Marchena se despide de ustedes con una decisión histórica

Delicada operación de Estado. El Consejo General del Poder Judicial, recientemente constituido y ya bajo la presidencia de la magistrada Isabel Perelló, ha de enfrentarse a su reto más difícil: proveer hasta un centenar de nombramientos de magistrados, 29 de ellos en el Tribunal Supremo. El Gobierno decidió en marzo de 2021 dejar en funciones este órgano de gobierno de los jueces hasta que no fuese renovado, privándole de su capacidad más determinante que es, precisamente, la de realizar esos nombramientos.

Nunca el Consejo se había visto en la tesitura de cubrir tantos puestos de una tacada; y aunque lo hará en una pauta temporal razonable, el momento histórico de España requiere que, además, lo haga con una especialísima probidad. Nada de progresistas o conservadores: jueces capaces e independientes. De eso se trata. Las primeras coberturas van a ser decisivas: el concurso para nombrar a los presidentes de las Salas Primera (de lo Civil), Segunda (de lo Penal), Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) y la Cuarta (de lo Social) ya está en marcha.

Marchena deja la presidencia de la Sala Segunda en la que están aforados el presidente del Gobierno, sus ministros y el fiscal general

Manuel Marchena deja en noviembre la presidencia de la Sala Penal tras dos mandatos consecutivos. Esa Sala es la que tendría que abrir causa a José Luis Ábalos si mantiene su acta en el Congreso y el juez instructor considera que hay indicios contra él y otros (lo que parece del todo probable). Y esa Sala es la que ha aplicado la ley de amnistía a los condenados por el proceso soberanista, considerando que la misma no ampara el delito de malversación.

Por fin, y entre otras competencias, es la Sala ante la que están aforados el presidente del Gobierno, los ministros y todos los diputados y senadores, entre otros titulares de altas instituciones. Entre ellas, el fiscal general del Estado que ayer fue encausado, junto con la fiscal jefe de la Audiencia de Madrid, por un presunto delito de revelación de secretos. Quizá esta decisión tan trascendental ofrezca la medida de la importancia del buen (independiente e íntegro) funcionamiento del Supremo. En cierta manera, la investigación a Álvaro García Ortiz, acordada por unanimidad, sea el paradigma de cómo su hasta ahora presidente ha gestionado la Sala, procurando resoluciones compartidas por todos los miembros del Tribunal, aplicando la interpretación rigurosa de la ley y mostrando entereza moral ante las presiones de todo tipo.

Manuel Marchena, el ponente de la histórica y unánime sentencia de 14 de octubre de 2019 que condenó por sedición, malversación y desobediencia a nueve de los dirigentes del golpe del 27 de octubre de 2017 en Cataluña y ha perseguido, y sigue haciéndolo, al fugado Puigdemont, es el magistrado que ha marcado una época, demostrando una capacidad técnica extraordinaria y una integridad incontestable. Seguirá en la Sala como magistrado, pero sin las facultades propias de la presidencia. Pudo ser presidente del Supremo y del Consejo, pero prefirió imponer con nitidez su independencia cuando fue puesta en duda. Su despedida de la presidencia de la Sala Penal, en la que no podía repetir mandato, tiene una gran envergadura judicial e institucional.

Lucas se perfila como presidente definitivo de la Sala Tercera, a la que compete el control de legalidad de los actos reglados del Gobierno

Es también estratégica la Sala Tercera que desde diciembre de 2022 preside en funciones Pablo Lucas que, se espera, sea nombrado definitivamente para ese cargo. Esa Sala es la que examina las impugnaciones de los actos reglados de las más altas instancias de la Administración General del Estado y, especialmente, del Gobierno. Con Lucas al frente, ha dictado sentencias igualmente notables: la que anuló el nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado (el caso Magdalena Valerio) y las que anularon las dos designaciones de Dolores Delgado como fiscal de Sala. Pablo Lucas pudo ser, igual que Marchena, por su perfil indiscutido, presidente del Supremo y del propio Consejo. La garantía que representaría como presidente de la Sala Tercera resulta especialmente indicada.

La casi treintena de nuevos nombramientos de magistrados del Supremo repercutirá directamente, no solo en sus cinco Salas, sino también en la de Gobierno (que no tiene funciones jurisdiccionales) y en la denominada Sala del 61 que sí las tiene y muy importantes (pinchar aquí) y a la que accederán ipso facto cuatro de los magistrados de más reciente nombramiento.

El Gobierno ya ha logrado el total control de la Fiscalía bajo el mandato de Álvaro García Ortiz y de la abogacía del Estado

Por lo demás, el Gobierno ya se ha hecho con el control completo del ministerio fiscal que opera con una dócil subordinación a sus intereses, a los que parecía servir la presunta revelación de secretos por la que el Supremo investiga al fiscal general. Se está comprobando también en la instrucción del caso Begoña Gómez, en el que la fiscalía se comporta como coadyuvante de su letrado defensor. No ha habido asunto de interés de Sánchez y su Gabinete que no haya secundado la fiscalía. Mientras, a la europea se le niegan medios para investigar el posible fraude de fondos de la UE, asunto que también podría concernir a Begoña Gómez. Para mayor escarnio, la Moncloa acaba de crear dos nuevas fiscalías especiales con el implícito propósito de restar competencias a la de Anticorrupción. A esta postrada posición de la Fiscalía General del Estado —que ya ha suscitado la indignación en amplios sectores de la carrera—se une la utilización desviada de la abogacía del Estado.

El objetivo de estas políticas gubernamentales no es otro que, tras desactivar al Poder Legislativo, hacer lo propio con el Judicial que, sin embargo, aguanta, mantiene con serenidad el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y representa así una garantía para el Estado de derecho.

Sucede en España lo que ha denunciado The Economist: “Sánchez se aferra al poder a costa de la democracia” y es un tipo “audaz y despiadado”. Léase el ensayo del corresponsal de esta revista en nuestro país, Michael Reid, titulado España que acredita la solvencia de su análisis político y advierte de que siendo nuestro país un lugar especialmente bueno “para vivir”, sin embargo, si España “no puede encontrar un camino de renovación política, la permanencia de sus logros quedará en entredicho”.