde, y que supondría, de hecho, renovar el pacto constitucional de 1978.

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Esta alternativa supondría alcanzar una especie de compromiso histórico —en referencia al que reclamaba en los años setenta Enrico Berlinguer— suscrito en esta ocasión por los sectores más moderados de los partidos independentistas, en particular la vieja Convergència, y una parte muy relevante de ERC, y por el propio PSC, que busca una salida para liquidar la enorme polarización del voto en Cataluña.

Algo que puede explicar la dureza que mostró ayer en el Parlament el portavoz de JxCAT, Eduard Pujol, acusando a Torrent, el presidente de la cámara, de conchabarse con el PSC. “Lamentamos que el 'president' Torrent se haya saltado un acuerdo con ERC y haya priorizado un acuerdo con el PSC. Pedimos a ERC que nos aclare cuál es la posición del 'president' Torrent: o defiende la dignidad de los diputados del Parlament y del país o se blanquea al PSC del 155. O una cosa u otra”, sostuvo el portavoz de JxCAT, Eduard Pujol.

Esta polarización, como se sabe, perjudica a los partidos más templados. En particular a los socialistas, que buscan capitalizar la estrategia de apaciguamiento de Sánchez, quien sabe que renovar en Moncloa pasa por sacar buenos resultados en Cataluña sembrando la discordia en el bloque independentista.