Queda prohibido comprar viviendas

Inimaginable hace unos años. Cataluña va a limitar el derecho a la propiedad privada en el mercado de la vivienda. Comprarse un piso ya no será una decisión libre, pues deberá acreditarse primero el uso que va a dársele a ese inmueble. Si el comprador pretende hacer un uso libre de aquello adquirido, olvídese de la operación. La Generalitat será quien decida quién compra y para qué.

La norma nacerá del acuerdo entre el PSC y los Comunes y es el activo político principal de los segundos para garantizar a Salvador Illa sus primeros presupuestos. El compromiso socialista es que el parlamento valide antes del verano una proposición de ley que supondrá una intervención radical del mercado de la vivienda y que tiene como teórico objetivo acabar con las operaciones de compraventa de trasfondo "especulativo".

El redactado de la proposición de ley está pendiente, pero se han dado a conocer los titulares. Afectará a 271 municipios (zonas tensionadas) que concentran el 90% de la población catalana. La vivienda pasará a tener únicamente dos finalidades: o se habita o se alquila a precio regulado. Los grandes tenedores -propietarios de cinco inmuebles- no podrán adquirir viviendas sueltas en estas zonas; solo podrán comprar inmuebles enteros y destinarlos al alquiler con precio topado. Los propietarios sin esa distinción, la mayoría, solo podrán comprar para uso propio o de un familiar de hasta segundo grado, también para alquiler al precio fijado por la administración. Si se recibe una herencia, rigen las mismas condiciones.

Una intervención en toda regla que, con toda seguridad, acabará en el Tribunal Constitucional. Desde el punto de vista competencial no debería haber problema, pues la de vivienda es una competencia exclusiva de la Generalitat. Veremos cómo acaba la limitación de un derecho fundamental como el de propiedad. El debate promete ser interesante y subido de tono, y acabará traspasando los límites administrativos de Cataluña para convertirse en una cuestión nacional.

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Serán los expertos los que a partir de ahora especularán sobre las bondades o maldades del texto legislativo anunciado. Cada parte traerá a colación experiencias y previsiones que encajen en su posicionamiento. Ni siquiera los datos posteriores a la puesta en marcha de la medida acabarán con el debate. Así ha sucedido con el alquiler, intervenido desde hace tiempo y con datos de mercado ya actualizados. Los expertos, con los mismos datos, defienden unos una cosa y los otros la contraria, en la misma proporción que antes de su intervención. No se conoce un solo caso que haya cambiado de opinión.

Pero más allá de los efectos prácticos, interesa la derivada política del asunto. En particular, sobre cómo va a ser recibida por los ciudadanos la intervención radical del mercado de la vivienda en un momento en el que esta se sitúa como primera preocupación de la ciudadanía.

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Y en este punto puede haber sorpresas. Pese al malestar, solo expresado en privado, del socialismo catalán de anclaje más liberal, o la oposición esperable del lado de la derecha y del mundo del dinero articulado en torno a los clubes de opinión y presión de distinto signo, la medida puede ser bien recibida por bolsas de votantes relevantes de los partidos de la oposición.

La medida la abandera la izquierda, cierto. Pero lejos de centrarse en asuntos identitarios, marginales o que dividen con precisión a la población por cuadrantes ideológicos, la intervención radical planteada ataca un problema percibido y vivido como propio por votantes de todas las formaciones políticas. Por tanto, el argumentario clásico sobre la amenaza ante una medida tan radical -la amenaza comunista, la radicalidad de la izquierda, etc- es muy posible que no funcione o lo haga solo parcialmente.

Las clases medias desclasadas, que tan bien retrata Esteban Hernández en sus artículos, los votantes jóvenes y otros nichos del mercado del voto, que en una proporción nada desdeñable tienen preferencias de voto dirigidas hacia el espectro antes conocido como liberal-conservador, pueden que empiecen a sentirse cómodas con medidas de este tipo. Hablamos de bolsas de votantes que, sin necesidad de posicionarse a través de un marco teórico elaborado, están ahora inconscientemente en posiciones que podríamos definir como neodistributistas y neocomunitairstas. No son para nada progresistas, tal como se define el término comúnmente en nuestro mercado político, menos aún radicales de izquierdas, pero su sentido común les advierte a través de la realidad vivida que "algo hay que hacer" con la vivienda. Gente que, para entendernos, firmaría con Chesterton el aforismo del inglés: "El problema del capitalismo no es que haya demasiados capitalistas, sino que haya muy pocos". Individuos que advierten, consciente o inconscientemente, que el acceso a la propiedad, el ejército de pequeños propietarios que venía definiendo nuestra sociedad, está mudando de piel y se sienten amenazados.

Opinión

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No es esta una cuestión menor. Pues explica el motivo de fondo por el que se ha quebrado la validez de la etiqueta "liberal-conservador", que nos servía para categorizar a una gran familia política. Y porque, a medida que el debate coja fuerza, y va a hacerlo, es muy probable que veamos a la ultraderecha mover pieza también en el terreno del intervencionismo. Ahí está haciendo cola Carlos H. Quero de Vox para que sus críticas por la participación en el mercado de la vivienda de los fondos, inversores institucionales o extranjeros, tomen forma en un futuro programa del partido de Abascal.

Los debates inimaginables se están abriendo paso. E igual de inimaginables son las respuestas de los votantes a ellas. Ayer, quise poner a prueba mi intuición. Contacté con algunos amigos que votan a Junts y al PP. Las respuestas fueron de lo más dispar. Hubo quienes colgarían a Illa de un árbol por pactar esta medida, pero los hubo también que la consideran de lo más razonable. La diferencia, más que ideológica, obedecía a su situación patrimonial presente y también a la que prevén para sus hijos. Son las complejidades del presente.

Aun así, todo está por ver. A la norma le espera un proceso de redactado de lo más complejo y salvar los escollos legales que sin duda van a plantearse. Pero el debate está ya en lo alto. Y la caricaturización de los argumentos se antoja insuficiente para ganarlo.