Mitos y leyendas sobre el futuro de las pensiones públicas

Sin duda, como suele ocurrir en torno a cualquier debate político, los mitos y las leyendas forman una parte sustancial del mismo. Cuando se debate sobre los sistemas de pensiones públicas ocurre esto, con intensidad si cabe. Se convierten en mitos muchas ideas preconcebidas sobre el sistema, sin ninguna demostración fehaciente sobre los contenidos de dichos mitos, que con el tiempo pasan a ser leyendas de uso común.

Así ha ocurrido y ocurre con el mito de la sostenibilidad de las pensiones en España. Hace ya algunas décadas que se anunció la quiebra del sistema público, por mentes interesadas en ella, sin que tal situación haya acaecido hasta el momento.

Ocurre que a menudo se ocultan intereses espurios u opiniones políticas relacionadas, todas ellas lícitas, por supuesto, que dan por asumido lo que desde las particulares opiniones subjetivas pregonan, revistiéndolo todo ello con el fruto mediático de la aplicación de las más avanzadas técnicas económicas.

Las transferencias del Presupuesto para financiar el aumento de gastos de la Seguridad social se han incrementado en el último bienio

Es, en este contexto, donde nos encontramos cotidianamente afirmaciones tajantes sobre la insostenibilidad financiera del sistema de pensiones (sic) si se revaloriza el monto de estas con respecto al IPC u otro parámetro. O se pronostican desastres singulares si, con el fin de financiar un incremento de los recursos destinados a la financiación de las mismas, se incrementan contribuciones tributarias de uno y otro cariz.

Se argumenta en torno al sistema de pensiones como si fuera un círculo cerrado en cuanto a sus recursos, pero no así en cuanto a sus gastos. Y como tal sistema cerrado no se admite la posibilidad de colocar más recursos provenientes, por ejemplo, de otras áreas de las finanzas públicas. A fin de cuentas, lo que llamamos Seguridad Social, donde se alojan los recursos que financian las pensiones no es más que una división autónoma-administrativa, más o menos acertada, del conjunto de los Presupuesto del Estado. Nada impide que se produzcan transferencias entre las diferentes áreas funcionales de éste. Y eso es lo que se ha hecho estos dos últimos años, sin atender a los dictados de este mito. Las transferencias del Presupuesto para financiar el aumento de gastos de la Seguridad social se han incrementado sustancialmente (se ha doblado, para 2020, con respecto al 2008, por ejemplo), particularmente en el último bienio.

El mito de la sostenibilidad

Pero, a efectos de clarificar el debate y dejar a un lado algunos de esos mitos, convendría definir a qué se hace referencia con el concepto de “sostenibilidad”. Si nos estamos refiriendo al equilibrio entre un flujo de gastos y otro de ingresos, en un determinado horizonte, habríamos de entender que el sistema es sostenible cuando podemos recabar los recursos suficientes para cubrir los gastos. Si presuponemos que el sistema no es cerrado, cuestión a la que antes aludíamos, el equilibrio para la sostenibilidad se podría alcanzar tanto aumentando los ingresos como reduciendo los gastos. Y este es el gran mito con el que nos bombardean desde medios de todo tipo. Porque, en el caso de que el flujo de gastos tienda a aumentar, ¿a causa de qué no se puede alterar el flujo de ingresos?

Y aquí los argumentos se revisten de ciencia, mayormente de poca calidad, por la carencia de contrastación empírica de las afirmaciones.

No es el nivel de presión fiscal en un país lo que determina de forma inmediata el nivel competitivo de las empresas que en él trabajan

La práctica pasada nos indica que se ha primado el ajuste, para asegurar una forma concreta de sostenibilidad, a partir de la premisa de la “maldad” intrínseca de aumentar los ingresos destinados a financiar las transferencias para cubrir el monto cotidiano de las pensiones públicas. El mito más destacado hace referencia, en última instancia a los males que se derivarían de un aumento de la presión fiscal (en la forma que sea como se lleve a cabo), que redundaría negativamente en la dinámica de la producción interna, por el deterioro subsecuente, se dice, de la competitividad de las empresas que operan en territorio nacional, y del empleo, como resultado derivado. Si esto fuera así sin más, muchos de los países de la UE, por ejemplo, con niveles superiores al nuestro en materia de presión fiscal, habrían de tener una inferior posición competitiva, lo que no es el caso para Francia o Suecia, por poner un par de ejemplos. No es el nivel de presión fiscal en un país -o un territorio- lo que determina de forma inmediata el nivel competitivo de las empresas que en él trabajan. Es más, históricamente podríamos observar que el crecimiento hasta ciertos niveles de los recursos públicos es una condición necesaria -aunque obviamente no suficiente, en determinados contextos, para el crecimiento económico y el desarrollo social sostenibles.

Bien, entonces si cabe abordar dinámicas de incremento del gasto en pensiones con aumentos de los recursos financieros destinados a tal fin, ¿cuándo se situaría el límite de la insostenibilidad? ¿En una cuantía del gasto del 16% del PIB?, por ejemplo, cifra que apuntaba hace unos días un colega como horizonte hacia el que camina nuestro sistema a partir de la incorporación, desde ya, de las denominadas generaciones del baby boom al ejército de los jubilados. A veces las cifras expresan más un deseo o una opinión sustentada en una determinada ideología política, con apoyo en ciertos intereses económicos, que un cálculo mínimamente riguroso. Dicho sea de paso, la OCDE estima en su reciente informe sobre el sistema de pensiones que, proyectando el gasto en pensiones a partir de las circunstancias legales actuales e incorporando predicciones económicas y demográficas elaboradas por sus servicios técnicos, la cifra más elevada que se alcanzaría en España es del 13,2% del PIB, para el año 2045. A partir de aquí comenzaría a descender, al reducirse la presión demográfica de los baby boomers.

El mito de la equidad intergeneracional

Es en ese terreno donde la reforma que está planteando el gobierno actual se muestra valiente al abrir camino al aumento de los ingresos para abordar el esperado crecimiento acelerado del número de pensionistas en los próximos años, enfrentándose a tales leyendas sobre el incremento de presión tributaria.

No obstante, a mi entender no se ha elegido la herramienta más adecuada, incrementando las cotizaciones a la SS, ni se alcanzará la cuantía adecuada con la medida propuesta para cubrir el incremento del gasto presupuestario que se avecina. Aquí, la reforma se ha dejado arrastrar por otro de los mitos que circulan en el entorno del debate sobre las pensiones, el de la equidad intergeneracional. La herramienta que se pretende poner en marcha, el “Mecanismo de Equidad Intergeneracional” (MEI), que sustituye al non nato “Factor de Sostenibilidad” introducido por la reforma de 2013, del gobierno conservador de Rajoy.

¿No han transferido bastante esas generaciones a las actuales? Entonces ¿dónde colocamos el rasero de la equidad intergeneracional?

Porque de nuevo nos interrogamos, ¿qué concepto manejamos de equidad intergeneracional? ¿Tenemos solo en cuenta el aumento previsto de transferencias de las generaciones que actualmente trabajan hacia los baby boomers para financiar sus pensiones? Y ¿por qué no consideramos las transferencias que en su día hicieron estos últimos para financiar, entre otros beneficios, la educación o la sanidad públicas, para los, ahora o en el futuro inmediato, activos? En 1971, año que podríamos considerar el punto en que los baby bommers comienzan a trabajar, la presión fiscal en España era del 15,8%, el gasto público en educación ascendía al 1,9%; en sanidad al 2,7% y la esperanza de vida al nacer se situaba en los 71 años. Cuando esta generación comienza a incorporarse a la jubilación, 2023, estas cifras se situarán, respectivamente, en el 37,20%, 4,5%, 6,4%, todo lo cual ha contribuido a que la esperanza de vida al nacer hoy llegue a los 82 años. ¿No han transferido bastante esas generaciones a las actuales? Entonces ¿dónde colocamos el rasero de la equidad intergeneracional?

Y la leyenda sobre las cifras futuras

La última reflexión al respecto, acogiéndonos a las cifras más al uso que, ofrecen los informes sobre pensiones de la OCDE, nos permitirían afirmar la insuficiencia de los recursos a recabar por el MEI, ahora creado con está última reforma. Un aumento de la cotización de 0,6 puntos porcentuales durante 10 años recabaría, según las propias estimaciones del propio gobierno que auspicia esta reforma, unos 45.000 millones de euros en diez años. Si en el punto más alto de presión del coste de las pensiones tras la incorporación de los baby boomers a la jubilación, a situar en el año 2045, ha de ser un 13,2 por ciento del PIB, tal como estima la OCDE en su informe de 2021 sobre las pensiones, estamos hablando que para ese año se requerían unos 35.000 millones más de recaudación para hacer frente a dicho gasto en pensiones. Si se alargara ese periodo de incremento de recaudación (a través del MEI) hasta el año 2045 (durante 23 años y no 10), se conseguiría que el déficit estimado se situara solo algo más de 1.500 euro por año. Lo que significaría que el aumento de las cotizaciones se situará en aproximadamente 0,85 puntos porcentuales desde 2022 hasta 2045. Pero esto, según el propio gobierno afectaría (no sé cómo) a la denominada equidad intergeneracional.

Aún queda camino por recorrer

Sin duda, con las medidas que se incorporan tras la última reforma se avanza en el camino establecido en el artículo 50 de la Constitución. Más recursos para garantizar la suficiencia para el conjunto de los pensionistas y revalorización periódica para mantener año a año dicha suficiencia (al menos en lo que a su poder adquisitivo se refiere).
Es una decisión política que apuesta por cumplir ese mandato constitucional y equilibrar gasto e ingresos por la vía de incrementar estos últimos. En vez de reducir el valor medio de las pensiones tal como, con medidas estructurales, hacía la pasada reforma, hoy derogada, de 2013, y de otro modo y en menor escala, la de 2011, con medidas de carácter paramétrico, menos gravosas para el pensionista medio, y cuyos efectos culminarán en 2027.

Con toda esta amalgama de reformas en marcha, es con lo que estima la OCDE que nuestro gasto se situará en el 13,2 por ciento del PIB, allá por el año 2045, cuando la presión demográfica comenzará a relajarse y esta cifra tenderá a disminuir.

Así que hay tiempo, no se ha acabado el plazo para reformas adicionales en nuestro sistema público de pensiones

Pero, como señalaba con anterioridad, aún queda pendiente resolver el origen de más recursos para cubrir en su totalidad el incremento de gastos previstos o, como algunos pensamos resultaría más fructífero, abordar el recorte del gasto global a través de un paulatino y flexible aumento de la edad de jubilación. Incluso cabría pensar en un concepto de suficiencia, más generoso, que incorporara también para los pensionistas una revalorización similar a la que van adquiriendo las rentas del resto de la población (al compás del incremento de la productividad del sistema productivo).

Pero, también, queda pendiente abordar la modificación de otros aspectos de la topografía interna del sistema de pensiones, como puede ser la normativa que regula las pensiones de viudedad o en favor de familiares, que presionan sobre el gasto global, cuando ya la justificación de su existencia o de su cuantía individual han dejado de tener vigencia social, al menos la que tuvieron en el pasado. Entiendo, que se queda para futuras reformas.

Todo ello y más, auguran nuevas reformas, que como en otros aspectos de la vida social y política no es ningún defecto del sistema político sino síntoma de dinamismo para enfrentarse a los nuevos problemas que continuamente han de afrontar nuestras instituciones públicas. Así que hay tiempo, no se ha acabado el plazo para reformas adicionales en nuestro sistema público de pensiones.