El problema de las dictaduras modernas: el caso de Venezuela

Están siendo días de máxima importancia en (y para) Venezuela, y no es para menos. Lo que era una firme sospecha de fraude electoral se ha convertido en una certeza tras la ingente labor de la oposición democrática venezolana al recoger las actas de las mesas electorales y demostrar que, efectivamente, su victoria ha sido arrolladora.

Sin embargo, las cancillerías de casi todos los países movieron ficha de manera prudente, pidiendo al gobierno que el CNE publicase esas actas antes de pronunciarse. En Occidente salvan la excepción algunos gobiernos como el de EEUU, para los cuales parece que las últimas publicaciones les han servido para reconocer a Edmundo González como legítimo ganador de las elecciones. Otros, que el pasado domingo pedían las actas, siguen esperando aún después del ejercicio de transparencia que ha realizado la oposición.

Pase lo que pase en Venezuela (y, por el bien de la democracia y en nombre de la decencia, Edmundo González termine siendo presidente), hay una reflexión más profunda sobre cómo la Comunidad Internacional puede y debe reaccionar ante casos como el del régimen de Maduro: flagrantes llegados a un extremo, pero tan paulatinos en su proceso que es difícil establecer cuál es el momento de plantarse y calificar a un régimen de dictadura.

Porque lo cierto es que Venezuela no es una dictadura como a las que el mundo estaba acostumbrado: prohibición explícita de partidos políticos, supresión de las libertades individuales y colectivas, persecución a la oposición y, de facto, ausencia de procesos electorales. Lo que hacen estas “nuevas” dictaduras es quedarse justo un paso por detrás de que todas estas medidas se hagan tan claras y explícitas que cualquier país democrático tenga que salir a condenarlas. Y, en cierta medida, como se vio en el caso de Juan Guaidó, la inhabilitación de María Corina Machado o, de facto, el impedimento de sufragio a los venezolanos residentes en el extranjero, se consigue. Porque en ningún caso la presión internacional ha sido tan fuerte como para revertir ninguna de estas situaciones que se han dado en Venezuela, donde las elecciones estaban condicionadas mucho antes de que se abriesen los colegios electorales.

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Es por ello que debemos esforzarnos en trazar nuevas líneas rojas que se adecuen a un nuevo tiempo, en que se permite la existencia de partidos, pero no que ganen; en el que no se fusila a opositores, pero no se les permite realizar actividad alguna; en el que existen tres poderes, pero funcionan como uno solo. Como bien indican algunos autores, la construcción de las dictaduras modernas ya no se consigue con golpes, sino aplicando el proceso de la carcoma a las instituciones democráticas. Es más sutil, menos perceptible y más paulatino, pero el resultado es el mismo: la democracia y las libertades desaparecen. En este caso, paso a paso, sin que nadie se haya dado cuenta durante el proceso de degradación de la gravedad que supondría el producto final y con líderes pseudolegitimados porque han hecho camino en nombre de la propia democracia.

Necesitamos nuevos sensores que nos pongan en alerta de movimientos autoritarios y que prevengan a la población y a la Comunidad Internacional de caer sumidos en el proceso anestésico que conlleva la deriva paulatina hacia el autoritarismo, azuzado por las falsas dicotomías populistas que hacen que ciudadanos, medios y naciones sean reticentes a articular un discurso firme en contra de las derivas antidemocráticas. No olvidemos el caso de Venezuela, no flexibilicemos el listón de lo aceptable en las democracias liberales.