Escrivá, la ministra Díaz y la ‘entente cordiale’

La ‘entente cordiale’, como se sabe, fue un alianza entre Francia y Gran Bretaña pactada hace poco más de un siglo, en 1904, cuya importancia radica en que obligaba a las dos partes a entenderse. O, para ser más precisos, habilitaba a las dos potencias de entonces a ampliar sus territorios, sobre todo en el norte de África, sin que la otra parte debiera hacer nada por impedirlo. Era, por lo tanto, una forma de repartirse el poder sin pegar un solo tiro y así frenar el avance de los nuevos países emergentes, como Estados Unidos o Alemania.

El nuevo ministro para la Seguridad Social, José Luis Escrivá, y la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, nunca firmarán en público un tratado de no agresión, que era, en realidad, lo que se pretendía con la ‘entente cordiale’, pero no hace falta ser muy sagaz para entender que si hay un territorio en el que pueden confrontar el PSOE y Unidas Podemos, es en el área social. En particular, en la regulación del mercado de trabajo.

Opinión

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Juan Ramón Rallo

De hecho, este lunes, sin esperar al primer Consejo de Ministros, Díaz se desmarcó de la ministra Calviño (presente en el acto) con un rotundo “derogaremos la reforma laboral”, algo que la flamante vicepresidenta siempre ha negado en favor de un prudente “más que derogar políticas, hay que mirar al futuro”, como declaró en sendas entrevistas publicadas por este periódico antes de las últimas dos elecciones.

Escrivá, formalmente, no tiene competencias sobre la normativa laboral, pero parece evidente que lo que más preocupa al nuevo responsable de la Seguridad Social es garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, que se nutre financieramente, como todo el mundo sabe, de las cotizaciones que pagan trabajadores y empresarios, por lo que el empleo es una variable fundamental que afecta plenamente al sistema público de protección social.

Y en este punto concreto, todo indica que hay dos concepciones muy distintas que chocarán, irremediablemente, si no se aplica el pragmatismo diplomático que buscaron las viejas potencias para repartirse el mundo, lo que exige una química personal que, en la toma de posesión en el ministerio, no se vio por ningún lado. Como decían algunos veteranos en este tipo de actos, pocas veces se ha visto tanta frialdad entre dos ministros de un mismo Gobierno que comparten, además, muchos troncos comunes, pero que vienen de culturas muy distintas.

Yolanda Díaz viene del mundo de CCOO (su padre, Suso Díaz, fue un destacado dirigente sindical gallego) y es militante del PCE (Enrique Santiago, su secretario general, acudió este lunes al acto de posesión en el ministerio), y es conocido que Unai Sordo, como este lunes ratificó, es partidario de que se derogue la última reforma de la Seguridad Social. “"Hay que derogar la reforma de pensiones y abordar un debate y una negociación de fondo para mejorar los ingresos de la Seguridad Social para garantizar y dar certidumbre a los pensionistas actuales y a las próximas generaciones”, dijo en declaraciones a La Sexta.

El presidente del Gobierno, como es obvio, conoce mejor que nadie esa realidad, y tal vez por eso ha diseñado un Ministerio de Trabajo podado y hasta jibarizado en algunas de sus competencias clásicas, y no solamente en materia de pensiones.

Menos competencias

La formación para el empleo, por ejemplo, antes estaba en Trabajo, y hoy, según el real decreto publicado este lunes en el BOE, ha ido a parar al Ministerio de Educación, donde la ministra Celaá dispondrá de muchos millones para favorecer la capacitación de los jóvenes.

Por lo tanto, eso quiere decir que una de las funciones principales del SEPE (el antiguo INEM) cambia de departamento y se aleja del ámbito de sindicatos y empresarios, que es donde ha estado siempre. Como decía un veterano líder sindical, se trocea un poco más un ministerio que ahora realmente son tres, ya que la formación ha sido hasta ahora una de las materias más importantes de Trabajo. El nuevo departamento de Yolanda Díaz, de hecho, apenas contará con una secretaría de Estado, la de Empleo, cuando hasta ayer mismo disponía de tres (Migraciones, Seguridad Social y Empleo).

Como recordó la ministra Celaá en el acto de toma de posesión de su departamento, el Ministerio de Educación asumirá tres competencias hasta ahora en manos de Trabajo y Seguridad Social: la elaboración de las normas e informes sobre el sistema nacional de cualificaciones profesionales; la elaboración y actualización de los certificados de profesionalidad y las pruebas de evaluación, y, por último, la incorporación de la red de centros de referencia nacional a la red de centros de Formación Profesional.

La interpretación más obvia de estos recortes en las competencias de Trabajo, que han sido criticados por los sindicatos porque el ministerio pierde fuerza política, es que la nueva ministra y su equipo tendrán un campo de juego mucho más estrecho que sus antecesores. Entre otras cosas, porque el propio Escrivá tenderá a despachar con el presidente Sánchez y no con la titular del ramo, lo que es significativo teniendo en cuenta que las pensiones salen de las cotizaciones que pagan los ocupados, cuya regulación es una materia de Trabajo. Por algo, durante los últimos 38 años (casi todo el periodo democrático), los departamentos de Escrivá y Díaz han caminado juntos. Ahora, se verá.