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Y a Bolaños le ha salido una presidenta
En medio del tsunami judicial que se cierne sobre Sánchez y el PSOE, la presidenta del Supremo y del Consejo, Isabel Perelló, se destapa como una magistrada independiente que ha tomado la medida a Bolaños
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El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes -largo y acaparador título, y por ello, repleto de responsabilidades- Félix Bolaños García quería al frente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial a una mujer. Ya la tiene, pero no es exactamente la que él deseaba. Isabel Perelló Doménech no formó parte del 'casting' de la Moncloa, que tenía en mente otras candidaturas. Pero Perelló, discreta, en su momento afiliada a la Asociación de Jueces y Juezas por la Democracia y, por lo tanto, de trayectoria progresista, fue la solución para resolver el riesgo de un nuevo bloqueo en el recién nombrado Consejo General del Poder Judicial.
Isabel Perelló, mejorando las expectativas, ha tenido dos intervenciones fulminantes ante la presión de Félix Bolaños
La nueva presidenta -elegida en septiembre del pasado año por 16 votos de los 20 vocales del Consejo- representa un exacto paradigma de funcionaria judicial. Fue jueza de primera instancia en Baleares, se especializó en lo contencioso-administrativo desempeñando su función en el Tribunal Superior de Andalucía, luego en la Audiencia Nacional y desde 2009 en la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Por eso fue acogida, en general, con respeto, pero también con una distanciada expectativa.
En estos meses, Isabel Perelló, quizá en el momento más oscuro de la democracia, con ataques constantes del Gobierno al Poder Judicial y con la hostilidad manifiesta hacia jueces y magistrados desde una parte de la izquierda, ha dado la talla. De las muy pocas declaraciones que ha proferido, dos han merecido el reconocimiento de sus compañeros y de amplios sectores académicos, universitarios y mediáticos.
El primero, fue su discurso en la apertura del año judicial el 5 de septiembre del pasado año (pinchar aquí para su lectura íntegra). Ante el Rey y ante Félix Bolaños, advirtió de que “el Poder Judicial es diseñado en nuestra Constitución como un auténtico Poder, al lado del ejecutivo y del legislativo, con su independencia blindada y con un órgano de gobierno propio con plena autonomía”. Y añadió que “las resoluciones judiciales son susceptibles de crítica y es, precisamente, la posibilidad de criticar […] lo que hace a una sociedad libre, abierta y plural […] Pero críticas y discrepancias nada tienen que ver con la descalificación o el insulto”.
La nueva presidenta afirma que el acceso a la judicatura es "democrático", "igualitario", y los funcionarios que la integran son "plurales"
El segundo aldabonazo de la presidenta ha sido reciente: el 23 de enero, también ante el Rey (en cuyo nombre se administra la justicia) y Bolaños e Illa, en el acto de entrega de los despachos a los nuevos jueces en la Escuela Judicial de Barcelona (pinchar aquí para su lectura íntegra). Perelló advirtió, frente a los propósitos del Gobierno de alterar el sistema de acceso a la judicatura que el actual “es democrático, en cuanto garantiza que cualquier persona, de cualquier procedencia y origen social y cualquiera que sea su ideología, puede competir en igualdad de condiciones […]. Las pruebas de acceso son públicas, de modo que cualquier ciudadano puede presenciarlas […]. Los criterios de valoración son transparentes y objetivos. En su primera fase […] son totalmente anónimas […].”
No se quedó ahí Perelló en la respuesta al ministro de Justicia, porque, de nuevo, como en el mes de septiembre, constató críticamente que los jueces y magistrados viven “tiempos en los que, ya sea por desconocimiento o por otras razones, en lo que se refiere al Poder Judicial se vierten críticas totalmente infundadas al ejercicio de la función jurisdiccional por jueces y magistrados. Por ello, no son aceptables los reproches y censuras gratuitos que tienen como fin debilitar al Poder Judicial.” Apuntaba con tino la presidenta a los comportamientos dinamiteros del Gobierno y del PSOE, sometidos ambos a un escrutinio judicial cada día más intenso.
Éxito del nuevo Consejo al cubrir por unanimidad 32 plazas judiciales, 21 de ellas en el Supremo, con nuevas magistradas en sus Salas
No se esperaba la Moncloa que Isabel Perelló hablase con una claridad tan meridiana. Ni tampoco el muy reciente éxito, suyo, y del propio Consejo, de aprobar por unanimidad la provisión de 32 plazas vacantes en tribunales, 21 en las distintas Salas del Supremo, duplicando el número de mujeres en el Alto Tribunal. Ayer el Consejo tuvo el buen propósito, aglutinado por Isabel Perelló, de mantener otra posición unánime: en el desacuerdo por el sistema de provisión de sus vocales de extracción judicial, acordó enviar dos informes con dos alternativas y los dirigió al Congreso, al Senado y, dato importante, a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa para que emita su criterio sobre cual se ajusta más y mejor a los estándares europeos en la elección de los vocales judiciales del órgano de su gobierno.
Más difícil será la designación de los presidentes de la Sala Segunda (Penal) y Tercera (Contencioso Administrativo) del Supremo. Es más: los actuales presidentes en funciones -Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas Morillo de la Cueva, respectivamente- podrían seguir en la dirección de ambas hasta su jubilación en 2027, el primero y en 2026, el segundo. Las presidencias de la Sala Primera (Civil) y Cuarta (Social), plantean menos debate. Félix Bolaños desearía que ni Martínez Arrieta ni Lucas presidieran esas Salas, aduciendo la ley de paridad y sobre cuya pretensión el ministro ha recibido cumplida respuesta (y negativa) desde el propio Consejo, como aquí informó Beatriz Parera.
Perelló ha armado un buen discurso judicial y ha cohesionado al Consejo cuando el Gobierno, con leyes, quiere desmantelar la judicatura
La judicatura, en su actual conformación, es un objetivo que batir en los planes inmediatos del Gobierno. Ha puesto sobre la mesa reformas estructurales que desmantelarían desde el modelo de proceso penal hasta la libertad de expresión de los jueces y magistrados, pasando por la neutralización de sus asociaciones profesionales. Esta avalancha de medidas apela al órgano de gobierno de los jueces. Isabel Perelló, su presidenta, está logrando armar un buen discurso judicial y conducirse de un modo integrador en el Consejo, de modo que, cuando más se ataca al Poder Judicial, más resistente y sólido se comporta.
A Bolaños, tanto en materia legislativa como en su relación con jueces y magistrados, el tiro le sale habitualmente por la culata. Ha logrado lo que ningún otro de sus antecesores: descalabrar la fiscalía (ayer, Diego Villafañe, el fiscal de la secretaría técnica de Álvaro García Ortiz, compareció ante el magistrado Luis Ángel Hurtado, pero lo hizo con abogado particular, el penalista Cristóbal Martell) hundir la reputación profesional de la Abogacía del Estado y aunar a los jueces y magistrados en la defensa al respeto de su función jurisdiccional. Y, además, le ha salido una presidenta del poder judicial de las de verdad.
El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes -largo y acaparador título, y por ello, repleto de responsabilidades- Félix Bolaños García quería al frente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial a una mujer. Ya la tiene, pero no es exactamente la que él deseaba. Isabel Perelló Doménech no formó parte del 'casting' de la Moncloa, que tenía en mente otras candidaturas. Pero Perelló, discreta, en su momento afiliada a la Asociación de Jueces y Juezas por la Democracia y, por lo tanto, de trayectoria progresista, fue la solución para resolver el riesgo de un nuevo bloqueo en el recién nombrado Consejo General del Poder Judicial.