La nueva doctrina independentista: o nosotros, o el caos

Ayer, el Parlament de Cataluña no invistió presidente de la Generalitat a nadie. Nadie tenía mayoría suficiente y nadie se presentó candidato. La Mesa consideró que ese hecho equivalía a una candidatura fracasada, de tal modo que ha empezado a correr el tiempo. Si en los próximos dos meses nadie tiene los apoyos necesarios para ser investido, habrá elecciones el 13 de octubre. Estoy dispuesto a jugarme bastante dinero a que eso es lo que va a suceder.

Estos meses de verano, pues, serán tediosos. El PSC exigirá reiteradamente un “pacte progressista” a los Comuns y ERC para proclamar presidente a Salvador Illa. Junts exigirá el apoyo de ERC y la abstención del PSC: si Collboni puede ser alcalde de Barcelona, y Pedro Sánchez presidente de España, sin haber sido los más votados en las elecciones, ¿por qué no Carles Puigdemont en el caso de la Generalitat?, dijo ayer Albert Batet, el portavoz de Junts. Si el PSOE aceptó todas las condiciones que le puso Puigdemont a Santos Cerdán en Bruselas para investir a Sánchez, ¿por qué no iba ahora a suceder lo mismo, pero para la investidura del independentista?, insinuó.

Buena parte de todo esto son escenificaciones previsibles en un Parlament con una composición como la actual y un actor clave para cualquiera de las dos salidas, ERC, profundamente dividido. En los próximos sesenta días se producirán muchas más promesas de trabajar por la gobernabilidad, acusaciones cruzadas de paralizar Cataluña y repartos de culpas por la posibilidad de unas nuevas elecciones. Pero también emergerá una doctrina que lleva tiempo abriéndose paso en Junts, y más recientemente en partes de ERC. Dado que la independencia es inviable a corto plazo, piensan algunos líderes, o mandamos nosotros, o entenderemos que nuestra tarea consiste en sembrar el caos. O independentistas, o desgobierno.

Mesianismo y nihilismo

No es algo nuevo en el nacionalismo. Y Puigdemont ha mostrado ya esta mentalidad, que mezcla mesianismo con nihilismo, con los inacabables trucos y giros de guion que ha desplegado durante los siete años que ha permanecido en Bruselas fugado de la Justicia. Esa mentalidad se debe, en gran medida, a que una parte del independentismo no quiere admitir que la mayoría de la sociedad catalana no es independentista. A que no quiere reconocer que en el Parlament existe una mayoría no independentista —aunque a eso ayude, por supuesto, que el PSC ni se plantee formar un bloque con el PP y Vox— y que ni siquiera hay apoyo suficiente para un referéndum de independencia. Todo se debe a que ese independentismo ha basado su labor política en la idea de que solo él tiene legitimidad plena para gobernar Cataluña, establecer sus necesidades, reivindicar su voluntad supuestamente unitaria y, en definitiva, hablar en su nombre. Si las mayorías parlamentarias no quieren reconocer este hecho, piensa, la culpa es de las mayorías parlamentarias. Y lo que hará esa parte del independentismo si estas no se adaptan a su sensación de hiperlegitimidad es generar el mayor desgobierno posible.

Fue posible advertir cómo emergía esa doctrina en el enfado que mostraron Carles Puigdemont y Gabriel Rufián tras conocerse el pacto del PSOE y del PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial. “En España, las regeneraciones democráticas […] las anuncian los gobiernos de izquierdas y siempre las gana” la derecha, dijo el primero. El Gobierno había creado una nueva “gran coalición” con el PP, dijo el segundo. El mensaje era claro: queremos que el Gobierno de España esté sometido a nuestras preferencias; en caso de que estas no sean tenidas en cuenta, lo que queremos es que el Estado se suma en el desgobierno y, a ser posible, en el caos.

Para el independentismo, la posibilidad de generar desgobierno en Madrid es irresistiblemente atractiva: si no nos dan la independencia, han reconocido de manera explícita algunos de sus diputados en el Congreso, destruiremos su gobernabilidad. Lo interesante es que ahora Junts, de manera activa, y ERC, de manera pasiva, reconozcan que están dispuestos a hacer lo mismo en Cataluña: si el poder no puede ser nuestro, no debe ser para nadie. Y mucho menos, como dijo ayer Pilar Rahola, a todos los efectos una portavoz de Junts, para “un subalterno del Estado español, que siempre ha sido un servil servidor de los intereses españoles, llamado Salvador Illa”.

Bloqueo largo

En estos dos meses, muy probablemente, ERC no querrá asumir el riesgo de apoyar la investidura de Illa. Y el PSC no se abstendrá para la investidura de Puigdemont. Pero esta situación se podría alargar incluso más allá de unas nuevas elecciones. Por supuesto, en algún momento habrá un nuevo presidente de la Generalitat. Pero el objetivo del nacionalismo ha mutado. Cuando creía que la independencia era posible, el objetivo era la independencia. Cuando se dio cuenta de que la independencia no era posible, el objetivo pasó a ser la salvación de sus líderes por medio de los indultos, los cambios en el Código Penal y la amnistía. Ahora se ha percatado de algo potencialmente muy peligroso para él: la posibilidad de que un no independentista presida la Generalitat y se haga explícito que los no independentistas son una mayoría legitimada. Ante eso, su opción está clara: bloquear las instituciones tanto como sea posible. O nosotros, o el caos.