Sánchez se queda corto, muy corto

La ley del solo sí es sí acumula muchas consecuencias no deseadas. Primero, el goteo de excarcelaciones y rebajas de condenas de agresores sexuales, luego la crisis en la coalición de gobierno. Pero, además, hay que sumarle otra igualmente preocupante, la confusión que está generando. Se supone que esta ley tenía que poner el consentimiento en el centro. Pero a estas alturas ni siquiera en la coalición son capaces de ponerse de acuerdo en a qué llaman consentimiento. Y la reforma en vez de aclararlo está produciendo justo lo contrario. Con tanto cruce de descalificaciones de un lado al otro de la coalición, lo que este Gobierno ha conseguido poner en el centro del solo sí es sí es la confusión.

Muchos países europeos han cambiado sus leyes en los últimos años para que el sexo sin consentimiento se considere violación y deje de exigirse el uso de la fuerza. En Suecia, cuando en 2018 se cambió la definición legal de violación a sexo sin consentimiento, la tasa de condenas aumentó un 75% porque las víctimas ya no necesitaban probar que se había utilizado la fuerza. Claro que para esto no basta con hacer un cambio legislativo, hace falta, primero, que esté bien hecho; segundo, que se entienda. Poner el consentimiento en el centro es solo el punto de partida para el cambio de mentalidad. Pero si en vez de explicárselo a la opinión pública, la coalición se pasa el día manoseando el concepto para echarse mutuamente la culpa de los errores en vez de reconocerlos, es muy difícil avanzar.

Por eso, cuando el presidente Sánchez reconoce, nada más decir que la ley del solo sí es sí ha tenido efectos indeseados, que se queda “corto”, deja más dudas todavía. No ha explicado el presidente si lo que se queda es corto de vista, de vergüenza o de entendederas. Si corto de vista porque no se leyó la ley, cuyas rebajas de penas ahora le sorprenden, aunque a su ministra de Justicia le parece evidente que están en el texto; si corto de vergüenza por tardar tres meses en rectificar los errores que ahora ve muy graves y hace no tanto menospreció, o corto de entendederas porque sí se leyó el texto que aprobó su Consejo de Ministros, pero no comprendió que pasaría lo que está pasando.

El consentimiento ya estaba en la norma del anterior Código Penal. Cualquier relación sexual en la que no hubiera consentimiento ya era delito. Pero no era agresión sexual. España, igual que otros muchos países, tipificaba agresión sexual solo si la víctima sufría violencia e intimidación. Por eso, una cosa es que el consentimiento estuviera en la norma y otra que sea el centro de la misma.

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Si el consentimiento hubiera estado en el centro de la norma, no se entendería que del Código Penal anterior hubieran salido fallos como el del TSJ de Navarra cuando la Manada. Aquellos magistrados consideraron probado que no había consentimiento, pero no que los acusados emplearan “fuerza eficaz y suficiente”. La clave era la violencia. Como la víctima no se resistió, entendieron que no hubo violencia y los de la Manada fueron inicialmente condenados solo por abuso y no por agresión. El Tribunal Supremo corrigió aquella sentencia. Y la nueva ley corregía el Código Penal para actualizarlo y evitar malentendidos. Y en el proceso de corregirla, en vez de clarificar los conceptos, la batalla interna de la coalición los está liando más.

Ahora lo que necesita corregirse es la nueva ley, porque las horquillas de penas que cambió han provocado, como reconoce ya la ministra Pilar Llop, que en España “salga más barato” agredir sexualmente con violencia a una mujer que robar. “¿Desde cuándo vale más la propiedad que la libertad sexual de una persona?”, se preguntaba haciéndose la sorprendida Llop en la SER. Era una pregunta retórica, porque la respuesta es obvia: desde que el Consejo de Ministros aprobó la reforma de la que ahora le sorprenden esos efectos a los que llaman no deseados.

Corregir esas horquillas de penas no tiene por qué tocar la idea de consentimiento, es verdad. Pero escuchar a la ministra Pilar Llop decir en esa misma entrevista que demostrar que ha habido violencia o intimidación en una agresión sexual es sencillo, porque basta “con una herida”, también es desconcertante. Si no es una vuelta al modelo anterior con la distinción entre las agresiones sexuales que se producen con violencia y las que no, al menos, así explicado, se le parece mucho. Asimismo, desde el Ministerio de Igualdad tampoco ayudan mucho a aclarar la confusión. Desde allí, están acusando al ala socialista del Gobierno y a todo el que critica la ley de querer volver al Código Penal de la Manada, así lo llaman, y amenazan con que la nueva reforma traerá nuevas revisiones de penas. De nuevo, en vez del consentimiento, lo que están poniendo en el centro es la confusión.

Tampoco resulta especialmente tranquilizador que la solución para aclarar las cosas que se le han ocurrido a la ministra de Justicia sea, como dijo en la SER, que todo el mundo lea el Código Penal para salir de dudas. Claro que es la misma ministra que, cuando viaja en el metro, suele oír a la gente hablar de la renovación del Poder Judicial. Normal que se crea que es habitual repasar entre parada y parada el artículo 178.1 y el 178.2 de la Ley de Libertad Sexual.

En medio de tanta confusión, no estaría mal que antes de pedir a la ciudadanía que se lea el Código Penal fuera el Gobierno quien se lea bien las leyes que hace. Y si es mucho pedir que luego sean capaces de explicarlas bien, qué menos que exigirles que las entiendan antes de aprobarlas.