Por qué no es viable un debate racional sobre los indultos
Hay muchas formas de faltar al respeto al Rey y entorpecer su función constitucional. Una es atribuirle una supuesta posición política para construir una trinchera
Felipe VI (c) y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i). (EFE)
¿Quién le ha dicho a Isabel Díaz Ayuso que el Rey es contrario a los indultos del Gobierno a los dirigentes insurrectos de 2017? ¿Quién ha informado a los que hablan de humillación y encerrona sobre los sentimientos del monarca? ¿Acaso el jefe del Estado se ha pronunciado en algún sentido, existe alguna declaración, siquiera algún gesto de la Zarzuela que avale esa presunción? No existe, no debe existir y no existirá.
Hay muchas formas de faltar al respeto al Rey y entorpecer su función constitucional. Una es atribuirle una supuesta posición política para construir una trinchera. Es muy legítimo que la presidenta de la Comunidad de Madrid, un partido o cualquier opinador se opongan a esa decisión del Gobierno, pero es deshonesto y dañino utilizar al Rey como parapeto o, aún peor, como bate de béisbol en una riña callejera. Escuchando en ocasiones a ciertos dirigentes de la derecha, Felipe VI tendría motivos para entonar aquella copla: “No me quieras tanto”.
Cabe la posibilidad, aunque parezca remota, de que el jefe del Estado comparta el criterio de quienes opinan que los indultos podrían permitir un avance en la búsqueda de una solución política al conflicto de Cataluña. Nunca lo sabremos ni en realidad importa porque, piense lo que piense, hará lo mismo: firmar el decreto que el Gobierno le presente —y que en el BOE será refrendado por el presidente, único responsable de la decisión a todos los efectos—. Firmará como firmó los nombramientos de Puigdemont, Torra y Aragonès, o tantas leyes que quizá choquen con sus creencias. Nadie en esos casos lo llamó cómplice ni habló de humillaciones o complicidades.
¿Es viable un debate racional sobre los indultos en el marco del problema de Cataluña? Por días, parece que no cabe; y, sin embargo, es imprescindible. No estamos ante un acto que ponga en peligro la unidad del país o la vigencia de la Constitución. Esto no es, ni por aproximación, el 23-F de 1981 ni el 3 de octubre de 2017. Se trata de una decisión política del Gobierno, en uso de sus atribuciones, que, como todas, puede considerarse acertada o errónea, y de la que, como todas, tendrá que responder ante el país.
Yo estoy entre quienes consideran que, en estas circunstancias, la decisión del Gobierno es nociva. Pero rechazo que esa opinión crítica me haga 'buena gente' por contraposición a quienes defienden otra cosa, que serían 'la mala gente'. Por el mismo motivo, niego al monclovismo sanchista el monopolio de los buenos sentimientos —la concordia, el perdón, la voluntad de diálogo— frente a la caterva de odiadores revanchistas que formaríamos los discrepantes. Más cierto es que en el campo proindultos hay muchas personas de compromiso constitucional inmaculado, largamente acreditado, y en el de los críticos pululan elementos altamente sospechosos en cuanto a sus convicciones democráticas. Y viceversa. Así que lo de la buena y la mala gente es transversal y no ilumina la cuestión, más bien la enturbia.
En realidad, es difícil saber si se atacan los indultos porque vienen de este Gobierno o se ataca al Gobierno porque toma decisiones de este jaez. Y a la inversa: quienes apoyan los indultos precisamente ahora, ¿lo hacen por acompañar a Sánchez al fin del mundo o porque realmente coinciden con su criterio actual en este punto? Cada cual sabrá si se habría manifestado igual con otro Gobierno o si el presidente hubiera mantenido su criterio sobre el cumplimiento íntegro de las penas. Lo único comprobable es que ha sido necesario que Sánchez desvele su propósito para que muchos encuentren en el fondo de su alma la pasión por los indultos o la repulsión hacia ellos.
La vetusta ley de 1870 establece que se puede indultar a un condenado por razones de justicia, equidad o utilidad pública
La vetusta ley de 1870 establece que se puede indultar a un condenado por razones de justicia, equidad o utilidad pública. El aparato argumental del Gobierno esquiva las dos primeras (quizá porque las considera perdidas) y se vuelca en la tercera, la utilidad pública que resultaría de levantar las penas que impuso la Justicia. Me parece razonable aceptar el debate en ese terreno. Si se demostrara la utilidad pública de conceder estos indultos precisamente ahora, sin contrapartida conocida y por la única voluntad del Gobierno (sin acuerdo de la Justicia, sin consulta a la oposición parlamentaria y sin consenso en la sociedad), sería lógico apoyarlos. El problema es que, a juicio de muchos, esa supuesta utilidad es más una fantasía voluntarista —o un pretexto de ocasión— que una realidad tangible.
Sostiene el oficialismo que los indultos facilitarán “el diálogo hacia la solución política del conflicto”. Esa sería su utilidad pública. Queda precioso para la galería, pero contiene tres trampas: la sacralización mística del diálogo como fin en sí mismo, una buscada ambigüedad en lo que se entiende como solución política y una no menos confusa delimitación de los términos del conflicto.
¿Qué clase de solución política se busca?
¿Qué clase de solución política se busca? Yo distingo al menos dos. Para los independentistas, la solución política irrenunciable sería aquella que conduzca, antes o después, a un referéndum de autodeterminación y a la independencia. Para los constitucionalistas, la solución política (la única admisible) pasa inexcusablemente por la preservación de la unidad de España y el restablecimiento en Cataluña del marco constitucional y estatutario —con todas la reformas que sean convenientes y posibles en ambos textos—. Que la Generalitat de Cataluña vuelva a ser un órgano ordinario de un Estado descentralizado y no una plataforma para su ruptura.
El problema que a algunos les cuesta admitir es que no hay espacio transitable para una solución intermedia entre una y la otra. No hay una 'solución política' que se sitúe a medio camino entre la integridad del marco constitucional y su ruptura, sea esta formal e inmediata (como se intentó en el 17) o material y diferida, que es lo que proyecta ahora Junqueras: cronificar un estado de 'excepción constitucional' de Cataluña dentro de España hasta que la relación de fuerzas permita pasar a la fase de ruptura.
Si en Cataluña rige la Constitución española, el camino de la secesión está clausurado, se tome la vía unilateral, la bilateral o la mediopensionista. Si se admite que no rija o que lo haga a medias, ningún Gobierno español podrá avanzar en esa dirección sin encontrar la oposición frontal del resto de las instituciones del Estado y de la mayoría social.
En las condiciones en que pretenden concederse, se ve la utilidad de estos indultos para avanzar hacia una secesión más o menos aplazada
En las condiciones en que pretenden concederse, se ve claramente la utilidad de estos indultos para avanzar hacia una secesión más o menos aplazada. Pero no se atisba indicio alguno —fundado en algo más que la fuerza del deseo— de que ayuden a que las fuerzas independentistas regresen definitivamente al marco de la Constitución y del Estatuto. Al contrario, todo indica que los recibirán como estímulo y prueba de que su proyecto es viable. 'Apreteu, apreteu, i arribarem'.
“Cuando discuto con mi pareja sobre el color de las cortinas, me tranquilizaría saber que solo se trata del color de las cortinas”. Eso nos sucede con esta polémica envenenada: que aparentando discutir sobre indultos, se ventilan muchas otras querellas pendientes… ocultas tras las cortinas. Por eso el debate racional es inviable.
¿Quién le ha dicho a Isabel Díaz Ayuso que el Rey es contrario a los indultos del Gobierno a los dirigentes insurrectos de 2017? ¿Quién ha informado a los que hablan de humillación y encerrona sobre los sentimientos del monarca? ¿Acaso el jefe del Estado se ha pronunciado en algún sentido, existe alguna declaración, siquiera algún gesto de la Zarzuela que avale esa presunción? No existe, no debe existir y no existirá.
