La pandemia como pretexto: alarma en el Estado de derecho

Al igual que en la comunidad científica y sanitaria reinan el escándalo y la indignación por el tratamiento político de la pandemia, en la comunidad jurídica el bochorno es generalizado por su aberrante manejo legal. Hay un estado de alarma sanitario y una alarma preocupante para el Estado de derecho.

Hace muchos años que la Estrategia Nacional de Seguridad identificó las pandemias como una de las principales amenazas potenciales para la seguridad pública, pero ningún Gobierno se tomó jamás la molestia de diseñar los planes operativos y las reformas legales para prevenirlas.

Con la llegada del virus, se entró en un caos normativo, una vorágine de decisiones arbitrarias y frecuentemente contradictorias, casi siempre dictadas —como todo en España— por la táctica partidista. Con ellas, además de debilitar el Estado en la emergencia sanitaria, se ha abierto un boquete tremendo en el orden constitucional. Es evidente que el ordenamiento jurídico no estaba preparado para responder a la pandemia con eficiencia y pulcritud constitucional. No es que se haya sacrificado una cosa a la otra, es que se ha naufragado en ambas.

En estos meses, se han cometido toda clase de desafueros jurídicos. Se ha puesto patas arriba la jerarquía de las normas, modificándose leyes orgánicas mediante orden ministerial. Se han aprobado decretos-leyes manifiestamente anticonstitucionales. Se han subvertido las bases de la distribución de competencias entre el Gobierno central y los autonómicos. Se ha ido cambiando la interpretación de las normas al compás de las conveniencias del combate político. Los juristas con escrúpulos se escandalizan a diario con la lectura del BOE. Y ni siquiera existe el consuelo de que todo ello haya sido de gran utilidad para contener las oleadas del virus. Al contrario, el desmadre normativo las ha favorecido.

El principio constitucional es claro, rotundo, indiscutible: los derechos fundamentales son sagrados. Solo hay dos formas de privar de ellos a los ciudadanos: en casos individuales, puede hacerlo un juez (por ejemplo, autorizando la entrada en un domicilio o la intervención de un teléfono). Pero si se trata de limitar o suspender colectivamente su ejercicio, hay que acudir obligatoriamente al artículo 116, que habilita al Gobierno, en circunstancias excepcionales, a declarar los estados de alarma, excepción o sitio, en condiciones tasadas y contando siempre con la autorización del Parlamento.

De este principio constitucional se derivan otros dos que los dirigentes políticos se están pasando por el forro desde el principio de la pandemia. Primero, ninguna ley ordinaria puede limitar el ejercicio de derechos fundamentales (entre los que están el de libertad de movimientos y los de reunión y manifestación). Segundo, el único que puede declarar o levantar el estado de alarma es el Gobierno central; él se hace plenamente responsable de su gestión ante el Parlamento y esa responsabilidad es ineludible e intransferible. Solo se admite que delegue su autoridad al presidente de una comunidad autónoma cuando la declaración afecte exclusivamente a su territorio —obviamente, no es el caso—.

No existe ninguna razón sanitaria, funcional o jurídica que justifique el destrozo legal producido durante esta pandemia. Hay que buscar todas las explicaciones en la política más minúscula. En este caso, el caos es producto de la concurrencia de tres voluntades desviadas:

a) La resolución de Pedro Sánchez, a partir de mayo de 2020, de sacudirse a toda costa la carga política de la conducción de la crisis, endilgando el marrón a los gobiernos autonómicos para ponerse a cubierto de la tragedia bajo el paraguas pretexto de la cogobernanza. Ni en los países más descentralizados del mundo se ha visto un caso semejante de abdicación de la responsabilidad por parte de un Gobierno nacional.

b) La cobardía ventajista de la oposición, dispuesta a convertir la pandemia en una trampa de conejos para el Gobierno: salgas por donde salgas, te cazo. Si ejerces el mando, te atizo. Si dejas de ejercerlo, te atizo también. Si pides respaldo para el estado de alarma, te lo niego. Si lo dejas caer, te acuso de irresponsable.

c) El oportunismo de los nacionalistas —secundados en este caso por casi todos los gobiernos autonómicos—, que vieron la gran ocasión de 'confederalizar' la gestión de las crisis y asumir nada menos que la potestad de regular el ejercicio de los derechos constitucionales en sus territorios (lo que agrede directamente el principio de igualdad de derechos de los españoles). Un precedente disparatado que costará trabajo retrotraer.

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