Fondos Next Generation: el fiasco español se llama 10%

"Si tuviéramos que elegir uno solo de entre todos los errores trágicos de la historia moderna de la integración europea, ese sería el que tuvo lugar durante la crisis del euro, cuando los más proeuropeos capitularon y renunciaron a los eurobonos y a la unión fiscal", escribía Wolfgang Münchau en EuroIntelligence. La UE es una sucesión de oportunidades perdidas por culpa de la reticencia de sus miembros a aceptar una soberanía superior a las nacionales y por la excesiva burocratización de sus instituciones, que hace que los asuntos más relevantes, caso de la mutualización de la deuda, se enreden hasta no salir nunca.

Fuimos muchos, sin embargo, los que pensamos que las crisis del covid, primero, y de Ucrania, después, servirían para redimirnos y darnos cuenta de que nuestra supervivencia solo puede pasar por una mayor integración. Unión frente a fragmentación. Así surgieron los Next Generation, fondos que se financian con emisiones respaldadas por los Estados miembros y que, unidos al presupuesto a largo plazo de la UE, constituyen el mayor paquete de estímulo jamás financiado en Europa. En total, más de dos billones de euros, la madre de todos los planes Marshall.

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Pero los años pasan y los fondos hacen agua. No hay un solo foro en el que no se critiquen la lentitud y opacidad de los mismos. Los empresarios rezongan que el Gobierno ni da ni dice donde hay. Las quejas vienen de diestra y siniestra.

Los números ponen negro sobre blanco el fiasco de los Next Generation en nuestro país. Según Standard & Poor’s, España apenas ha ejecutado 7.700 millones de los 77.200 asignados, es decir, solo un 10%, y le será imposible cumplir con los plazos previstos para el plan, que vence en 2026. "Parece cada vez más probable que estos países", dice S&P en referencia a España e Italia, "así como otros gobiernos que están beneficiándose de importantes ayudas de la UE, pidan una prórroga para llevar a cabo los proyectos".

Las dificultades para gestionar una herramienta inédita hasta ahora —obstáculos a los que no es ajeno ninguno de los países miembros— no deben servir de excusa para ocultar el fracaso de la ejecución de los fondos, tal y como señalan en el mundo empresarial, ni la falta de transparencia de los mismos. Todo ello viene a colación por el hecho de que el Ejecutivo omite dar los nombres de los beneficiarios de las ayudas en un flagrante ejemplo de opacidad y alimenta la especie de que el dinero se reparte teniendo en cuenta más criterios ideológicos que objetivos.

Lo más grave es que el plazo para ejecutar los fondos finaliza el 31 de diciembre de este año

"La política como espectáculo se olvida de la gestión de lo público en beneficio de todos", apunta la exvicepresidenta Sáenz de Santamaría en Nueva Revista, "pero luego, claro está, hay que gestionar los fondos europeos para transformar la economía del país o aprobar unos presupuestos generales del Estado, lo que exige algo más que un par de tuits".

Llueve sobre mojado. Me refiero a lo de no saber qué hacer con el dinero o directamente malgastarlo. Para muestra, un botón: España todavía no ha ejecutado 32.378 millones de euros de los 75.067 millones de euros que le correspondían de los Fondos Estructurales y de Inversiones pertenecientes al periodo 2014-2020, según datos de la Comisión Europea. Es el país con peor porcentaje de tasa de absorción de toda la Unión Europea. Un auténtico escándalo. Con todo y con eso, lo más grave es que el plazo para ejecutar los fondos finaliza el 31 de diciembre de este año. O lo que es lo mismo, solo nos quedan cinco meses para que esa pastizara no vaya directa a la basura.

Se trata de un mal endémico que viene de lejos y que afecta a los distintos gobiernos, sean de un partido u otro, pero que con el actual queda más evidente que con el resto, por lo abultado de los montantes que se manejan.

Toda la férrea condicionalidad que se presuponía iban a exigir a los países para el desembolso de las ayudas ha quedado en simples pescozones

En un informe reciente, Juanma Revuelta, CEO de Finnova, apuntaba a la falta de foco político y de programas para instruir a los gestores públicos y a los funcionarios en estos ámbitos, hecho que dificulta la tramitación que conllevan las ayudas, argumentos similares a los esgrimidos por Sáenz de Santamaría. Afirma igualmente que los instrumentos de partenariado público-privado tampoco están realizando una buena labor a la hora de comunicar las oportunidades que pueden ofrecer los fondos europeos para los ciudadanos.

Para más inri, la Unión Europea también ha puesto de su parte para que los fondos Next Generation naufraguen. Toda la férrea condicionalidad que se presuponía iban a exigir a los países miembros para el desembolso de las ayudas ha quedado en simples pescozones, lo que está convirtiendo los fondos en un queso gruyere. Es el caso de la reforma de las pensiones de España que Bruselas ha dado por buena y que un think tank independiente como Fedea considera que no solo no contribuirá a garantizar la sostenibilidad del sistema, sino que generará el efecto contrario.

Mutualización de deuda, sí, pero no así, abdicando de principios irrenunciables como el equilibrio presupuestario, la necesidad de control y la contención. Todo ello conduce a esa sensación cada vez más extendida de que la barra libre de fondos europeos puede acabar como El guateque o, lo que es lo mismo, en una gran resaca.