Los tractores y las banderas

Medidas económicas como la subida del salario mínimo​, pensadas para los habitantes de la ciudad, son percibidas como una imposición nociva por los muchos habitantes del mundo rural

Foto: Varios agricultores a bordo de sus tractores participan en una manifestación para reclamar una ley que garantice precios justos para los productos agroalimentarios. (EFE)
Varios agricultores a bordo de sus tractores participan en una manifestación para reclamar una ley que garantice precios justos para los productos agroalimentarios. (EFE)
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Y los tractores llegaron. Al problema catalán sin resolver, añadimos ahora la siguiente crisis territorial de gran calado y complejidad, que lleva al menos dos décadas cociéndose a fuego lento y para la que 'a priori' no hay un cuerpo legal que la encarrile. Luchar contra ella es luchar contracorriente. La España interior se vacía y Madrid está en proceso de convertirse en una auténtica megalópolis incluso a costa de las capitales del levante.

El resultado es una rápida desconexión entre las grandes ciudades por un lado y las regiones rurales y mineras por otro, que amenaza con aumentar los conflictos de intereses entre ambas. El Estado, que no deja de regular y legislar la vida urbana y rural, se empequeñece en el campo a la hora de prestar servicios que en la ciudad consideramos por descontados.

Los colegios y los hospitales están lejos, las ambulancias y la policía tardan en aparecer, los bosques no se limpian, los edificios no se restauran y los trenes de alta velocidad (el progreso) cruzan la meseta uniendo grandes ciudades como los americanos cruzaron Villar del Río en 'Bienvenido Mister Marshall'. Esta desconexión no solo se produce en el plano territorial o económico. La separación cultural (y política) se acrecienta más y más.

La afinidad cultural y política entre un neoyorkino, un madrileño y un londinense puede ser ya mucho mayor que con sus conciudadanos del interior de Estados Unidos, España o Inglaterra. Y esto ya lo vemos elección tras elección. Una de las principales diferencias entre un Estado-Nación y una ciudad-Estado es que el primero implica no solo que se garanticen la igualdad de derechos entre los ciudadanos, sino también los equilibrios territoriales que hacen efectivos esos derechos, vertebrando así todo el territorio y garantizando las diferentes formas de vida que se dan en el mismo. En cambio las ciudades-Estado que poseen territorios tienden a convertirlos en zonas jerárquicamente subsidiarias, supeditando ese 'Hinterland' a las necesidades de la polis. Y ahora, medidas económicas como la subida del salario mínimo, pensadas para los habitantes de la ciudad, son percibidas como una imposición nociva por los muchos habitantes del mundo rural.

Fíjense bien en las banderas que llevan los tractores, pues no se trata de un patrioterismo rancio y abstracto, sino una reivindicación de igualdad ante la posibilidad, certera, de que desde las ciudades se corte el flujo de liquidez que actúa como nivelador de rentas ciudad-campo-industria, que es lo que da sentido al estado nacional como espacio jurídico y político cohesionado. La reacción viene desde las zonas rurales con las banderas de la nación, y ocurre lo mismo en toda Europa, donde los partidos tradicionales (salvo el Partido Conservador Inglés) están centrados en atender las agendas políticas y culturales de los habitantes de las ciudades.

Frente a esta paulatina 'dictadura de la mayoría' el resultado comienza a ser una nueva reacción del campo frente a la ciudad. Al igual que en otros países, se recurre a la identidad, a la patria y a la nación. Lo vimos con los chalecos amarillos y la tasa del diésel francés, y lo hemos visto con el Brexit y las recientes elecciones británicas, donde la reacción nacional al cosmopolitismo londinense llevó al laborismo a perder literalmente el norte por centrarse en la batalla cultural progresista de las grandes ciudades y no en las necesidades de las zonas obreras y mineras deprimidas.

¿Qué ocurrirá si el PSOE y el PP detectan que el voto rural les abandona y se marcha a Vox? Llegado el caso, ¿estarían ambos partidos dispuestos a reformar la ley electoral, como reclaman Podemos y Ciudadanos desde hace años? Hoy ese escenario parece distante y a falta de una reforma del Senado, podría suponer el definitivo sometimiento del mundo rural y un estallido social al estilo de los chalecos amarillos.

Veremos cómo se encauza esta nueva crisis territorial, pero podría darnos sorpresas esta legislatura, particularmente en lo que a la otra crisis territorial se refiere. Porque si se cambiase la ley electoral estatal, en Cataluña (que no tiene una propia) se equilibrará significativamente el reparto de escaños en el Parlament, que hoy beneficia a las provincias interiores frente a las urbanas, en perjuicio del independentismo. Y ese es un factor que (junto al auge de Vox) bien podría inclinar la balanza a favor de esta medida.

En una Europa con un 70% de la población viviendo en ciudades, los conflictos de intereses y la tensión entre campo y ciudad tenderán a acrecentarse

En cualquier caso, vemos cómo en Occidente la concentración del poder y el dinero en las ciudades está llevando a una mutación de los Estados nacionales en ciudades-Estado interconectadas entre ellas. En una Europa con un 70% de la población viviendo en ciudades, los conflictos de intereses y la tensión entre campo y ciudad (a cuenta de la economía, el cambio del clima, los animales, la cultura, etc.) tenderán a acrecentarse. Encontrar un nuevo equilibrio territorial será uno de los grandes retos de nuestra época.

*Fernando Caballero es arquitecto y urbanista.

Tribuna
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