La mejor dieta de un presidente es comerse sus propias palabras

"¡Elecciones!", gritan aquellos que no pudieron formar Gobierno tras los resultados del 23-J, los mismos que rozaron con los dedos el poder de la Moncloa, los mismos que han encendido la chispa del relato de la ilegitimidad del posible, no sabemos si probable, Gobierno de Sánchez. El argumento con el que reclaman las elecciones es que el PSOE no se presentó con un programa en el que defendiera la amnistía, como si España no fuera una democracia representativa y el Gobierno únicamente tuviera legitimidad para promover aquello que estaba escrito en un programa electoral. Verlo escrito provoca hilaridad, pero este argumento que ahonda en la crisis de legitimidad que desde la derecha se está labrando únicamente refleja la impotencia de un partido político que no ve la estrategia para llegar al poder central. ¿Cuántas veces en España un Gobierno ha promovido políticas impopulares que no estaban ni mentadas en su programa electoral?

Lo cierto es que, para contestar a esta pregunta con rigor, debería pedir a El Confidencial que me dejara un especial, y con todas las secciones trabajando para el propósito podríamos hacer una hemeroteca que demuestre la tesis que sostengo: todos los gobiernos han aprobado leyes y políticas que no estaban en sus programas electorales o que directamente habían negado en campaña electoral y nunca fue motivo suficiente para convocar unas elecciones. La amnistía, de llegar a producirse, sería el último ejemplo. No se puede negar la evidencia, si Sánchez y Díaz no necesitaran los votos de Junts para gobernar, seguramente no estaríamos hablando de ello, pero los necesitan. Igual que González, Aznar, Zapatero y Rajoy necesitaron otros partidos nacionalistas como PNV y la extinguida CiU o partidos nacionales como Ciudadanos. Las aritméticas parlamentarias de lo que España ha votado en cada elección fueron los mimbres con los que todos los presidentes, en alguna legislatura, necesitaron ceder, pactar o sucumbir. Elija el lector el verbo que prefiera.

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La trayectoria de Felipe González en el poder tiene múltiples ejemplos de políticas sin un refrendo programático que hubiera sido avalado por las urnas. He estado revisando y en el programa del PSOE del expresidente no figuraba nada sobre el indulto a los condenados por el intento de golpe del 23-F. Las similitudes con la amnistía sobre la que todo el mundo habla y nadie conoce pueden ser criticables, sin embargo, González no convocó elecciones por tomar esta medida de gracia para someterla a las urnas, ni hizo un referéndum a ver qué les parecía la medida a los votantes, ni a sus bases. Acciones de doble refrendo que tampoco hizo en 1988, cuando aprobó una reforma laboral que abarataba el despido y fomentaba la temporalidad y que le valió una de las primeras grandes huelgas a su Gobierno.

Ni González ni Aznar llevaron en sus respectivos programas el diálogo con la banda terrorista ETA cuando estaba en activo y ambos lo hicieron porque entendían que debían hacerlo. Sentarse a la misma mesa que una banda terrorista que está matando en ese momento es altísimamente cuestionable. Sin duda alguna, puede que sea una de las decisiones más duras que debe tomar un presidente del Gobierno que ha enterrado a conciudadanos, servidores públicos y a compañeros de partido. Obviamente, son acciones que uno debe hacer con la presión de la soledad de un despacho, con información de la que muy pocos disponen y con el aval de los millones de votantes que lo hicieron presidente, pero sabiendo que, posiblemente, no salga bien. Sin embargo, una democracia debe garantizar por todos sus medios la seguridad de sus ciudadanos, la paz social, la convivencia dentro del territorio. Y estoy segura de que todos ellos lo hicieron pensando que podrían acabar con el terror y sabiendo que el fin, a veces, justifica los medios.

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El presidente Aznar también indultó a 13 terroristas de Terra Lliure y negoció con Jordi Pujol y Xabier Arzallus, a cambio de un buen pellizco competencial para ambos, además, claro, de todas las prebendas simbólicas, como el pecado confeso de hablar catalán en la intimidad. Todo por la tozudez de la aritmética parlamentaria de un país que todavía no confiaba mucho en la derecha para darle todo el poder del Gobierno. Ni las concesiones al PNV ni a CiU en términos de autogobierno, competencias fiscales en materia de IRPF o en cuestiones simbólicas, como el traspaso de competencias de la Guardia Civil de tráfico a los Mossos d'Esquadra, estaban en el programa electoral del PP. Tampoco acabar con gobernadores civiles, con el servicio militar obligatorio o con la privatización de empresas públicas. Mención especial merece el acercamiento de un tercio de presos de ETA a las cárceles vascas, mientras su Gobierno hablaba con HB y llamaba a ETA movimiento de liberación vasco. Todo eso fue Aznar quien lo llevó a cabo en el pleno uso de sus competencias ejecutivas gracias al respaldo de su mayoría parlamentaria.

En la segunda legislatura de José María Aznar sí que disfrutó de una gran mayoría absoluta que le permitió renegar de todas esas políticas que había realizado para concitar el apoyo de los partidos vascos y catalanes. Sin embargo, el Sr. Aznar impuso a España una guerra sin que mediara un referéndum sobre la participación de nuestro ejército en un conflicto ajeno a nuestro país, a nuestros intereses estratégicos y, lo que es más importante, basado en una gran mentira. Lo cierto es que el precio de codearse con los líderes anglosajones del trío de las Azores nos costó mucho más que las bajas en Irak. Pero volviendo a la tesis de este artículo, la participación de España en la guerra no contó ni con el aval parlamentario, un trámite totalmente obviado y que desdeñaba las cámaras legislativas. Lo que sí concitó es la mayoría abrumadora de la sociedad, ya que el no a la guerra llegaba en las encuestas al 80-90% de apoyo social.

Nuestra democracia es representativa. Y esto no es un matiz de ciencia política sin más

José Luis Rodríguez Zapatero fue quien inició su mandato presidencial con la gran promesa de la campaña electoral, retornar las tropas de Irak, su primera medida al frente del Ejecutivo. Sin embargo, acabó su segunda legislatura con una medida que tampoco contaba con el aval del programa electoral, ni con el consenso social: reformar el artículo 135 para el austericidio que se estaba cebando con algunos países de la UE. Retomando la senda de sus precedentes en el cargo, Zapatero también dialogó con ETA cuando todavía mataba. El gran aporte de su acción al frente del Estado es que él sí consiguió el cese definitivo de las armas, algo que, como él mismo reconoce, se recuerda poco.

Mariano Rajoy ha sido uno de los presidentes que con más fuerza actuaron contra su programa electoral y lo prometido en campaña. De hecho, el expresidente tiene uno de esos momentos hilarantes en una ponencia con González en que afirma, parafraseando a Churchill, que la mejor dieta para un presidente es comerse sus propias palabras. Ejemplos tiene varios, los más sonados fueron la subida de impuestos que soliviantó a más de un liberal que lo había votado para todo lo contrario; la nacionalización de varios bancos españoles, y una operación de endeudamiento público para que algunas CCAA no quebraran. Sin embargo, hubo medidas como la amnistía fiscal, que indultó a cientos de defraudadores fiscales que tenían su patrimonio fuera de España y sirvió para intentar contentar a esas fortunas defraudadas con las acciones fiscales del polémico ministro Montoro. Es pertinente recordar, también, que esa amnistía no cabía en la Constitución, puesto que en el año 2017 fue declarada inconstitucional. Tan contradictoria fue su política fiscal, que Rajoy llegó a admitir que “había pulverizado su programa electoral para reducir el déficit”. Y el lector dirá, "claro, la herencia que le dejaron". Le concedo el argumento. Pero si un presidente del Gobierno iba a hacer justo lo contrario de lo que prometió, según los que ahora mismo lo piden, debería de haber convocado elecciones para refrendarlo o una consulta ciudadana, ¿no?

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Pues no. Nuestra democracia es representativa, no directa. Y esto no es un matiz de ciencia política sin más. Votamos a nuestros representantes para que gobiernen con base en unos ciertos valores y un cierto programa, que todos tenemos asumido que no se cumplirá. Bien por la coyuntura, bien por la aritmética parlamentaria o los pactos gubernamentales, los programas son guías, no contratos con una reválida cada cuatro años. Ha pasado así desde la transición, porque hasta el idealizado Adolfo Suárez legalizó el Partido Comunista a espaldas de su programa, de los suyos y del legislativo en medio de una Semana Santa. Y hoy nos parece que fue una medida audaz. Obviamente, se puede cuestionar la amnistía, sus términos, sus limitaciones. Pero, por favor, no pidan elecciones generales otra vez porque los términos de los pactos poselectorales no figuren en el programa electoral de la fuerza mayoritaria, porque esto ha pasado siempre y porque, además, en la de los socios minoritarios, sí que figuraba.