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Eludir la responsabilidad y culpar a otro: eso es hoy la política española
Echar la culpa de todo a los demás es un rasgo muy humano. La política española está convirtiendo la elusión de la responsabilidad en un arte
La semana pasada, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, desmintió a quienes aseguran que la ley de vivienda ha provocado un descenso de la oferta de pisos de alquiler y un aumento de su precio. Según dijo, el año anterior a su aprobación ya se habían retirado pisos del mercado. Y, en todo caso, afirmó, las comunidades autónomas tienen la culpa de "no aplicar el seguro de impago de alquiler que prevé el Plan de Vivienda".
En su última propuesta de financiación para la Generalitat de Cataluña, el Gobierno de Pere Aragonès asegura que se está produciendo una "pérdida de bienestar de los ciudadanos" catalanes y que existe "un freno [a su] crecimiento económico". Pero la culpa no es de la gestión de la Generalitat, sino del Gobierno central, que somete a los catalanes a una "insuficiencia financiera crónica" y a un modelo cuya aplicación no es "equitativa".
Tras los importantes problemas sanitarios que durante años ha sufrido la Comunidad de Madrid, su consejera de Sanidad, Fátima Matute, reconoció que "faltan médicos de familia y pediatras de Atención Primaria. Pero también faltan geriatras, psiquiatras, psicólogos clínicos o profesionales de enfermería, entre otros". Pero la culpa, explicó, no es del Gobierno autonómico, sino del nacional.
La culpa siempre es de los demás
Son solo tres ejemplos recientes del funcionamiento habitual de la política española. Cuando algo no funciona, el Gobierno central le echa la culpa de ello a las comunidades autónomas gobernadas por la oposición. Y las comunidades le echan la culpa al Gobierno nacional, siempre y cuando este no lo dirija su partido.
Por lo general, los ciudadanos comunes no disponen de herramientas que les permitan saber quién tiene razón. El mercado inmobiliario, la financiación autonómica o el sistema sanitario son tan complejos que solo los especialistas pueden comprenderlos en su totalidad. Y a los periodistas nos resulta difícil no ya solo entenderlos, sino explicarlos en un artículo de 600 palabras, dos minutos de telediario o uno de intervención en una tertulia. En consecuencia, de manera bastante predecible, el ciudadano opta por creer a su partido predilecto y por responsabilizar de los males al adversario o a la institución que le resulta más antipática. Los políticos lo saben, y por eso utilizan constantemente el recurso de culpar a otros de todos los problemas. Es una manera cómoda no solo de eludir las responsabilidades, sino de hacer campaña electoral desde las instituciones.
Echar la culpa de todo a los demás es un rasgo muy humano. Como decía el escritor Christopher Hitchens, el mejor amigo del hombre no es el perro, sino el chivo expiatorio. Sin embargo, la política española está convirtiendo la elusión de la responsabilidad en un arte. ¿Sube la luz?: la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, culpa al PP. ¿El Gobierno valenciano de coalición PP-Vox tiene dificultades para pagar las facturas? La culpa, según su portavoz, es del Gobierno Central y del anterior Gobierno regional de izquierdas. ¿El plan de empleo para Andalucía va mal? Según Yolanda Díaz, es porque la Junta ha hecho una "deficiente ejecución" y, a pesar de los "requerimientos permanentes" de la documentación necesaria, esta llegó tarde al ministerio. ¿El Ayuntamiento de Madrid tiene un déficit excesivo? La culpa es de Pedro Sánchez por hacer trampas con la contabilidad. Los ejemplos son infinitos y afectan a todos.
Más infantiles, peor gestionados
Una primera consecuencia de este automatismo es la infantilización de la política. Hoy, seguir el debate sobre cuestiones serias que afectan a nuestro bienestar y nuestra riqueza requiere contemplar a una sucesión de adultos bien pagados que dedican una desproporcionada cantidad de tiempo a señalar con el dedo a sus rivales mientras muestran teatralmente su indignación.
Pero hay algo incluso peor que ese espectáculo. Los políticos tienen cada vez menos incentivos para dedicarse a la gestión y hacer más eficaces las instituciones públicas. Han interiorizado que su trabajo es esencialmente comunicativo, y que deben desarrollarlo ante los medios y en las redes sociales en mucha mayor medida que en el despacho y ante documentos serios e interlocutores sectoriales. Ahora nos encontramos ante una nueva vuelta de tuerca: esos políticos ni siquiera dedican sus esfuerzos a establecer un relato acerca de las virtudes de su Gobierno, sino, sobre todo, a crear una narrativa acerca de la culpa de todos los demás. Una vez la tienen, la reiteran de manera constante, cinco veces al día, en ruedas de prensa, comparecencias parlamentarias, tuits, entrevistas, eventos y cualquier otra ocasión en la que haya una cámara cerca. Es decir, siempre.
Los políticos tienden a ser sectarios, pero racionales. Y si hacen todo esto es porque creen que les puede beneficiar. Cuanto más insultes al rival, más probabilidades tienes de que los tuyos te aprecien, piensan. Seguramente es verdad. Alguna responsabilidad tenemos los medios.
Pero, así, la política se convierte en un espectáculo tragicómico en el que nadie reconoce ser bueno, pero se deja la vida y el presupuesto del que dispone defendiendo que peor es el rival. Eso conduce, de manera casi inevitable, a una propagación estructural de la deslealtad y el deterioro del sector público. Si sus responsables consideran que su tarea consiste en rehuir sus responsabilidades y generar una adictiva polarización, seguramente nosotros estaremos mucho más entretenidos. Pero nuestros recursos comunes estarán mucho peor gestionados.
La semana pasada, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, desmintió a quienes aseguran que la ley de vivienda ha provocado un descenso de la oferta de pisos de alquiler y un aumento de su precio. Según dijo, el año anterior a su aprobación ya se habían retirado pisos del mercado. Y, en todo caso, afirmó, las comunidades autónomas tienen la culpa de "no aplicar el seguro de impago de alquiler que prevé el Plan de Vivienda".
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