El ingreso mínimo vital que prepara el Gobierno es necesario. Pero ahora. No dentro de unos meses, que es cuando será efectivo. Puede seguir el mismo camino que la dependencia
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. (EFE)
Quince años no son nada. O sí. Pero es el tiempo que viene viviendo este ‘mientras tanto’. En total, 1.000 artículos, 1.000; ni uno más ni uno menos. En realidad, se ha hecho posible aquello que decía Tom Wolfe: "El periodismo es fantástico. Te envían a hacer preguntas incómodas a gente que no quiere hablar contigo. Tú vas y las haces. Es fantástico". Gracias a todos.
Hay pocas dudas de que poner en marcha un ingreso mínimo para las personas más necesitadas es una buena idea. Las democracias, al contrario de lo que algunos creen, no se califican solo por la calidad de sus instituciones o por el buen funcionamiento de sus sistemas parlamentarios, sino que, necesariamente, están obligadas a atender las necesidades materiales de sus ciudadanos. De hecho, no hay democracia si no se aborda la ‘cuestión social’, que se decía antes de la guerra.
Es por eso por lo que todas las constituciones europeas posteriores a 1945 incluyeron en su pórtico una referencia clara y explícita al carácter social del Estado de derecho. No como un ejercicio de retórica política, sino como un compromiso fáctico y activo en favor de la cohesión. Algo que explica la extensión de los estados de bienestar en las últimas décadas como un instrumento en favor de la igualdad de oportunidades. Como resultado de esa estrategia, el gasto medio en protección social en el conjunto de la Unión Europea representa hoy —último dato disponible— el 29,2% del PIB.
España, como se sabe, y a consecuencia de la dictadura, se sumó tarde a este proceso, pero hoy ha sido capaz de construir un sólido andamiaje, con sus lagunas, pero robusto, al que destina el 24,6% de su PIB, todavía por debajo de la media europea. Es decir, una cuarta parte de lo que se produce cada año se destina a cubrir las demandas sociales: enfermedad, invalidez, vejez, familia, vivienda o exclusión social.
Por lo tanto, un porcentaje muy relevante de la riqueza nacional que ahora se quiere extender con la puesta en marcha de un ingreso mínimo vital. Aunque los detalles no se conocen, el ministro Escrivá ha adelantado algunas características. Será estructural, es decir, no está vinculado necesariamente a quienes se han quedado sin recursos por la pandemia; irá dirigido a los hogares y no a los individuos; será permanente y, por lo tanto, no tendrá carácter temporal; se vinculará de alguna manera a la inclusión laboral, y, por último, será complementario con las rentas mínimas que hoy abonan las comunidades autónomas.
Un sinsentido
El diseño, sobre la mesa, es impecable, pero hay que decir que es extemporáneo. Como ha dicho Unai Sordo, el secretario general de CCOO, lo urgente es atender a “aquellas personas y aquellos hogares que habiendo perdido el puesto de trabajo no tienen ninguna prestación social ni desempleo”. Es decir, su puesta en marcha debe estar vinculada a la situación actual de la economía, por lo que carece de sentido esperar a mayo (en el mejor de los casos).
No es necesario recordar que ahora es cuando hay que pagar las facturas y aprietan las necesidades. Y eso explica que muchos gobiernos de todo el planeta hayan aprobado planes de rescate inmediatos de sus ciudadanos más necesitados para paliar la situación.
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Inexplicablemente, el ministro Escrivá ha elegido la vía lenta y burocrática, toda vez que si se aprueba el mes que viene, hay razones para pensar que su despliegue efectivo tardará un tiempo adicional. ¿Cuándo cobrarán ese ingreso los beneficiarios? En junio, en julio...
¿Alguien cree que con unos servicios públicos que están ahora colapsados porque tienen que gestionar cientos de miles de expedientes se puede agilizar una prestación de esa naturaleza, que exige identificar con precisión a sus beneficiarios?
El argumento que se da tiene que ver con el cumplimiento del programa electoral, pero no parece que en un contexto como el actual lo prioritario sea sacarlo adelante. Tiempo tendrá el Gobierno, si cuenta con los votos suficientes, de aprobarlo, pero ahora solo supone una dilación innecesaria que perjudica, precisamente, a los que más sufren.
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El propio Escrivá ha dicho en ocasiones que el ingreso mínimo es un proyecto de legislatura. Y tiene razón. Entre otras razones, porque España es un Estado administrativamente complejo, y la Constitución deja meridianamente claro que la asistencia social (y el ingreso mínimo vital lo es porque no es contributivo) es una competencia autonómica y, de manera complementaria, local. Precisamente, porque son las administraciones más pegadas a la realidad de la calle.
Invasión de competencias
¿De verdad cree el ministro Escrivá que se puede diseñar un ingreso mínimo sin contar con las CCAA? Esa negociación es compleja y no hay tiempo que perder. Claro está, salvo que al Gobierno no le importe que el IMV acabe en el Constitucional por invasión de competencias.
Está muy acreditado que la eficacia de una renta mínima depende fundamentalmente de su diseño. Y es muy probable que si se hace de forma acelerada para cumplir un programa electoral, se produzcan muchas ineficiencias y duplicidades. No hace falta recordar que las comunidades autónomas ya han desarrollado un modelo que beneficia ahora (2018) a 679.180 personas, con unas cuantías mensuales que oscilan entre 465 y 774 euros, aunque en algunos casos puede llegar a más de 1.000 euros con hijos a cargo.
La necesidad de que su diseño sea eficiente y llegue a quien tiene que llegar no es un asunto políticamente intrascendente. En un país de bajos salarios, cualquier cálculo equivocado sobre las cuantías y sobre los colectivos a los que debe proteger puede generar una competencia no deseada. Y ese, hay que recordarlo, es el mejor caldo de cultivo para que crezca el populismo con argumentos demagógicos. ¿Qué es mejor, ganar 500 euros sin trabajar o ingresar 1.000 euros haciéndolo?
Aunque sea solo por esta razón, el Gobierno debe ser muy cuidadoso con el diseño del IMV, sin escatimar en gastos para que el ingreso —ahora de emergencia y en el futuro permanente— llegue allí donde tiene que llegar, pero no más lejos, porque generaría una competencia insidiosa.
O expresado de otra forma, una renta garantizada que se convierte en un derecho subjetivo, algo que se puede reclamar ante los tribunales, exige identificar con precisión quién necesita más el dinero, ya que si se hace de manera imperfecta, puede pasar por alto a personas realmente necesitadas, y, en paralelo, colar a otros hogares que no lo necesitan.
El mismo error que con la dependencia
El propio Escrivá ha dicho que se están cruzando datos entre la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, pero en un país que tiene alrededor de la quinta parte en economía sumergida, no parece que sea fácil diseñar de manera precipitada una red tupida en pocos meses para evitar que se cuelen los defraudadores. Y hacerlo, además, mediante un real decreto-ley que supondría, en la práctica, un ninguneo del Parlamento para un asunto tan estratégico.
Ya se sabe lo que sucedió con la ley dependencia de Zapatero, una buena idea pero que se puso en marcha sin recursos. Este año, que hay barra libre para elevar el déficit, habrá recursos, pero ¿y los siguientes?
Como ha escrito el profesor Conde-Ruiz en 'Nada es gratis', es necesario implementar un programa urgente de rentas mínimas de carácter temporal con dos requisitos. Por un lado, tiene que ser un programa muy laxo en la concesión de las ayudas, pero con un estricto control posterior, en el sentido de que aquellos que perciban la prestación sin tener derecho (aprovechado el poco control 'ex ante') tengan la obligación de devolverla íntegramente. Y, por otro, debe tener incentivos al empleo.
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en el Senado. (EFE)
Esta complejidad administrativa, por lo tanto, es incoherente con las prisas, y menos con colgarle a la Seguridad Social —con un déficit de unos 17.000 millones de euros— una prestación no contributiva que necesariamente debe pagarse con impuestos y no con cotizaciones sociales, que son las que sirven para pagar las pensiones.
Uno de los grandes logros del primer Pacto de Toledo, hace ahora 25 años, fue procurar la separación de fuentes entre lo contributivo y lo asistencial. Entre lo que se paga con cotizaciones y lo que se debe pagar con impuestos. Desde entonces, cada año, el Estado ha ido aumentando sus aportaciones, pero ahora, inexplicablemente, se viene a decir que en la Seguridad Social cabe todo. ¿No sería mejor crear una agencia nacional que integrara y coordinara todos los sistemas de protección social en lugar de vincular su futuro al sistema de pensiones?
