Ceuta y Melilla: de concesión en concesión hasta la derrota final ante Marruecos

Hubo un tiempo, hace ya 13 años, en el que la Asamblea de Ceuta aprobó por unanimidad solicitar al Gobierno que tramitase el ingreso de la ciudad en la unión aduanera europea de la que quedó excluida, por voluntad propia, cuando España ingresó en 1986 en lo que era entonces la Comunidad Europea. Su objetivo, al formular esta petición, era reforzar así su carácter europeo.

Hubo un momento, tras la invasión migratoria pacífica de Ceuta el 17 y 18 de mayo de 2021, en el que el Gobierno pareció dispuesto a apoyar, por fin, esa reivindicación. Así lo manifestó el entonces secretario de Estado para la UE, Juan González Barba, cuando visitó la ciudad justo después de la entrada masiva de inmigrantes promovida por las autoridades de Marruecos, según los informes del CNI publicados por el diario El País.

Hubo otro momento, el 27 de mayo de 2021, en el que Iván Redondo, entonces director del gabinete del presidente Pedro Sánchez, declaró en el Congreso que se elaborarán planes integrales de seguridad para ambas ciudades con el propósito, entre otras cosas, de impedir la repetición de esos acontecimientos migratorios. En esos planes se hubiese incluido alargar, como lo ha pedido la Guardia Civil, los espigones que separan a Ceuta de Marruecos para dificultar así la inmigración a nado.

Hubo un tercer momento, el 7 de abril de 2022, en el que se anunció normalización y fluidez en la circulación de viajeros y mercancías entre las dos ciudades autónomas y Marruecos. Fue el propio presidente Pedro Sánchez el que lo confirmó tras la cena de Ramadán que celebró ese día en Rabat con el rey Mohamed VI para sellar la reconciliación entre ambos países tras 15 meses de crisis.

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Han pasado dos años y medio desde aquella declaración del secretario de Estado para la UE y el Gobierno de coalición no ha dado un solo paso en esa dirección, como tampoco lo hicieron sus predecesores del Partido Popular. Los planes de seguridad aún no existen y no se ha inaugurado una aduana comercial en Ceuta ni reabierto la de Melilla. Rabat la cerró el 1 de agosto de 2018 sin comunicárselo a las autoridades españolas. La diplomacia española no protestó. La aduana llevaba siglo y medio funcionando.

Cruzar desde ambas ciudades a Marruecos sigue siendo a día de hoy un auténtico vía crucis por culpa, sobre todo, de unos controles fronterizos quisquillosos en el lado marroquí. Sus aduaneros no aplican ni siquiera el llamado régimen de viajeros vigente en los aeropuertos del país. Permite introducir pequeñas compras efectuadas en el extranjero para uso propio o para regalar a familiares y amigos. El incumplimiento de este régimen es un obstáculo adicional para el turismo.

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A eso se añaden las trabas de siempre, desde el no reconocimiento por Rabat de las sentencias o las comisiones rogatorias de los jueces ceutíes y melillenses hasta el laxismo en el control migratorio que este año se ha acentuado en Ceuta, no en la verja sino a partir de las playas marroquíes colindantes con la ciudad.

Hasta mediados de noviembre habían llegado a las playas ceutíes a nado 1.273 inmigrantes, un 126% más que durante el mismo periodo de 2023. La gran mayoría eran marroquíes y entre ellos había una buena proporción de menores. En sus centros de acogida de menores, Ceuta tiene una sobreocupación que ronda el 500% y que lastra su presupuesto. Mientras el Gobierno no logre modificar la ley de extranjería, es casi imposible que la situación mejore.

Hassan II, el padre del actual rey Mohamed VI, reivindicaba en cada uno de sus discursos del Trono, el más importante que pronuncia al monarca cada año, la soberanía sobre Ceuta y Melilla, pero en la práctica no movía un dedo. Su hijo no las ha vuelto a mencionar en público desde que 2007 las visitaron los Reyes de España, pero desde el palacio real se ha diseñado una estrategia para asfixiarlas que empezó a ponerse en práctica a partir de 2018.

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Desde que acabó la larga crisis bilateral con Marruecos, en abril de 2022, la actuación del Gobierno español ha descuidado el cumplimiento de lo pactado con el vecino y se ha centrado en apoyar el desarrollo de ambas ciudades mirando solo al resto de España. A finales de ese año, el Consejo de Ministros aprobó, por ejemplo, sendos planes integrales de desarrollo socioeconómico. También se está reforzando una conexión eléctrica entre Ceuta y la península mediante el tendido de un cable submarino.

El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, vislumbra ya a su ciudad como una proveedora de servicios online a la península gracias no solo a esa nueva conexión sino a las pequeñas ventajas fiscales que ofrece a las empresas. Es verdad que Ceuta, y en menor medida Melilla, atrajeron estos últimos años a parte de la industria del juego online.

La mirada de Vivas, y más aún la de Sánchez, son miopes. Basta con leer sus comentarios tras la reunión que mantuvieron el 22 de noviembre en Moncloa. El futuro de ambas ciudades pasa por poner la vista mucho más al norte, en Bruselas, para después dirigir con más fuerza la mirada al sur. Un futuro de serenidad y prosperidad para Ceuta y Melilla no puede plantearse dando la espalda a Marruecos, por mucho que este se resista.

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Aunque Ceuta y Melilla no sean colonias, no hay en el mundo un ejemplo de territorios pequeños que se han desarrollado ignorando a su entorno geográfico más cercano. El ejemplo más próximo es el de Gibraltar, y los más alejados estuvieron en Hong Kong y Macao.

En Bruselas está la llave de la incorporación de las ciudades autónomas al Comité de las Regiones y, sobre todo, a la unión aduanera. Ingresar en ella puede, si no se negocia bien, suponer un pequeño sacrificio económico -para Canarias no lo fue en 1991-, pero tiene enormes ventajas políticas.

Aunque el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se atrevió a dar fechas (enero de 2023) para la apertura de las aduanas terrestres con Marruecos, el vecino no está por la labor. ¿Podría seguir negándose Rabat a abrirlas si en lugar de ser hispano-marroquíes se convierten en euro-marroquíes gracias a la unión aduanera? Aunque haya cosechado un par de reveses en octubre en el Tribunal de Justicia de la UE, Marruecos es un socio preferente de Europa. Difícilmente podría negarse a cumplir con Bruselas lo que acordó con Madrid en 2022.

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Detrás de esta mirada aparentemente miope, detrás de la renuncia a exigir a Marruecos que cumpla con lo pactado, subyace el miedo del Gobierno a las represalias de un vecino que puede alentar la emigración irregular o suspender la cooperación antiterrorista y en materia de seguridad, como ya hizo con España, en 2014, y, sobre todo, con Francia con la que también se enfadó hace una década.

Aun así, las autoridades francesas dieron, a veces, puñetazos sobre la mesa. Lo hicieron, por ejemplo, tras el descubrimiento del espionaje marroquí con el programa malicioso Pegasus del móvil del presidente Emmanuel Macron y de 14 de sus ministros. En Moncloa se optó por ignorarlo más allá de poner una denuncia en la Audiencia Nacional desvelando así la vulnerabilidad de las comunicaciones de los miembros del Gobierno español.

El Gobierno de coalición y los anteriores se olvidan de que España tiene muchos más medios de presión sobre Marruecos, bilateralmente y a través de la Unión Europea, que los que posee Rabat sobre su vecino español. Lo ideal es mantener la mejor relación con el Reino alauí, pero a condición de que cumpla su parte del contrato.