Es una temeridad despreciar las advertencias del CGPJ sobre la ley trans

En Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha publicado un duro informe sobre el 'Anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI'. La institución consultiva considera que el Anteproyecto discrimina a las mujeres, pone en peligro a la infancia y tiene elementos inconstitucionales.

El CGPJ señala que el Anteproyecto discrimina a las mujeres deportistas al permitir que transexuales compitan contra mujeres, sin tener en cuenta la ventaja física que proporciona la biología masculina. El informe también alerta sobre la posibilidad de que los agresores machistas utilicen el cambio de sexo legal para eludir las normas de violencia de género, puesto que el Anteproyecto no establece cautelas suficientes para impedir este peligro.

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Uno de los elementos del Anteproyecto que más preocupa al CGPJ es la modificación del sexo registral de los menores. El CGPJ considera que este punto del Anteproyecto es contrario a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y que es necesario que los menores obtengan una autorización judicial tras acreditar suficiente madurez y la existencia de una situación estable de transexualidad. Es necesario proteger a los menores garantizando que tienen capacidad para adoptar una decisión tan importante. El cambio de sexo registral en menores debería ser excepcional y el cambio de nombre es un trámite más adecuado para estas edades.

El informe se muestra crítico con el difuso concepto de “terapias de conversión” que adopta el Anteproyecto. El texto legal permite poner multas estratosféricas a profesionales de la medicina y la psicología por el mero hecho de realizar una terapia psicológica que explore las causas de la incongruencia de género. El CGPJ indica que las terapias psicológicas no pueden prohibirse si son consentidas por personas adultas y que dichas terapias no deben ser consideradas terapias de conversión.

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En este punto habría que tener en cuenta los testimonios presentados por la Plataforma Amanda, integrada por menores afectados y sus familias. Los adolescentes que dudan de su identidad y presentan comportamientos considerados poco femeninos o poco masculinos son conducidos de modo precipitado a definirse como “trans” y a hormonarse. Las Comunidades Autónomas tienen protocolos sanitarios que permiten la administración de “bloqueadores de la pubertad”, con graves efectos sobre la fertilidad, el cerebro y los huesos, desde los nueve años de edad. Países como Suecia, Australia y Reino Unido están apostando por un abordaje más prudente de la disforia de género en menores, puesto que los datos muestran que el 80% de los menores con disforia la superan tras la pubertad si no se les empuja a transitar. La Alianza contra el Borrado de las Mujeres considera que el informe del CGPJ se ha quedado corto y que debería haber señalado que no se debe prohibir la terapia psicológica dirigida a intentar resolver la disforia.

Además de rechazar las multas a profesionales sanitarios, el informe del CGPJ considera que el Anteproyecto no debería multar opiniones, puesto que en las redes sociales se producen tensos intercambios entre particulares y para los casos de expresiones graves ya existe el delito penal del discurso de odio.

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El aspecto del informe del CGPJ más decepcionante para las asociaciones de mujeres es que la institución consultiva no ha señalado de modo claro que la autodeterminación del sexo registral es inconstitucional. El texto del Anteproyecto permite que las personas modifiquen su sexo registral mediante una simple declaración en el registro civil, sin presentar informes médicos o psicológicos que acrediten que son transexuales. Varios vocales del CGPJ han presentado un voto concurrente señalando que el cambio de sexo debe hacerse mediante “acreditación de la disconformidad con el sexo” y no mediante “mera declaración de voluntad”. No hay precedentes en el ordenamiento jurídico de “autodeterminación” de otros elementos registrales como la edad o la nacionalidad, que no pueden cambiarse mediante una declaración.

El CGPJ señala que el Anteproyecto discrimina a las mujeres deportistas al permitir que transexuales compitan contra mujeres

Eliminar la acreditación de la disforia sitúa en grave peligro los derechos fundamentales de terceras personas y la seguridad jurídica. Esta posibilidad supone un agravio comparativo para otros colectivos, puesto que las personas transexuales podrán acceder a ayudas y subvenciones sin tener que acreditar su condición, mientras que el resto de la población, como las personas con discapacidad o quienes demandan una renta mínima sí tienen que acreditar sus circunstancias.

La Alianza contra el Borrado de las Mujeres señala que la eliminación de requisitos para el cambio de sexo legal pone en riesgo la integridad física de las mujeres en espacios separados como prisiones, baños y salas seguras para mujeres con discapacidad o salud mental. La autodeterminación también permite a los maltratadores eludir la normativa contra la violencia machista y posibilita el fraude en materia de listas electorales, paridad, ayudas y premios para mujeres.

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El informe del CGPJ ha realizado un análisis de las sentencias de Tribunales Internacionales, concluyendo que el derecho internacional no exige la eliminación de los informes médicos. La exigencia de presentar un certificado médico de disforia es perfectamente compatible con la dignidad de las personas transexuales. El CGPJ señala que cada Estado puede decantarse por el sistema probatorio que prefiera en esta materia, entre varias posibilidades. Según el estudio realizado por el CGPJ, no hay ningún país que prevea el cambio de sexo registral con menos requisitos que el Anteproyecto español.

El informe indica que la expresión “despatologización” empleada en el Anteproyecto no está recogida en ningún diccionario y no tiene un significado claro. En cualquier caso, el CGPJ señala que la Organización Mundial de la Salud no exige que se elimine el requisito del diagnóstico médico. La “despatologización de la transexualidad” quedaría plenamente satisfecha con la actual legislación española, que permite el cambio de sexo registral con una acreditación psicológica de disforia de género, sin necesidad de someterse a una cirugía genital.

El informe indica que la expresión 'despatologización' empleada en el Anteproyecto no está recogida en ningún diccionario

Las asociaciones de mujeres han criticado el lenguaje empleado por el Anteproyecto. El texto legislativo se propone eliminar términos como “madre”, ahora considerados ofensivos por basarse en la realidad biológica del sexo. Un término que ha indignado a la opinión pública es “progenitor gestante”, que sugiere que los hombres pueden quedar embarazados. Otro término polémico es “sexo asignado al nacer”, que parece sugerir que el sexo no es una realidad empírica. El informe del CGPJ no ha criticado el uso de estas palabras.

Las asociaciones de mujeres denuncian que la filosofía negacionista presente en el Anteproyecto llega hasta el extremo de borrar por completo el sexo biológico en los registros y documentos públicos de las personas que transitan, haciendo imposible medir el impacto de esta ley sobre las mujeres, por ejemplo, las agresiones en prisiones de parte de personas transexuales que mantienen sus genitales intactos o el fraude por parte de agresores machistas.