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El euro de Draghi, una verdad inconveniente
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Gonzalo Suárez

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El euro de Draghi, una verdad inconveniente

La determinación de Draghi ha generado una gran polémica, no solo por ser una abrupta y no consensuada rectificación de una decisión gubernamental anterior con pocos meses de vida

Foto: Mario Draghi, primer ministro italiano. (EFE)
Mario Draghi, primer ministro italiano. (EFE)

Mario Draghi ha suspendido indefinidamente la campaña gubernamental italiana contra el dinero en efectivo, emprendida por su antecesor, Giuseppe Conte, que consistía en un sistema 'cashback' (con dinero público) de pagos electrónicos, acompañado de una extraña lotería que probablemente correrá la misma suerte. El primer ministro italiano ha señalado que este plan, además de caro (casi 5.000 millones de euros) e ineficaz en sus resultados, penaliza a las clases humildes y agrava la brecha entre el norte y el sur de Italia. Dos argumentos, la población vulnerable y el equilibrio económico del país, que también inspiraron la rectificación hace unos meses del Gobierno socialdemócrata sueco, que legisló sobre la aceptación obligatoria del dinero en efectivo para no perjudicar a sus ciudadanos menos digitalizados y evitar el riesgo sistémico que conllevaría su desaparición.

Dos premisas que también definen la propuesta legislativa del Gobierno de Boris Johnson, 'Access to cash', cuya finalidad es "proteger el dinero en efectivo y asegurar que la infraestructura del dinero en efectivo en el Reino Unido sea sostenible a largo plazo"; respondiendo al impacto de la pandemia en el flujo del dinero en la economía británica, con cuestiones tan cotidianas como la distancia que separa a los ciudadanos de un punto físico en que acceder a la libra.

Una protección legal que también se extiende en muchos estados y ciudades de EEUU, promovida sin distinción por legisladores republicanos y demócratas, que regula la aceptación obligatoria del dinero en efectivo, incluso estableciendo multas pecuniarias, como la vigente legislación francesa. Un movimiento legislativo que resume en dos frases el concejal que promovió la ley neoyorquina, "los consumidores tienen el derecho a elegir si quieren pagar con efectivo o no", y "estamos controlando los excesos de la economía digital".

Foto: El primer ministro italiano, Mario Draghi. (Reuters)

La determinación de Draghi ha generado una gran polémica, no solo por ser una abrupta y no consensuada rectificación de una decisión gubernamental anterior con pocos meses de vida, sino porque viene de una iniciativa de Fratelli d'Italia, un partido entroncado ideológicamente con el fascismo italiano, y porque ha recibido el aplauso de la Liga de Matteo Salvini y el partido de Berlusconi, mientras la rechazan el Partido Demócrata y otros grupos de izquierda. Es obvio que el prestigioso y equilibrado primer ministro italiano —el mismo que salvó al euro y al sistema financiero desde el Banco Central Europeo— no se ha hecho populista de la noche a la mañana, más bien al contrario. Su reacción advierte de una inesperada paradoja de evidentes riesgos políticos: el euro en efectivo es defendido por algunos de los más radicales enemigos de la idea de Europa y es atacado por quienes se llenan la boca a diario de europeísmo.

Una inquietante ironía que evidencia una disfunción grave entre las instituciones europeas, que basan su estrategia monetaria en dos pilares complementarios: el euro en efectivo y el euro digital, y partidos políticos de los Estados miembros, algunos con responsabilidad de gobierno, que la combaten activamente promoviendo leyes en sus ámbitos nacionales contra el uso del euro en efectivo, alejándose del espacio político que debería ser común. Cuesta entender esa posición de fuerzas políticas provenientes de la socialdemocracia, la democracia cristiana y el liberalismo, que contradice su identidad comunitaria y su propia historia, en un asunto que afecta de forma sustancial a la libertad individual, la privacidad y la justicia social.

Su reacción advierte de una inesperada paradoja de evidentes riesgos políticos

Hasta ese futuro en que se dispondrá del euro digital, el único dinero europeo de curso legal es el euro en billetes y monedas, símbolo y materialización de la soberanía económica de Europa, como ha reiterado el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en una reciente sentencia. Una certeza que hacía impensable que Draghi cayera en el error de debilitar el euro con dinero de los contribuyentes mientras se pide ayuda europea para la recuperación económica de su país, embarullar la idea de progreso con el interés mercantil de bancos y plataformas de pagos o participar de la privatización del dinero que conllevaría la desaparición del dinero en papel.

Sin duda, Draghi ha metido el dedo en la llaga haciendo prevalecer una verdad incómoda, la urgente necesidad de una rectificación. Europa necesita proteger el euro en efectivo en sus Estados miembros, con la supresión de normas que lo erosionan y la aprobación de leyes que regulen su aceptación obligatoria. Porque el euro es Europa, como el dólar lo es de Estados Unidos o la libra del Reino Unido, el símbolo en el mundo de su estatus y valores; la expresión real de su independencia política y económica, y, sobre todo, una garantía de seguridad y bienestar de sus ciudadanos, especialmente de los más vulnerables.

Mario Draghi ha suspendido indefinidamente la campaña gubernamental italiana contra el dinero en efectivo, emprendida por su antecesor, Giuseppe Conte, que consistía en un sistema 'cashback' (con dinero público) de pagos electrónicos, acompañado de una extraña lotería que probablemente correrá la misma suerte. El primer ministro italiano ha señalado que este plan, además de caro (casi 5.000 millones de euros) e ineficaz en sus resultados, penaliza a las clases humildes y agrava la brecha entre el norte y el sur de Italia. Dos argumentos, la población vulnerable y el equilibrio económico del país, que también inspiraron la rectificación hace unos meses del Gobierno socialdemócrata sueco, que legisló sobre la aceptación obligatoria del dinero en efectivo para no perjudicar a sus ciudadanos menos digitalizados y evitar el riesgo sistémico que conllevaría su desaparición.

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