El peligroso juego de la ficción de Estado

Para jugar a ser Estado, hay que hacerlo conforme a las reglas del derecho internacional, que el territorio sea reconocido y con una organización política

Foto: Puigdemont posa junto a un manifestante que sostiene una estelada en la marcha del sábado en Barcelona. (Reuters)
Puigdemont posa junto a un manifestante que sostiene una estelada en la marcha del sábado en Barcelona. (Reuters)

Hace ya días de los atentados perpetrados en Cataluña, que devolvieron a todos los españoles al estado de 'shock' que todo ataque terrorista genera en un pueblo pacífico castigado durante años por el terrorismo independentista y por el yihadista. Tiempo suficiente para ver, oír y leer todo tipo de informaciones, posicionamientos, críticas, mensajes, etc. Tiempo suficiente también para matizar algunas cosas importantes respecto de los hechos y manifestaciones que hasta ahora se han producido, sobre todo cuando algunos cargos públicos parecen jugar a 'los estados'. Y es que, a pesar de la importancia crucial de la amenaza y del drama humano que su ejecución produce, de nuevo ciertos comportamientos parecen anteponer intereses políticos espurios, o cuando menos aprovechar la ocasión para sacar algún rédito político. Así, hoy volvemos al ataque independentista como si la manifestación del pasado sábado pusiese punto final a un obligado duelo.

A estas alturas, debería ser innecesario recordar que el terrorismo que los estados europeos están sufriendo en sus respectivos territorios —sin desdeñar, por supuesto, a las víctimas causadas por el mismo tipo de fanatismo en otros territorios, cuyo valor es el mismo y cuyas cifras se triplican, cuando menos— solo puede ser combatido con una respuesta conjunta. Es por eso que las agencias que se encargan de combatir el terrorismo actúan bajo el principio de la cooperación intergubernamental, y son por tanto los gobiernos de sus estados miembros los que envían los representantes competentes en la materia, delegación que en el caso español en ocasiones ha incluido a representantes de hasta tres ministerios diferentes —Exteriores, Justicia e Interior—, dada la complejidad de esta lucha.

El terrorismo que los estados europeos están sufriendo en sus respectivos territorios solo puede ser combatido con una respuesta conjunta

La misión de Europol, la agencia europea de cooperación policial tan traída y llevada estos días al hilo de los errores o lagunas existentes en las actuaciones previas, coetáneas y posteriores a los atentados en Cataluña, es apoyar y reforzar la colaboración y la actuación de las autoridades competentes de los estados miembros en la prevención y la lucha contra la delincuencia organizada, el terrorismo y otros delitos graves transnacionales. Europol está compuesta, de acuerdo con el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE que la regula, por el o los representantes que el Estado miembro en cuestión acuerde de cada unidad nacional (UNE), de entre todas las fuerzas de policía y servicios con las mismas funciones que sean competentes, en este caso, en la lucha contra el terrorismo conforme al derecho nacional. Y en el caso del derecho interno español, la política antiterrorista corresponde al Estado, esto es, al Gobierno central, sin perjuicio de que en su ejecución se cuente indiscutiblemente con la colaboración de las policías autonómicas que tienen transferidas competencias de ejecución en la materia, como por otra parte este debe ser igualmente un deber de aquellas, conforme al principio más básico de cooperación leal que rige las relaciones entre instituciones nacionales o internacionales. Por cierto, el mismo criterio en la representación en Europol se sigue en estados como Bélgica o Alemania, cuya configuración interna podría, 'a priori', ser problemática y, sin embargo, no lo es.

El director de Europol, Rob Wainwright (izq); el ministro holandés de Seguridad y Justicia, Ard Van der Steur, y el comisario europeo de Interior, Dimitris Avramopoulos, durante la presentación del Centro Europeo de Lucha contra el Terrorismo. (EFE)
El director de Europol, Rob Wainwright (izq); el ministro holandés de Seguridad y Justicia, Ard Van der Steur, y el comisario europeo de Interior, Dimitris Avramopoulos, durante la presentación del Centro Europeo de Lucha contra el Terrorismo. (EFE)

Ya sabemos los juristas que el derecho penal y todo lo que lo rodea tiene fuertes connotaciones territoriales, de ahí las reticencias de los estados a la cooperación internacional en este ámbito; lo que no se comprende es que tales resistencias se produzcan dentro del propio territorio del Estado, y Cataluña, por el momento, se inserta en el territorio del Estado español a todos los efectos. De la misma forma que el Govern ha insistido en el ejercicio de las competencias investigadoras de su propia policía autonómica —y así lo ha aceptado la instrucción de la Audiencia Nacional— y la ha mostrado hasta la saciedad, procediendo incluso a distribuir condecoraciones a sus miembros antes de que la investigación concluya y a pesar de algunos errores de bulto por parte de estos por todos conocidos en relación a los atentados, ha declinado toda responsabilidad en acciones preventivas, que también debiera haber reclamado, retorciendo, por el contrario, algunos argumentos.

Para jugar a ser Estado, hay que hacerlo, como en todo juego, conforme a las reglas que el derecho internacional estableceNo insistiremos de nuevo en el famoso 'email informal' sobre Es Satty. Se trata, pues, de un camino de doble vía que, en aras del interés público, autoridades centrales y autonómicas están obligadas a transitar, por lo que no vale 'a posteriori' culpar a unas por la falta de información de otras, en particular cuando se ofreció colaboración en la investigación de la explosión previa de la casa de Alcanar y fue rechazada. Amén de que la conferencia que en dos semanas celebrará la IPCAN (Independent Police Complaints Authorities’ Network) en Estrasburgo podrá pronunciarse sobre las distintas formas de actuar de las policías catalana y finlandesa ante un atentado terrorista a la hora de abordar y controlar a los sospechosos en el momento de los ataques, así como sobre sus repercusiones en las investigaciones en curso en cada caso. De momento, afortunadamente, a nadie se le ha ocurrido discutir la composición de la otra agencia europea que necesariamente tendrá que ayudar a descifrar las conexiones en otros estados miembros de la UE, Eurojust, y que sigue la misma lógica que Europol en lo que hace a su composición.

Mossos d'Esquadra, efectivos de la Policía y de la Guardia Civil, en la manifestación de este sábado en Barcelona. (EFE)
Mossos d'Esquadra, efectivos de la Policía y de la Guardia Civil, en la manifestación de este sábado en Barcelona. (EFE)

Para jugar a ser Estado, hay que hacerlo, como en todo juego, conforme a las reglas que el derecho internacional establece. Ya es bastante duro que los sistemas jurídicos nacionales hayan tenido que afrontar realidades que hasta hace muy poco no constituían en la mayoría de países de nuestro entorno conceptos jurídicos, según revelan las legislaciones antiterroristas de los 47 estados que componen el Consejo de Europa, como es el caso, entre otros, de la radicalización yihadista. La sinrazón en la ficción de la estatalidad podría haber conducido incluso a poner en duda la jurisdicción de la Audiencia Nacional sobre los atentados. Y si el conductor de la furgoneta protagonista de los atropellos, Abouyaaqoub, hubiese huido y salido de territorio catalán para pisar suelo 'español', ¿habría tenido entonces que invocar el Govern el principio de jurisdicción universal o la extradición? Se puede llevar el juego hasta el límite ridículo del absurdo absoluto, sobre todo respecto del único elemento tal vez más definido en esta ficción de estatalidad: el territorio.

La ciudadanía catalana, otro concepto no jurídico forzadamente llevado al ámbito de lo ''parajurídico', ha sido otro de los estandartes mostrados con insistencia desde las instituciones catalanas. Hubiese sido muy positivo que los primeros que pidieron públicamente la no utilización política de los atentados hubiesen predicado con el ejemplo en lugar de diferenciar entre víctimas españolas y catalanas. Y es que la población de un territorio se erige en el segundo elemento constitutivo de un Estado, y también esa escenificación tenía su importancia. A día de hoy, la legalidad internacional solo reconoce al nacional, el extranjero, el refugiado, el solicitante de asilo, el apátrida y el ciudadano europeo, conforme a los tratados de la UE. Es cierto que en el Reino Unido se inventó una 'citizenship' para los inmigrantes de las antiguas colonias, luego estados asociados de la Commonwealth, que por cierto reconocía derechos limitados a favor de dichos nacionales en suelo británico. Y también es cierto que existe un estatuto de ciudadanía concreta y vergonzante en Israel a fin de privar a los palestinos residentes en Jerusalén de un número no desdeñable de derechos. De momento, la Constitución española, de acuerdo con el derecho internacional, parece descansar sobre una única y misma población que integra el conjunto del Estado, a la que afortunadamente reconoce los mismos derechos y obligaciones.

Joaquim Forn distinguió entre víctimas españolas y catalanas. (EFE)
Joaquim Forn distinguió entre víctimas españolas y catalanas. (EFE)

Respecto del tercer elemento para jugar a ser Estado, la organización política, no me extenderé: el Tribunal Constitucional —que lo ha declarado ilegal— y la Comisión de Venecia —que lo ha desaconsejado en los términos en los que está previsto— lo han dejado suficientemente claro, y el derecho internacional también: no existe derecho de secesión si no es una independencia pactada con el Estado predecesor cuando hablamos de una comunidad que tiene reconocida suficiente representación en las instituciones nacionales, capacidad de autogobierno y autogestión y no es objeto de discriminación alguna por parte de dichas autoridades centrales. Pero sí recordaré aquí los muchos esfuerzos que se hacen en el seno de todas estas agencias y organizaciones europeas por convencer a los estados y proveerles de mecanismos útiles de cooperación en la lucha contra una lacra persistente, camaleónica, itinerante, contumaz y extremadamente peligrosa que tiene por objetivo destruir nuestro común sistema de valores, nuestras raíces, nuestras culturas y nuestra historia. La política antiterrorista es y debe seguir siendo una política de Estado, y a ser posible de consenso.

El pasado sábado, la ciudadanía de todo el Estado español, esto es, de dentro y fuera del territorio de Cataluña, recordó, homenajeó y lloró a las víctimas de estos ataques, como ha hecho siempre. Un reconocido internacionalista enviaba hace unos días un vídeo de un concierto en un pequeño pueblo italiano en el que, en solidaridad con los atentados, se tocaba al inicio el himno español; nadie chilló, pitó o abucheó, tal y como ocurrió con el jefe del Estado en la manifestación de Barcelona.

La política antiterrorista es y debe seguir siendo una política de Estado, y a ser posible de consenso

La autosuficiencia puede convertirse en un grave pecado de soberbia que ponga en peligro a todos: catalanes independentistas, catalanes no independentistas y resto de habitantes del Estado español y aún de otros países vecinos. Desgraciadamente, no es una exageración. Por errores y falta de coordinación similares a los habidos en el caso de los atentados de Barcelona y Cambrils, algunas voces europeas llegaron incomprensible e injustamente a tildar a Bélgica incluso de Estado fallido. Isak Dinesen, de una forma hermosa, reflexionaba en voz alta: “Conozco una canción que habla de África… ¿Acaso conoce África una canción que hable de mí?”. Tal vez aquellos que se empeñan en jugar 'a los estados' debieran hacerse una reflexión parecida. Seguramente, las víctimas internacionales, españolas y catalanas lo merecen.

Tribuna

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