Una decisión sensata y ajustada a la Constitución

El Tribunal Constitucional lo llamó en una sentencia de 1984 “parlamentarismo racionalizado”, y viene a ser la aplicación de un principio con el que se pretenden impedir las crisis gubernamentales prolongadas. No es una decisión fácil porque, en última instancia, como ha dicho también el propio TC en un fallo que se refería al Parlamento de Navarra, el principio de legitimidad democrática se basa en que todos los poderes emanan del pueblo y, por lo tanto, interferir en su funcionamiento poniendo límites temporales a una negociación política puede contravenir este principio.

Aun así, y en aras de un bien mayor a proteger, se acepta que si después de dos meses —desde la primera votación de investidura— nadie ha obtenido la mayoría suficiente, las cámaras se disuelven automáticamente. Es decir, sin que medie ninguna decisión de los poderes del Estado. El tiempo dirá si es así, pero, hoy por hoy, tras la ronda de contactos del Rey con los grupos parlamentarios, es probable que ese sea el escenario final.

Nada indica que Feijóo, atado de pies y manos a Vox en aras de ocupar poder territorial, vaya a ganar la investidura. Ni a la primera ni a la segunda. Precisamente, porque lo que une más a la izquierda y a los nacionalistas es su antipatía por un tique PP-Vox.

Lo que los une tiene menos enjundia, de ahí que si fracasa Feijóo, como parece previsible, tampoco está asegurado que Sánchez vaya a obtener una mayoría suficiente en cualquiera de las dos votaciones posteriores debido a su dependencia de Puigdemont.

El Rey no tenía más opción que proponer a Feijóo, de los contrario hubiera introducido en su decisión un criterio político de carácter subjetivo

En ambos casos, lo único que queda meridianamente claro, al contrario del latiguillo preferido del PP, es que la clave para formar Gobierno es la confianza del Parlamento, no el número de escaños obtenidos en las elecciones, que puede servir para ser candidato, pero no para ser presidente.

Y esto es así porque es el Parlamento, precisamente, quien debe controlar la acción del Gobierno en el marco de la separación de poderes. Incluida la elección del presidente. La elección del jefe del Gobierno, como va a comprobar personalmente Feijóo, es, por decirlo de una forma directa que puede resultar obvia, aunque no lo es, un acto parlamentario, lo que en su día fue una novedad.

La incógnita Junts

La Constitución del 78 fue la primera de las que ha tenido España en que la designación del presidente del Gobierno, algo que el PP tiende a olvidar, se desliga de la decisión del jefe del Estado, como sucedía en tiempos de Alfonso XIII o, incluso, durante la II República, cuando el presidente podía despachar sin problemas a los jefes del Gobierno.

Sánchez, de hecho, tiene el mismo problema que Feijóo, en su caso por la dependencia que tiene de Junts, que no ha acudido a la consulta del monarca, quien obviamente —salvo que Sánchez o Yolanda Díaz hubieran ejercido de informadores, lo que no parece ni lógico ni probable— no dispone a día de hoy de suficientes argumentos para saber que el presidente en funciones cuenta con una mayoría suficiente para ser reelegido.

Es por eso por lo que no tenía más opción que proponer al presidente del Partido Popular, ya que de otra manera hubiera introducido en su decisión un criterio político subjetivo incompatible con su posición institucional. El Rey, es más, ni siquiera puede valorar si Feijóo, como intentará presumiblemente con el PNV, obtendrá más apoyos de los que cuenta hoy, lo cual, en el actual contexto, parece algo más que complicado.

Puede ocurrir que ninguno de los candidatos logre los votos suficientes, pero desde la Casa Real se habrá intentado que el proceso se acorte

Es verdad que podría haber tirado por la calle de en medio y no proponer a ninguno de los dos candidatos, por cuanto ni Feijóo ni Sánchez tienen hoy asegurada la mayoría, pero eso hubiera sido lo mismo que ignorar el "parlamentarismo racionalizado" del que ha hablado el Constitucional en sus sentencias. Es decir, que cuando no se sabe lo que va a pasar, lo mejor es poner en marcha el calendario ante unas posibles elecciones. Precisamente, porque de lo contrario se producirá una crisis de gobernabilidad, que es lo que se quiere evitar en aras de la razón de Estado. También podría haber esperado más tiempo y acudir a una segunda ronda de consultas, pero, de nuevo, eso hubiera dañado la gobernabilidad del país en unos momentos en que España ostenta la presidencia de la UE.

Es evidente que con la propuesta del monarca puede ocurrir que al final ninguno de los dos candidatos logre los votos suficientes, pero, al menos, desde la Casa Real, se habrá intentado que el proceso se acorte. Cualquier otra decisión hubiera metido en problemas al Rey, lo que puede explicar que ya el lunes el PSOE se curara en salud y anunciara que aceptaría cualquier decisión del monarca. Feijóo está contento, porque es el primer candidato, y Sánchez también, porque lo será después, muy probablemente. También Felipe VI se quita un muerto de encima sin roces ni suturas.