¿Es la solución subir los impuestos a los ricos?

Como persona que intenta estar informada de esa ciencia lúgubre que es la economía y que se mueve mucho en los ámbitos de izquierdas, no puedo evitar que se me ponga cara de póquer cada vez que empiezo a escuchar la letanía, porque así considero el discurso, de que los problemas de España en materia de pobreza, servicios sociales, educación, energía y ciencia, entre otros, se solucionarían simplemente subiendo impuestos a los ricos. Con eso, un Estado fuerte y con un funcionamiento auténticamente democrático y sin la injerencia desproporcionada de las élites tendría recursos sobrados para afrontar la solución de todos esos problemas y la homologación de nuestro Estado social al de los países del norte de Europa.

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Pero mi opinión es que las cosas son mucho más complejas que todo eso. Es totalmente cierto que existen países más igualitarios que España, que es el cuarto país más desigual de la UE, con un índice de Gini en 2017 de 34,1. La media de la UE es de 30,7, pero también es cierto que en el concierto mundial la UE es la región más igualitaria. EEUU tiene un índice de Gini de 41,5, China, de 38,6, e India, de 35,7. Otros grandes países suelen ser más desiguales que España, como es el caso de Brasil (53,3), Nigeria (39), México (45,9) o Rusia (37,7). Es decir, que se puede —y a mi modo de ver se debe— hacer de la sociedad española una sociedad más igualitaria, pero el recorrido que tenemos en ese sentido tampoco es extraordinariamente grande, como sí lo puede ser en el caso de México o de Brasil.

El deseo de una mayor igualdad no solo es una posición moral, sino que hay evidencias de que una mayor igualdad redunda en una mayor satisfacción vital de la población, independientemente de los niveles absolutos de riqueza de una sociedad. Por lo tanto, estaría justificada una intervención de los poderes públicos en ese sentido, intervención que de una u otra manera asumen todas las fuerza políticas y que solo difiere en el grado y los medios utilizados para ello. El que tengamos un índice de Gini relativamente bajo en el concierto internacional es prueba de ello. Solo los anarcocapitalistas, para los que el mercado es una especie de tribunal supremo de cualidades casi divinas en el que cada uno recibe lo que merece, rechazan totalmente la intervención pública para redistribuir la riqueza. Pero esta se trata de una postura más bien en una línea de pensamiento previa a la Ilustración, con la única salvedad de que el Dios omnisciente que reparte justicia en el mundo es sustituido por el mercado.

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La diferencia que puede haber entre partidos más liberales, como Ciudadanos o el PP, uno socioliberal como el PSOE, y otro tibiamente socialdemócrata como Podemos, es el grado de desigualdad que consideran aceptable. Esto, a su vez, responde a cuestiones muy profundas de concepción del peso del mérito personal, del entorno y del azar. Las personas de tendencia más liberal suelen atribuir más importancia al mérito personal —asociado a cualidades positivas como el esfuerzo y el sacrificio del bien presente por el bien futuro— que al azar o a los condicionantes del entorno, mientras que entre los socialdemócratas el peso del entorno y del azar es mayor relativamente, sin desaparecer desde luego la importancia del mérito. Por tanto, los primeros consideran justo un mayor grado de desigualdad que los segundos.

Pero volviendo a lo que podemos conseguir desde una perspectiva socialdemócrata como la que se suele tener en partidos de centro-izquierda o izquierda (muy débiles las del PSOE, algo más intensas las de otros partidos como Podemos), veamos lo que realmente puede dar de sí. ¿Es cierto que subiendo impuestos a los ricos solucionaríamos los problemas que menciono al principio del artículo? ¿O hace falta algo más? La verdad es que es relativamente fácil de comprobar y es lo que vamos a hacer a continuación acudiendo a las estadísticas de que disponemos de ingresos del sector público.

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Empezando con la Seguridad Social, la base máxima de cotización en 2017 era de 3.751,26 euros, que multiplicado por 12 pagas (ya que en la base se prorratean las pagas), nos da un salario anual bruto de 45.012 euros, que para una persona que viva sola da un salario neto mensual de 2.298 euros al mes, tras los descuentos de impuestos, Seguridad Social y el prorrateo de pagas extra. Este salario era en 2017 4,54 veces el salario mínimo, y según la encuesta de estructura salarial del INE, lo cobraban en España aproximadamente un 8,7% de los trabajadores. El resto cobraba menos de ese salario.

La capacidad de recaudación de la Seguridad Social si elimináramos el tope de cotización para esos trabajadores —y a la vez no elimináramos la pensión máxima, algo bastante controvertido—, sería de unos 13.500 millones de euros anuales, es decir, que si bien cubriría la mayor parte del déficit actual de la Seguridad Social, ni siquiera serviría para colocar el sistema en posición de superávit presupuestario. Por lo tanto, y siguiendo el concepto actual de cajas separadas, no se podrían subir ni un ápice las pensiones. Y atención, que estamos hablando de una subida de impuestos, en su mayoría, a las empresas, que pagan la mayor parte de las cotizaciones, y que en buena lógica no se quedarían paradas y optarían por repercutirla en los precios de sus productos, con lo cual finalmente la pagarían en su mayoría los consumidores. Solo la pequeña parte que paga el trabajador tendría previsiblemente un efecto redistributivo.

El aumento de impuestos anterior, aunque sería algo controvertido pues supondría una ligera reducción salarial para algunas personas que obviamente no son ricas —recordemos que hablamos de empezar en salarios netos de poco más de 2.000 euros al mes—, sería posiblemente fácil de implementar. Pero si pasamos al IRPF, las cosas ya empiezan a cambiar, pues ahí sí que el incremento de impuestos recaería íntegramente sobre el trabajador, y es evidente que una subida fuerte de impuestos a personas con salarios de poco más de 2.000 euros al mes no es a lo que se refiere la izquierda cuando habla de subida de impuestos a los ricos.

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Supongamos, siendo generosos, que consideran rico a todo aquel que tiene un salario de más de 3.000 euros netos mensuales. Si vamos a las estadísticas de la Agencia Tributaria, vemos que eso corresponde a 788.935 contribuyentes en 2017 (último año de estadísticas), de los cuales 689.353 tienen unos ingresos promedio de unos 90.000 euros anuales, 90.238 sobre 300.000 euros y 9.000 por encima de 600.000 euros. Si aumentáramos los impuestos en 10 puntos porcentuales al primer grupo, 20 puntos al segundo y 30 puntos al tercero (lo cual probablemente ya sería inconstitucional por confiscatorio), podríamos obtener unos ingresos totales al año de algo más de 14.000 millones de euros. Si tenemos en cuenta que el gasto público total en 2017 fue de 336.000 millones (excluyendo la Seguridad Social), podemos comprobar que esto supondría apenas un 4% de mejora en la disponibilidad de recursos públicos.

Nos queda, sin embargo, el impuesto sobre el patrimonio. Recordemos que la Constitución prohíbe los impuestos confiscatorios, luego aun un Gobierno socialdemócrata tendría que limitarse a tipos relativamente reducidos, en el entorno del 1% anual o poco más, algo que teniendo en cuenta la rentabilidad de la deuda pública a 10 años, podría incluso ser declarado inconstitucional. Un efecto más del entorno de tipos bajos en que habitamos. Asumiendo esa cifra del 1% y una vez más yendo a las estadísticas de la Agencia Tributaria, vemos que había 53.205 declarantes con un patrimonio entre 1,5 y seis millones de euros, 6.481 con patrimonio entre seis y 30 millones y 611 con más de 30 millones. Esto nos daría una capacidad recaudatoria aproximada de unos 3.000 millones de euros. Más o menos, un 1% de mejora en la disponibilidad de recursos públicos.

Podríamos hablar de una subida por ejemplo en el impuesto de sociedades, que tendría otros efectos, como la reducción del pago de dividendos, que minorarían la recaudación del IRPF. Pero aun sin tener en cuenta esto o posibles fugas de inversión, y subiendo los impuestos un 30%, eso lograría incrementar la recaudación en 8.000 millones de euros más. Y eso situando el impuesto de sociedades en una de las tasas más altas del mundo. Existe además una fuerte controversia sobre la conveniencia de subir estos impuestos por sus efectos sobre la inversión.

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Resulta obvio, por tanto, que si bien es deseable desde una perspectiva socialdemócrata la subida de impuestos a las rentas más altas, es demagógico vender esto como la solución a la existencia del Estado social rudimentario del que disponemos en España. Estas subidas de impuestos apenas bastarían para cumplir con el objetivo de déficit cero al que nos obliga Bruselas dentro de unos trimestres, y su efecto redistributivo en el caso del aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social para las rentas altas sería muy reducido, pues en su mayoría se trasladaría al consumidor.

Pero aunque Bruselas permitiera la persistencia del déficit actual, esos aproximadamente 38.000 millones de disponibilidad de recursos públicos no servirían ni remotamente para igualar el Estado social español al de otros países del norte de Europa. Por ejemplo, para que España gastara lo mismo que Francia por habitante en educación, el aumento del gasto debería ser de 39.000 millones de euros. Es decir, que este aumento de impuestos, que nos situaría con la mayor presión fiscal del mundo o muy cerca de ella, no serviría ni siquiera para que pudiéramos igualarnos en educación con Francia. Pero es que si vamos a la partida de sanidad, la situación es aún peor, ya que para igualarnos a Francia necesitaríamos aumentar el gasto en 80.000 millones de euros.

En el gráfico, vemos cuál es la situación de España y otros países del sur respecto a los del norte a este respecto. Se ve, por tanto, lo absurdas que son esas pretensiones de que subiendo los impuestos a los ricos tendríamos un Estado social homologable al de un país del norte de Europa. Lo único que podría haber, si el dinero se gastara con eficiencia, es una discreta mejora que nos podría aproximar ligeramente a ellos.

La fea realidad es que España es un país mucho más pobre que Francia o el Reino Unido, y no digamos que Alemania o los países nórdicos. Si la izquierda quiere vender al electorado que puede conseguir un Estado social equivalente al de Francia, lo primero que tiene que hacer es explicar cómo vamos a ser una sociedad tan rica como la francesa. Sin eso, la mayoría de los votantes se darán cuenta inmediatamente de que lo único que hacen es vender humo.

Aunque tampoco está de más recordar que hay ya indicios de que rápidamente los acontecimientos están desembocando en un cambio de paradigma histórico en que los problemas medioambientales harán que el foco de las políticas económicas se mueva desde el crecimiento hasta la productividad y la maximización del bienestar con aquello de lo que tenemos derecho a disponer.