El atasco

Durante este mes de agosto se iniciaron las obras de mantenimiento de uno de los carriles de un túnel de acceso a la ciudad en cuya área metropolitana resido. Las obras tendrían lugar entre el 1 y el 31 de agosto. El mismo día 1 de agosto circulé por ese túnel. El carril presunto objeto de las obras de mantenimiento había sido señalizado con conos que impedían circular por el mismo, dejando solo dos carriles expeditos. Hasta aquí, todo más o menos correcto, salvo por el detalle de que una de las primeras cosas que hicieron los responsables de tráfico —aparte de colocar los susodichos conos— fue colocar señales limitando sustancialmente la velocidad en dicho túnel y colocar, no uno, sino dos radares móviles, sospecho que para ejercer de elemento disuasorio y evitar que pudieran producirse accidentes indeseados debido a las obras y a la limitación temporal de la vía a dos carriles, aunque dejaré para su imaginación, querido lector, cualquier otra interpretación. A pesar de encontrarnos a primeros de agosto, debo confesarle que el atasco que registraba esa vía era mayúsculo y, créame, no circulaba en hora punta.

Lo más curioso del caso es que, cinco días después, me vi obligado a volver a utilizar ese mismo túnel y, adivine usted: todo estaba exactamente igual que en el primer día. No había ninguna evidencia de que las obras hubieran empezado, pero no se podía circular por el carril. ¿No podrían haberse colocado esos conos justo antes del verdadero comienzo de las obras y se hubieran evitado miles de vehículos los atascos durante varios días?

Tal vez mi desconocimiento sobre los modelos de gestión de obra pública me impide ver algún detalle importante, pero algo me dice que aquello no estaba bien hecho, que algo se había podido hacer mejor para utilizar adecuadamente los recursos públicos y para evitar una enorme pérdida de horas de miles de conductores que durante días se vieron obligados a sufrir atascos innecesarios.

Opinión

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Mi limitado conocimiento sobre los modelos de gestión pública tampoco me impide darme cuenta de la, en general, escasa calidad de los servicios que prestan a los ciudadanos las diferentes administraciones: lentitud, exceso de burocracia, listas de espera, citas previas y un largo etcétera de todo tipo de trabas y sinsentidos.

Se preguntará usted qué tiene que ver todo esto con la economía de nuestro país. La verdad, tiene que ver… y mucho. ¿O no es economía la administración de los recursos escasos? Y tiene que ver también con la principal noticia que se ha producido en España en lo que llevamos de verano: las elecciones generales del 23-J y el incierto desenlace de las mismas. Estamos ante un atasco.

Sería interesante que viéramos qué dicen los programas electorales, por lo menos los de los dos principales partidos —por desgracia, el espacio de esta columna es reducido y no puedo llegar a más—, en lo que se refiere a eficiencia de la Administración. Vaya usted a saber, lo mismo tenemos que votar de nuevo en unos meses y sería bueno saber si alguno de los principales contendientes contempla una reforma en profundidad de la Administración dentro de su proyecto para la próxima legislatura o, al menos, menciona cualquier medida que pueda interpretarse como de mejora profunda de la eficacia y eficiencia de la misma.

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En el programa del PP, encontramos un bloque concreto de siete páginas (de un total de 108) que se refieren a las mejoras del funcionamiento de la Administración pública, listando una serie de medidas un tanto vagas, de las que solo algunas de ellas podrían ser consideradas como medidas de fondo. En cualquier caso, el programa del PP le da más peso relativo a esta temática, ocupando uno de los bloques principales del mismo dentro del conjunto del documento.

En el programa del PSOE, encontramos breves referencias declarativas, esparcidas en un larguísimo documento de 266 páginas, que mencionan la “modernización de la Administración pública”, y hay un apartado de cuatro páginas dedicado a “una Administración pública inteligente, accesible y proactiva”, con una o dos medidas que podrían considerarse de fondo, aunque todo ese tema, dentro del conjunto de su programa, tiene una importancia totalmente secundaria.

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No voy a dar mi opinión completa sobre ambos programas en el ámbito económico y, en concreto, en el ámbito de la correcta gestión del dinero público, eso no me toca. En el caso de que deban repetirse las elecciones —e incluso aunque eso no fuera necesario—, le recomiendo que les dedique un ratito, especialmente si le cuesta conciliar el sueño en estas tórridas noches de agosto, y se los lea con detenimiento. Fórmese su propia opinión.

Lo cierto es que el Gobierno de un país con un gasto público (2022) de la friolera de 634.297 millones de euros, que equivale a un gasto público per cápita de 13.197 euros, debería dedicar mucho más tiempo, talento y esfuerzo a intentar conseguir más resultado con menos esfuerzo y a valorar si todo ese dispendio público es verdaderamente necesario. Si comparamos ese dato con el PIB per cápita español (27.870 euros per cápita en 2022), estaríamos dedicando más de un 47% de la riqueza generada, en término medio, por cada ciudadano, a alimentar al sector público.

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Sí, ya sé que alguien me dirá que una buena parte de esas cifras se destina a gasto social, pero ¿no se podría conseguir lo mismo con, digamos, un 40 o un 42% del PIB?, ¿se imagina que tuviera usted un montón más de dinero en su bolsillo cada año porque ha de pagar menos impuestos, tasas o lo que sea? O que el país no necesitara de endeudamiento público, por lo que ese ahorro de dinero repercutiría en las generaciones futuras. ¿Cómo es posible que los gobiernos y las diferentes opciones políticas no dediquen su mayor esfuerzo a gastar lo justo, a gastar bien y a no marear al ciudadano? ¿Cómo es posible que ese tema no ocupe un papel central en los programas políticos?

Cuando tengo que enfrentarme a las elecciones a presidente de la comunidad de propietarios en la que resido, en el caso de que todos los vecinos fueran elegibles, optaría por aquel que fuera honesto, razonablemente inteligente y empático, supiera que no va a meter las narices en mi casa —siempre y cuando yo no perjudicara ostensiblemente a ningún vecino— y administrara los fondos de la comunidad con criterios de austeridad, eficiencia y transparencia sin venderme chorradas acerca de la supuesta imprescindibilidad de esto o aquello. Cuando me enfrento a las urnas, en cualquier tipo de elecciones, me gustaría utilizar esos mismos criterios. Sin embargo, algunas de las cosas que me parecen relevantes son escasamente abordadas por los políticos y el asunto no tiene pinta de cambiar. Por ello, cada vez que toca votar, siento que estoy inmerso en un atasco permanente.