La Administración debería importar: incluso a los políticos

Retrasos permanentes en las convocatorias y adjudicaciones de los fondos europeos. Permisos para la construcción de plantas renovables amontonados en instancias administrativas durante meses e incluso años. Salas de museos cerradas por falta de personal. Ayudas de todo tipo que no llegan a sus destinatarios, sean potenciales perceptores del ingreso mínimo vital o habitantes de la isla de la Palma. Incapacidad de discriminar las ayudas aprobadas con motivo de la crisis energética para hacerlas llegar a los más vulnerables. Las costuras de la atención primaria rotas en casi todas las autonomías.

No parece que sea un problema de falta de funcionarios. La Encuesta de Población Activa del INE indica que entre el tercer trimestre de 2020 y el mismo trimestre de este año tenemos 50.000 funcionarios más. La digitalización y la automatización de procesos administrativos deberían además hacernos pensar que la productividad de la función pública ha aumentado. No es fácil medir la productividad de procesos administrativos. El número de expedientes resueltos es engañoso: decir de entrada que no es más fácil que el proceso iterativo de solucionar hasta su aprobación las deficiencias iniciales de una solicitud. En ambos casos, el expediente está resuelto. El esfuerzo y el trabajo empleados en la resolución de cada uno son radicalmente diferentes.

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Puede parecer inútil hablar de medir la productividad en la función pública, dado que las consecuencias salariales o para la carrera profesional son inexistentes, pero al menos debería servir para analizar las cargas de trabajo y modificar las plantillas en consonancia. Si creas un ingreso mínimo vital o se quintuplican las peticiones de instalación de plantas renovables, deberías poder dotar los departamentos encargados de atender las solicitudes correspondientes. Sin embargo, la movilidad laboral es una tarea imposible en la Administración. Crear la plaza, para lo que se requiere la correspondiente dotación presupuestaria, y sacarla a concurso para que funcionarios se muevan voluntariamente de donde se trabaja menos a donde se trabaja más por el mismo sueldo es una tarea de meses e incluso años, difícilmente coronada por el éxito. La necesaria estabilidad del funcionario en su puesto de trabajo no puede ser una dificultad insuperable para adecuar las estructuras organizativas de la Administración a una realidad social cambiante.

Ser médico en España es difícil: elevadas notas de corte para entrar en las facultades de Medicina de las universidades públicas, seis años de carrera, un examen para el ingreso como médico residente en la Sanidad pública en el que el 40% de los presentados no obtiene plaza, y cuatro o cinco años como residente en los que se malvive gracias a las guardias. Tras 11 o 12 años, con una formación de calidad internacionalmente reconocida, tienes que buscarte la vida, con la dificultad añadida de que solo hay un empleador, que aprovecha su poder monopolista para pagar unos salarios comparativamente irrisorios. Las soluciones son la emigración a países que pagan mucho más, la medicina privada, en la que los médicos con años de experiencia tienen ventaja, o buscarse la vida en la Sanidad pública, el mayor generador de empleos fijos discontinuos —antes temporales— de España. Si eres especialista, sabes que la dificultad de los casos en la Sanidad pública puede colmar tus aspiraciones vocacionales, aunque el salario sea reducido y sea difícil hacerte un hueco profesional. Si eres médico de familia, sabes que te espera la primera línea del frente de batalla: ni agradecido ni pagado. Si las autonomías quieren mejorar la atención primaria, la primera medida es subir los sueldos hasta convertir la medicina de familia en una opción profesional atractiva. Toda demanda crea su propia oferta: es cuestión de precio.

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Este sacrílego análisis economicista tiene una restricción obvia: a nadie se le ocurre bajar los requisitos académicos para convertirse en médico y así aumentar la oferta y bajar el precio hasta hacerlo coincidir con los salarios que hoy paga la Sanidad pública. Con las cosas de comer no se juega y menos con la vida humana. Desarrollar una determinada tarea profesional requiere una cualificación mínima sobre la que no cabe negociación alguna.

Viene esta reflexión a cuento del proyecto gubernamental de reducir drásticamente los requisitos necesarios para la promoción interna de funcionarios hasta alcanzar el nivel A1, el nivel más alto, en el que se encuadran abogados del Estado, inspectores de Hacienda, ingenieros, diplomáticos, técnicos comerciales y economistas del Estado o técnicos de Administración Civil. Cierto es que en las circunstancias actuales el 70% de las plazas de promoción interna no se cubre. Cierto es también que buena parte de los altos funcionarios acortan cada vez más su vida profesional en la Administración para prestar servicios en la empresa privada, donde sus conocimientos y experiencia son más valorados. Cierto es también que las oposiciones para ingresar en los cuerpos de élite son un procedimiento exigente, quizás anticuado, que requiere uno, dos o más años de preparación y, por tanto, de un respaldo económico familiar que puede resultar socialmente discriminatorio.

No es solución bajar los requisitos necesarios para prestar servicios en los altos niveles de la Administración. El deterioro sería irremediable

Todos son problemas solubles a través de una Escuela Nacional de Administración, al estilo francés, donde todos los altos funcionarios se formen en materias comunes y en las propias de la especialidad que hayan escogido, donde exista un sistema de becas que garantice igualdad social, donde se ingrese a través del correspondiente examen de acceso o después de haber prestado una serie de años de servicio en niveles inferiores de la Administración. No es solución bajar los requisitos necesarios para prestar servicios en los altos niveles de la Administración. El deterioro sería irremediable. Al final, son los altos funcionarios los que negocian en nuestro nombre en un mundo cada vez más interrelacionado: un mundo en el que se fija un tipo mínimo común del impuesto de sociedades, se establece un tope al precio del petróleo ruso o se fijan las reglas de funcionamiento de diferentes mercados. Un mundo donde nuestros funcionarios tienen que ser capaces de negociar en inglés, pero en el que nuestros jóvenes con ese dominio del idioma anglosajón difícilmente piensan en la carrera administrativa como salida profesional.

La Administración es la maquinaria del Estado. Su correcto funcionamiento supone una garantía democrática. Necesita reformas en las que un criterio económico básico, la necesidad de compaginar flexibilidad y seguridad en el empleo y el refuerzo de las capacidades profesionales de nuestros funcionarios sean herramientas imprescindibles. Reformas necesarias para que los políticos puedan hacer política: política útil a los ciudadanos de a pie.