El exorbitante contrato de Iván Redondo o la gran trampa de Pedro Sánchez

Ayer se publicó en el BOE el Real Decreto 136/2020 de 27 de enero “por el que se reestructura la presidencia del Gobierno”. El texto de esta disposición administrativa, que corresponde a la libre determinación de Pedro Sánchez sin intervención del Consejo de Ministros (artículo 2 de la Ley de Gobierno), es un completo despropósito político y administrativo. La razón: el otorgamiento al director del Gabinete del presidente de unas facultades exorbitantes en detrimento de las de los vicepresidentes y ministros y que, en la práctica, duplica, fiscaliza y coordina la gestión gubernamental.

Cuando me he referido de manera reiterada a los rasgos autocráticos de Pedro Sánchez, aludía, justamente, a la concentración de poder en Moncloa quebrando horizontalmente la distribución de competencias de los departamentos ministeriales, o, por mejor decir, alumbrando en realidad un Gobierno formal (el Consejo de Ministros) y otro material (Comité de Dirección de la Presidencia del Gobierno) que dirigirá, a control remoto, Iván Redondo, que se ha debido de creer que se ha instalado en la Casa Blanca y no en el palacete de Moncloa.

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El hombre de confianza de Sánchez tendrá bajo su mando, además del propio Gabinete presidencial, la Secretaría General de la Presidencia, la Secretaría de Estado de Comunicación, la Dirección Adjunta del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, el Alto Comisionado para España Nación Emprendedora y la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País a Largo Plazo. O en otras palabras, el montaje se compone de dos secretarios de Estado, cuatro subsecretarios y 21 directores generales.

El artículo 2º del real decreto desgrana, en distintos apartados, las competencias directas del director de Gabinete, que resultan extraordinarias porque, además, están formuladas en unos términos que componen lo que se denominan “conceptos jurídicos indeterminados” (coordinación, asesoramiento, asistencia…), en los que se incluye o se excluye aquello que el propio presidente del Gobierno considere conveniente según criterios de oportunidad.

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La relación entre Pedro Sánchez e Iván Redondo se parece mucho más a un contrato de delegación de funciones que permite al director del Gabinete intervenir en todos los ministerios y sobre todas las materias, llegando hasta el asesoramiento al jefe del Ejecutivo en “seguridad nacional”. A todo ello se incluye una cláusula de apoderamiento según la cual Iván Redondo “realiza aquellas otras actividades o funciones que le encomiende el presidente del Gobierno”.

Este real decreto era el as en la manga de Pedro Sánchez, porque con su aplicación a través de Redondo neutraliza el Gobierno de coalición con Unidas Podemos y somete a sus ministros, con competencias troceadas, a la condición de meros directores generales de unos departamentos arbitrariamente diseñados con excepción de los llamados 'de Estado', en los que también se injiere el director del Gabinete. El gran poder de Redondo es la acumulación de información y conocimiento que se traduce en un poder real de eficacia radical mediante los instrumentos de coordinación, presencia, asistencia y asesoría.

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Iván Redondo no es un Rasputín de Sánchez, ni un valido del presidente. Es algo más y distinto: se configura como un 'alter ego' del presidente por encima de las vicepresidencias, con unas facultades conferidas por una disposición administrativa que se parece a un contrato de consultoría a lo bestia. Y esa es la naturaleza de la relación entre ambos, profesional: Redondo es el consultor y Sánchez es el cliente. Aquel le diseñó la estrategia que falló tras el 28 de abril y se la rediseñó tras el fracaso del 10-N. El consultor no podía tener mejor cliente: Sánchez quería el poder aun a costa de cabalgar con cualquier contradicción, grande o pequeña, pero estableciendo una urdimbre de facultades a su servicio que le sirven para consumar todas sus ambiciones y, sobre todo, evitar que cualquiera de los ministros de Unidas Podemos (Iglesias incluido), independientes y militantes del PSOE adquieran la más mínima autonomía política o administrativa. Redondo es, además del diseñador de estratagemas, la 'manu militari' que Sánchez requiere.

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El asunto es de una enorme importancia, porque desplaza el centro de gravedad del poder ejecutivo desde el Consejo de Ministros a la presidencia del Gobierno —no al ministerio de Carmen Calvo sino a los servicios internos de la Moncloa—, sin obligación normativa de someterse a control parlamentario y perpetrando una extralimitación de facultades que justificarían un recurso contencioso administrativo tras estudiar qué instancias estarían legitimadas para interponerlo. Corresponde al presidente del Gobierno, efectivamente, la estructura orgánica de su Gabinete y de la propia presidencia, pero tal competencia debe desempeñarse sin incurrir en desviación de poder ni en fraude del espíritu de la norma que le confiere esos poderes.

Ante este abuso callarán los ministros, socialistas, independientes y coaligados; callará el PSOE, que ha perdido su organicidad en el tránsito de ser un partido a convertirse en una plataforma para sostener al líder, y lo hará mediante la 'longa manu' de Redondo, que no es, siquiera, militante socialista. Caminamos decididamente hacia un modelo iliberal homologable a los más sofisticados, pero férreos, de otros países europeos. Esta forma de nepotismo amical es un síntoma inquietante de un hombre disruptivo de los paradigmas democráticos a los que hasta ahora se ha sometido nuestro sistema político. En definitiva, esta disposición administrativa va mucho más allá de la literalidad de sus previsiones y se adentra en un entendimiento del poder que, muy razonablemente, debería alertar, primero, y preocupar (y mucho), inmediatamente después.