Amancio Ortega y Pablo Iglesias: no disparen al pianista

En un país tan acostumbrado a discutir sin matices —todo es negro o es blanco, rojo o azul— es lógico que, periódicamente, se reabra la polémica sobre la naturaleza de algunas donaciones que ha realizado en los últimos años el empresario Amancio Ortega —la sexta fortuna del mundo— a la sanidad pública.

La última polémica, en realidad siempre es la misma, ha surgido tras una entrevista realizada a Pablo Iglesias en un programa de entretenimiento —curiosa forma de banalizar la política con la participación activa de todos los líderes en el espectáculo— en la que el líder de Unidas Podemos ha vuelto a ser muy crítico con lo que él llama "limosna" de un "señorito" que utiliza "mecanismos de ingeniería fiscal" para pagar menos impuestos. En concreto, un tipo impositivo de apenas el 5%, asegura. Obviamente, muy por debajo del aplicado al resto de los contribuyentes.

El tipo efectivo en Sociedades, por ejemplo, se sitúa en relación con el resultado contable en un 21,3% (año 2018) o en un 9,91% si se tienen en cuenta los grupos consolidados. Por lo tanto, muy lejos de ese 5% que esgrime Iglesias, y, por supuesto, también muy por debajo del 12,6% que se paga como media en el IRPF (tipo efectivo medio). La conclusión que saca el líder de UP es que "si Amancio Ortega quiere que tengamos una buena sanidad, que pague los impuestos que le corresponden". En su opinión, "una democracia fuerte no depende de la filantropía, cobra impuestos a quien tiene que pagar para tener los mejores equipos".

Es verdad, una "democracia fuerte" no puede depender de las donaciones de sus millonarios, pero tampoco sería una democracia si lo prohibiera

La idea, como se ve, se sitúa en el entorno del ala izquierda del Partido Demócrata de EEUU (Sanders, Warren, Ocasio-Cortez…), que ha propuesto un impuesto específico para los ultramillonarios. Algunas grandes fortunas, incluso, han sugerido la creación de una tasa del 1% para el 1% más rico del país, destinada a financiar programas sociales. En particular, la sanidad.

Una democracia "fuerte"

No le falta razón a Iglesias. Es evidente que una "democracia fuerte" no puede depender de las donaciones de sus millonarios, y, de hecho, la donación de Ortega es irrelevante en lo que se refiere al gasto sanitario; pero un país tampoco sería "fuerte", y ni siquiera podría considerarse una democracia, si prohibiera que cualquier ciudadano, se llame o no Amancio Ortega, pudiera entregar parte de su patrimonio al interés general. Es lo que tienen las democracias liberales, que son estructuras complejas, a veces contradictorias, en las que los agentes económicos actúan con libertad.

Lo contrario, es decir, que no entrara un solo euro privado en los servicios sociales básicos (sanidad, educación o derecho a la cultura) sería lo mismo que abrazar un capitalismo de Estado incompatible con la democracia, algo que detestaría el propio Iglesias. Entre otras cosas, porque su partido sería ilegal en una sociedad en la que el Estado fuera dueño de todos los medios de producción y decidiera en qué se gastan el dinero sus ciudadanos.

El problema, por lo tanto, no son las donaciones de Amancio Ortega, y ahí se equivoca de forma clamorosa Iglesias disparando contra alguien que ha contribuido de forma muy directa a crear decenas de miles de puestos de trabajo, sino la concentración de la riqueza en pocas manos.

Ortega nunca podrá consumir tanto como miles de ciudadanos si los 1.626 millones de euros que ingresará este año vía dividendos se repartieran

No es una afirmación gratuita. Los numerosos informes, por ejemplo este o este, de la OCDE, del FMI, del Banco Mundial y de estudiosos de la desigualdad están ahí para avalarlo de forma académica.

Se trata, de hecho, de un fenómeno progresivo cada vez más estudiado por los economistas, a quienes preocupa el efecto que tiene esa tendencia sobre el consumo privado. Y que está siendo favorecida, y hasta alimentada, por la liquidez ilimitada de los bancos centrales, que beneficia a quienes tienen abultadas carteras financieras.

1.626 millones en dividendos

Es obvio que el empresario gallego nunca podrá consumir tanto como lo harían miles de ciudadanos si los 1.626 millones de euros que ingresará este año vía dividendos por los beneficios de Inditex, se repartieran de forma más equilibrada.

Pero también por sus efectos negativos sobre la inversión. No es menos evidente que la concentración de la riqueza en pocas manos tiende a generar burbujas, en particular en el mercado inmobiliario, hacia donde se dirige la mayor parte de los excedentes obtenidos. A mayor o menor escala. Principalmente, en megaciudades como Nueva York, Londres, Berlín o Madrid, donde se producen fenómenos de gentrificación vinculados al hecho de que la vivienda se ha convertido ya, como nunca antes había sucedido, en un activo financiero, por lo que el incentivo legítimo que tienen los propietarios es que suban los precios. El patrimonio inmobiliario de Ortega, por ejemplo, ya roza los 10.000 millones de euros.

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Es evidente, sin embargo, que Amancio Ortega no es el culpable de que la desigualdad avance y que la concentración de la riqueza sea cada vez mayor. De hecho, la industria textil, tal y como la conocemos hoy, y de la que el gallego es uno de los emperadores, es fruto de una decisión política pactada entre los Estados: la desaparición del Acuerdo Multifibras, en 1995, que liquidó a partir de ese año los contingentes en el comercio mundial de ropa, lo que permitió que empresas como Inditex pasaran de ser una cadena de pequeños comercio al gigante que es hoy, aprovechando los bajos salarios de países que querían salir del subdesarrollo.

Es decir, fue una decisión política, basada en la eficiencia económica para el conjunto del planeta (ahí está la reducción de los niveles de pobreza en buena parte del mundo) la que ha provocado un cambio fundamental en el reparto de la riqueza. Y lo mismo ha sucedido con otros negocios, cuya liberalización ha favorecido el aumento de las grandes fortunas, pero, en paralelo, también el aumento de la renta para cientos de millones de personas abandonadas por la pobreza.

Los ricos y los oligopolios

Algo muy parecido a lo que ha sucedido con los avances tecnológicos. En concreto, con el auge de las tecnologías de la información, que ha hecho que el origen de la fortuna de cinco de las diez personas más ricas del mundo tenga que ver con la revolución tecnológica. Y cuyos operadores se han beneficiado de una legislación muy poco exigente con los nuevos oligopolios que tienen una posición dominante en los mercados. Justo lo contrario de lo que sucedió en los años 30, cuando las leyes antitrust favorecieron el crecimiento económico y la convergencia en la distribución de las rentas.

Ortega solo ha creado riqueza y, al tiempo, se ha beneficiado de un sistema que estructuralmente genera un escandaloso aumento de la desigualdad

Es decir, existen causas muy concretas que explican tanto la multiplicación del número de millonarios en los últimos años como el ensanchamiento de las desigualdades, a lo que hay que añadir políticas fiscales cada vez menos progresivas (los impuestos al consumo están desplazando a los que gravan la renta); la deslocalización, que favorece la elección de países de baja tributación; el 'dumping' fiscal para atraer inversiones, ahí está el caso LuxLeaks que denunció este periódico, y, sobre todo, la erosión de las bases imponibles aprovechando las lagunas existentes en los sistemas impositivos nacionales, como viene revelando la OCDE desde hace años.

Un fenómeno preocupante que ha obligado al club de los países ricos a poner en marcha el llamado proyecto BEPS, con el que se pretende cerrar las vías de agua abiertas en las haciendas nacionales, y que, según la propia organización, podría suponer entre 100.000 y 240.000 millones de dólares.

Es decir, Amancio Ortega solo ha creado riqueza y, al mismo tiempo, se ha beneficiado de un sistema económico que estructuralmente, por los motivos antes indicados, genera un escandaloso ensanchamiento de las desigualdades.

Por lo tanto, si las políticas económicas practicadas en las últimas décadas son responsables de lo que pasa y del creciente descontento social en muchas regiones, deben ser también las políticas económicas las que reviertan la situación en aras de aumentar la cohesión social, que es el bien a proteger. Recuperando, como dice el economista de Harvard, Benjamin Friedman, el carácter moral de la economía que tuvo en sus comienzos, en el siglo XVIII. Es cada vez más evidente que sin progreso moral no puede haber progreso material. Lo contrario es disparar sobre el pianista Amancio Ortega, como si él fuera el único responsable de la bronca en el garito planetario.