Quien no reconoce al rey no cuenta ante el rey

Las apreturas que han traído las elecciones generales del 23 de julio aún esconden sorpresas inesperadas. Por ejemplo, esta simpleza en la que no habíamos reparado: quien no reconoce al rey no cuenta ante el rey. Y Felipe VI es, en este momento de constitución de las nuevas Cortes Generales, la figura clave de la arquitectura institucional española porque es el jefe del Estado y, por ello, el único que propone qué candidato debe intentar formar Gobierno. Si un grupo parlamentario no reconoce la figura de su majestad el rey, sencillamente no cuentan sus intenciones a la hora de calcular quién es el candidato que tiene más apoyos para ser investido presidente del Gobierno. Es tradición en España, en esta monarquía parlamentaria que acepta y protege hasta a quienes quieren destruirla, que los portavoces de los grupos independentistas vascos y catalanes no acudan a la ronda de contactos que inicia el jefe del Estado para dar cumplimiento a la Constitución.

Desde hace unos días, para quien lo haya olvidado, ha comenzado a circular otra vez por las redes sociales un antiguo vídeo de los portavoces de los independentistas vascos, catalanes y gallegos, a principios de la pasada legislatura (febrero 2020), en el que mostraban su rechazo frontal a la monarquía parlamentaria. Lo que hicieron fue no acudir a la sesión solemne de apertura de la XIV legislatura, para plantar al Rey, y, en su lugar, en una de las salas del Congreso, leyeron una declaración que decía, literalmente: "El rey no es un interlocutor válido, ni tiene la legitimidad de nuestros pueblos, ni le reconocemos ninguna función política".

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Días antes de esa declaración, en la ronda de consultas convocada por Felipe VI, todos ellos hicieron lo mismo, no acudieron a la cita y plantaron al Rey. La ventaja, entonces, de Pedro Sánchez era que los votos de todos ellos no eran decisivos para que el jefe del Estado interpretara nítidamente que el candidato socialista contaba con más apoyos para gobernar, porque el pacto con el conglomerado de Unidas Podemos ya se estaba fraguando, y, sobre todo, porque existía una enorme distancia con el bloque del centroderecha. No había duda alguna. En esta ocasión, sin embargo, las circunstancias han cambiado porque los dos bloques teóricos están equilibrados en cuanto a número de diputados, aunque con una ventaja decisiva a favor de Pedro Sánchez. Pero, si los diputados independentistas no le dicen al jefe del Estado que están decididos a votar al candidato socialista en la investidura, ¿qué ocurre? Para no quedarnos con la duda, esta misma cuestión se la hemos trasladado a un reputado catedrático de Derecho Constitucional, Agustín Ruiz Robledo, y transcribo aquí pregunta y respuesta para trascender de especulaciones y cuitas, tan frecuentes estos días.

PREGUNTA. Si los representantes de Bildu, Junts y Esquerra no acuden a la ronda de contactos que convoque el Rey, y, por lo tanto, no le transmiten su intención de voto, ¿Felipe VI tendría que dar por bueno lo que le diga Pedro Sánchez, en el sentido de que cuenta con esos votos, o no darlo por válido?

RESPUESTA. A ver, lo primero que tiene que quedar claro es que los representantes de los grupos parlamentarios tienen la obligación constitucional de acudir a la ronda de contactos que convoque el jefe del Estado. Por lo tanto, si no acuden, están incumpliendo su obligación constitucional. En ese caso, yo consideraría que no hay que tenerlos en cuenta, ni suman ni restan.

La ausencia en la suma de los 20 diputados de Bildu, ERC y Junts tiraría al traste las opciones de Sánchez de acudir primero a la investidura

El problema para el presidente en funciones, Pedro Sánchez, es que, si el jefe del Estado mantiene este mismo criterio, la suma de su bloque quedaría muy alejada del bloque del centro-derecha. Si ante el Rey solo acreditan su apoyo a Pedro Sánchez los representantes de Sumar y del PNV, además, obviamente, de los diputados socialistas, solo sumarían 157 votos en su favor. Sin embargo, el bloque del centro-derecha, contando con los diputados del Partido Popular y Vox, ascienden a los 170 escaños. La ausencia en la suma de los 20 diputados de Bildu, Esquerra y Junts, sencillamente, tiraría al traste todas las opciones de Pedro Sánchez de acudir primero a la investidura, en vez de Alberto Núñez Feijóo, como está reclamando el líder de la derecha por haber sido el vencedor de las elecciones.

En el caso de que fracase el candidato del PP, como parece que ocurrirá, en la siguiente ronda de contactos, transcurridos dos meses, nos volveríamos a encontrar, de nuevo, en las mismas circunstancias, que el bloque de Sánchez no alcanza el mínimo imprescindible porque los representantes de los independentistas no reconocen el papel del rey como jefe del Estado. Y resulta que el rey es, como queda dicho, el único con potestad para proponer un candidato a presidente del Gobierno. Nadie puede proponerse a sí mismo ante las Cortes.

Opinión

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Esto último, además, está muy claro en la Constitución, en uno de los artículos más citados estos días, el artículo 99.1, que establece que “el rey, previa consulta con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno”. No cabe interpretar ahí que sea el candidato socialista el que comunique al Rey qué piensan votar los independentistas, por muchas reuniones previas que hayan mantenido, ni mucho menos que la Jefatura del Estado tenga en cuenta las declaraciones a los medios de comunicación de aquellos que no acuden a su cita. Tampoco es imaginable, en las circunstancias actuales, que el candidato y presidente en funciones, Pedro Sánchez, acudiera a la ronda de contactos que convoque Felipe VI con un documento firmado ante notario por todos ellos, indicando el sentido de su voto.

Este artículo 99 de la Constitución, como explica el catedrático Ruiz Robledo, forma parte de las normas incompletas, en el sentido de que establece un procedimiento para nombrar al presidente del Gobierno tras unas elecciones, y de ahí se deducen las obligaciones constitucionales de todos los actores, aunque no se especifiquen. Como lo es esta de acudir a la ronda de contactos que convoque el jefe del Estado para comunicarle cuáles son sus intenciones de voto en una sesión de investidura. Se llama lealtad constitucional. De modo que, lo dicho, quien no reconoce al rey no cuenta ante el rey.