La agonía del sector español del automóvil con el nuevo impuesto de matriculación

Quedan 10 días para el cierre del año, y esos mismos días para la aplicación del nuevo baremo del impuesto de matriculación, con la norma de homologación WLTP, lo que supondrá una subida del precio del 60% de los coches vendidos en España. El 2020 es un año marcado por la crisis del coronavirus y por la económica, consecuencia del cierre total de la actividad empresarial en los meses de marzo y abril. Por todo ello, el sector del automóvil atraviesa la situación más crítica de los últimos años.

A la crisis sanitaria y económica que sufre España, hay que añadirle la falta de criterio del Gobierno para decidir qué es lo que quiere para el futuro de la movilidad. También una falta de decisión a la hora de abordar los problemas graves que vive este sector. La gota que puede colmar el vaso es el incremento del Impuesto de Matriculación, que el Gobierno mantiene vigente a falta de solo 10 días para su aplicación.

Todos los mercados, y todos los sectores económicos están sufriendo una situación muy difícil e imprevista, tras la llegada del coronavirus. Y eso ha hecho que se hayan tomado muchas decisiones de forma acelerada y, en algunos casos, con poco criterio. Pero lo que sorprende es que después de tantos meses, de saber lo que está pasando y lo que va a pasar, no se tomen decisiones en torno al automóvil y sigamos a la espera de acontecimientos.

Las asociaciones del sector del automóvil se han unido para hacer una declaración conjunta el viernes pasado pidiendo al Gobierno que aclare cuál es su política respecto al sector del automóvil. Sorprende que mientras unos ministerios apuestan fuerte por la nueva movilidad, por la electrificación de las flotas, otra parte del Ejecutivo apueste pura y simplemente por acabar con el automóvil. Esa dualidad acabará matando al sector del automóvil en su conjunto. Lo más grave es que este sector económico e industrial supone el 11 % del PIB español y el 9 % del empleo.

En España parece que el automóvil y los automovilistas somos los apestados de la sociedad. Nuestro Gobierno, o al menos una parte del mismo, quiere acabar con el automóvil y quiere que todos los ciudadanos se desplacen en transporte público. Pero no plantean nuevas inversiones en ese transporte público. Tampoco se plantean que si no se utiliza el coche particular no se van a pagar impuestos al uso del coche. Si no se compran coches, tampoco se va a pagar el impuesto por la compra del vehículo y si no se venden coches tampoco habrá que fabricarlos. Y cuando todo esto pase, la cuestión que salta es ¿de qué vamos a vivir, de los extranjeros que vengan a España a moverse en transporte público?

Más impuestos

El próximo 1 de enero entra en vigor el nuevo WLTP con sus nuevas mediciones de emisiones de CO2, más altas que las aplicadas hasta ahora. Con ello, más del 60 % de los coches a la venta en España van a sufrir un incremento del precio de adquisición, que los analistas sitúan en torno a los 800 euros de media por coche. En una situación de mercado tan mala, esto va a suponer una caída de ventas calculada en 110.000 vehículos adicionales. Es decir, otros 110.000 vehículos menos que en 2020, lo que nos situaría en cifras de mercado de los años 70. Las pérdidas para el Estado por dejar de vender esos 110.000 coches se sitúan por encima de los 500 millones de euros, solo en impuestos directos a la compra.

Pero entre tanto, el Gobierno sigue pensándose qué hacer para evitar esta subida, que ya parece imparable. Es muy sencillo, solo hay que hacer una norma, o un decreto ley, por el cual la exención del pago de este impuesto pase a ser de 120 g/km a 140 g/km. Que el siguiente tramo no sea de 120 a 160 g/km, sino de 140 a 180, y así sucesivamente. Es tan fácil como eso, lo que han hecho Francia o Portugal.

Hablar de planes de ayuda, es hacerlo de ese plan Moves agotado en solo dos semanas en Madrid y Barcelona, pero que hay comunidades autónomas que no gastarán en su vida, o un Plan Renove que se anunció en el mes de junio y que se hizo operativo en noviembre, pero que finaliza el 31 de diciembre. Y del que, por cierto, solo se ha gastado un 11%. El Gobierno no legisla para tratar de buscar soluciones a medio o largo plazo, sino solo para decir que está buscando soluciones.

Renault anunciará el próximo mes de enero su nueva estrategia a nivel mundial y lo único que puede salir de esa reunión es un anuncio malo para España. Las fábricas francesas de coches han reducido en 2020 un 50 % su producción respecto a 2019, mientras que España ha rebajado esta caída a solo un 22 % hasta noviembre. Lo extraño sería que Renault mantuviera todas sus inversiones en España, sus modelos más vendidos como el Captur fabricado en Valladolid, y que entre tanto las plantas francesas cierren por la falta de demanda en Europa. Si no toma una medida así no será porque el Gobierno haya ayudado en algo a evitarla...