La economista que explica quién sale ganando con los fondos verdes

La reconversión verde será uno de los asuntos centrales de la economía europea en los próximos tiempos. Los riesgos derivados del cambio climático han llevado a los poderes públicos y a buena parte de los privados a una reacción que está por definirse, pero que se apunta imparable. La Unión Europea, Joe Biden, el capitalismo inclusivo del Vaticano y los grandes fondos de gestión pasiva están empujando de una manera decidida en esa dirección.

La cuestión, por tanto, no es si va a hacer el proceso, sino cómo y con qué consecuencias. Las preguntas sobre si la reconversión estará a la altura de las necesidades, cómo se va a financiar, qué ganadores y perdedores dejará o el papel que jugarán en ella la acción pública y el dinero privado están sobre la mesa.

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Daniela Gabor forma parte de la nueva generación de economistas políticos y es una de las mayores especialistas en la relación entre finanzas y cambio ecológico. Es profesora de economía y macrofinanzas en la Universidad de Bristol. En sus trabajos, como 'The Wall Street Consensus' (en español, 'El consenso de Wall Street'), ha sido crítica con el tipo de reconversión climática que se está tejiendo, basada en la colaboración público-privada, con el establecimiento de criterios ASG como forma de identificar las inversiones limpias. Acaba de participar en las jornadas 'Soberanía tecnológica: democracia, datos y gobernanza en la era digital' organizadas por el Instituto 25M e inauguradas por Evgeny Morozov.

Las dos opciones para la reconversión

"Podríamos tener un 'Green New Deal' que organizara la transición hacia una economía baja en carbono a través de una inversión pública masiva en infraestructura verde e industrias verdes, y que protegiese a los pobres de las consecuencias del cambio asegurando que sea una transición justa: que la infraestructura verde siga siendo pública y asequible, que haya creación de empleo verde, etc. El Estado garantizaría que los ricos paguen su parte, incluso mediante la tributación de los activos financieros contaminantes.

La otra opción es avanzar en dirección hacia el 'consenso climático de Wall Street': conseguir financiación privada en la lucha climática mediante la puesta en marcha de un régimen liderado por el mercado que aliente la economía verde. Soy escéptica con este segundo enfoque por las estrategias sistémicas de 'greenwashing' (ecoblanqueo o lavado verde) que están en marcha. Políticamente, sin embargo, esta segunda narrativa tiene más impulso. Invito a los lectores a que examinen los documentos de la COP26 para que constaten que es ese modelo hacia el que nos dirigimos, el de empujar las finanzas privadas hacia una economía 'blanqueada'.

El 'Green Deal' de la Comisión Europea, a pesar de su nombre, tiene poco de la primera opción y mucho de la segunda. No busca un cambio de sistema a través de una macroeconomía verde ambiciosa y una regulación estricta de los financiadores del carbono. Más bien, como de costumbre, adopta una política de tercera vía que busca empujar al mercado hacia la descarbonización".

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Por qué se prefiere la colaboración público-privada

"La Unión Europea, en lugar de un ambicioso activismo fiscal verde, prefiere reorganizar los fondos europeos existentes a través de una lógica de financiación que movilice el dinero del sector privado. A pesar de que hay muchas quejas sobre las asociaciones público-privadas por ser más caras y menos inclusivas que la inversión pública directa, han sido revividas como una solución de compromiso a un problema ideológico: la ficción de que el Estado no tiene suficientes recursos fiscales para realizar inversiones públicas masivas. Que tal ficción sea poderosa incluso cuando los Estados miembros de la zona euro, incluida España, pueden emitir bonos del Estado a tipos negativos, nos dice mucho sobre el poder político de los discursos de austeridad y sus partidarios. A partir de ahí, se nos dice, la asociación público-privada puede solucionar esta deficiencia fiscal involucrando al sector privado en la construcción, la financiación y la realización de servicios públicos. El Estado es un socio necesario porque tiene que asumir algunos de los riesgos: normalmente promete un cierto nivel de demanda e ingresos para el operador privado. Eso significa, en un mundo donde tenemos eventos climáticos más extremos, que el Estado invierte para proteger al sector privado contra los eventos climáticos".

El papel de los fondos de gestión pasiva

"Se trata de hacer de la ecología una oportunidad de negocio, sobre todo porque hay una queja recurrente en el mundo financiero de que no estamos produciendo suficientes productos financieros ecológicos para satisfacer la demanda. La inversión pasiva ofrece una solución mágica para este problema de demanda: los administradores de activos pueden agrupar acciones/bonos de empresas ecológicas y venderlos como inversiones ecológicas. Pero el diablo está nuevamente en los detalles: estos se comercializan bajo una etiqueta ASG que a menudo permite a los emisores incluir en ese mix un par de compañías de combustibles fósiles y esconderlas detrás de algunas verdes. Se ofrecen ETF (fondos índice cotizados) con calificación ASG que incluyen compañías de combustibles fósiles".

El papel de los fondos de pensiones

"Los fondos de pensiones tienen deberes fiduciarios hacia los contribuyentes que los hacen particularmente vulnerables a la crisis climática. En veinte años, podría demandar a mi fondo de pensiones por no proteger de la crisis climática mis contribuciones, por no actuar de forma que se protejan las inversiones de los riesgos climáticos. Pero, una vez más, no podemos esperar que los fondos de pensiones por sí solos nos libren de la crisis climática. Como han argumentado mis colegas Bruno Bonizzi y Jennifer Churchill, los riesgos y costos asociados a la transición hacia una economía ambientalmente sostenible son asumidos mejor por el Estado que por los inversores privados".

Quién puede salir ganando

"Es importante señalar que la pregunta 'cui bono' del cambio verde es una cuestión política. El dinero público se utilizará para eliminar el riesgo de las actividades comerciales privadas y para financiar un mecanismo de transición justa que promete proteger a grupos como los mineros polacos después del cierre de sus minas de carbón a través de programas de reciclaje profesional. Pero hay pocas garantías de que el dinero de los contribuyentes europeos llegue a los mineros polacos. Probablemente irá a los bolsillos de los 'barones' de la descarbonización: élites locales inteligentes que canalizarán el dinero de la transición hacia sus negocios, al igual que dueños de grandes tierras consiguieron la mayoría de los subsidios originalmente destinados a los pequeños agricultores bajo el paraguas de la política agrícola común.

Los barones de la descarbonización: élites locales inteligentes canalizarán el dinero de la transición

Tomemos el ejemplo de Rumanía. Los sindicatos mineros se quejan de que las medidas destinadas a la recapacitación laboral de los mineros que se aplicaron, probadas en la región de Valea Jiului en Transilvania durante los últimos 15 años, beneficiaron únicamente a las empresas de descarbonización. Sus conexiones con las élites políticas de Rumanía les permitieron capturar el mercado de los servicios de reciclaje profesional, pero después la inversión privada y los empleos en los nuevos sectores económicos nunca se materializaron".

Opciones de cambio

"Creo que los vientos políticos continúan soplando en la dirección de la macroeconomía tradicional dominada por la austeridad. Tanto en la UE como en el Reino Unido. ¿Por qué? Porque cambiar el marco macroeconómico, es decir, revertir la subordinación del Gobierno al Banco Central y reemplazarlo con una coordinación más estrecha, requiere dos cambios políticos que son equivalentes a dos tsunamis. Uno es fortalecer la capacidad institucional del Estado: desde la izquierda se señala que el mercado es un dispositivo que utilizan los ricos para la acumulación, pero olvidamos que el Estado ha jugado un papel importante en facilitar esa acumulación. Y además el Estado se ha olvidado de cómo planificar de manera eficaz a gran escala. El covid-19 lo ha demostrado dolorosamente y nos ha recordado que 'la época del dinero público no hace al Estado más grande; más bien es la época en que se subvenciona masivamente al sector privado'. Y ahí radica el segundo desafío político: como Hyman Minsky nos enseñó hace un tiempo, el gran Estado requiere pocas finanzas, más bien nos exige hacer retroceder el poder político de los financieros. Y la lucha política en el terreno de la lucha climática nos muestra lo lejos que estamos de eso...".

Qué son los criterios ASG y qué papel juegan

"Antes del choque del covid-19, los bancos centrales del 'Network for Greening the Financial' habían argumentado que los riesgos climáticos eran riesgos para la estabilidad financiera y comenzaron el proceso de diseñar un régimen regulatorio climático que buscaba aplicar una enfoque verde/sucio a todo el universo de activos (bonos, préstamos, acciones) en poder de los bancos, inversores institucionales y gestores de activos. El objetivo era reorientar el crédito desde las actividades que contaminaban hacia actividades verdes y, en ese proceso, reducir tanto el impacto que los eventos climáticos extremos podrían causar en esos actores financieros en sus inversiones como la contribución que el sistema financiero hace a la crisis climática mediante el financiamiento de actividades con alto contenido de carbono. Para ser efectivos, los bancos centrales debían asegurarse de minimizar el lavado de imagen verde. Por ejemplo, no aplicando la etiqueta 'verde' o 'sostenible' a los activos que tienen un impacto ambiental negativo. Así se evitaría que, pongamos por caso, un préstamo bancario a Shell se pudiera calificar como verde y que además recibiera subsidios.

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Sin embargo, esa estrategia también tuvo una reacción por parte de las industrias contaminantes. Quienes financian el carbono se están preparando para resistir a esta nueva forma de control crediticio a través de diversas estrategias de ecoblanqueo. Una consiste en controlar el lenguaje de las finanzas verdes. Dicen, mira, ya hemos desarrollado un sistema (o taxonomía) de identificación de activos sostenibles: el llamado sistema ambiental, social y de gobernanza (ASG). Al construir taxonomías ASG como una alternativa a las públicas, los financistas del carbono pueden hacer valer su experiencia en estos criterios y aplicarla para hacer lavado verde de sus propias carteras. Blackrock, el administrador de activos más grande del mundo, es un ejemplo útil para que pensemos en la política del 'greenwashing'. Recientemente, ha sido adjudicataria de una consultoría por parte de la Comisión Europea: Blackrock le asesorará sobre cómo incorporar criterios ASG en la normativa bancaria. Pero también sabemos que Blackrock —que, como administrador de activos, tiene poder como accionista sobre muchas compañías (en nombre de sus inversores)— ha utilizado ese poder para bloquear las resoluciones de los accionistas que detendrían a los CEO responsables de la huella de carbono de sus corporaciones. Blackrock también posee el 20% de FTI, un grupo de presión estadounidense para las empresas de combustibles fósiles que ha presionado agresivamente a los políticos estadounidenses para evitar la regulación climática".

Los proveedores de calificaciones

"Existe otro ángulo de lavado verde en los ASG, además de convertir a los financistas del carbono en interlocutores legítimos en los círculos regulatorios. Debido a que hay muchos proveedores ASG privados, existe un margen significativo para el arbitraje regulatorio ecológico: los proveedores ASG se enfrentan a incentivos erróneos similares a los de las agencias de calificación crediticia antes de 2008, que otorgaron calificaciones altas a los emisores de productos financieros complejos sin la debida diligencia sobre la calidad crediticia de los préstamos subyacentes. Esto no significa negar que hay inversores que, de buena fe, gestionan sus propias mesas de ASG en un esfuerzo por ecologizar sus carteras. Pero en general, para mí, el enfoque ESG se presta a un lavado verde tan significativo que debería descartarse como un instrumento de política pública y, en cambio, deberíamos centrar nuestros esfuerzos en garantizar que las taxonomías públicas, como la desarrollada por la Comisión Europea en sus Finanzas sostenibles. Permítanme darles un ejemplo: FTI acaba de anunciar que ayudará a la Independent Petroleum Association para ayudar a las empresas de petróleo y gas a adoptar estrategias ASG".