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Deuda, gasto e impuestos

En 2015, nuestra economía creció un 3,6%, con un déficit del 5,27%. Desde entonces, era posible y necesario un mayor esfuerzo de consolidación fiscal

Foto: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE)
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE)

Es posible que la próxima semana nos encontremos en el inicio de una nueva campaña electoral, o que un escorzo final en los vericuetos de una negociación que el PSOE parece no desear nos propicie un Gobierno socialista en solitario con las abstenciones del centro derecha o un Gobierno socialista apoyado por Podemos. En cualquier caso, el incremento del gasto público y las bajadas de impuestos volverán a la mesa de discusión.

Foto: El presidente de Argentina, Mauricio Macri, junto al ministro de Hacienda, Hernán Lacunza. (EFE) Opinión
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La realidad es que subir el gasto o bajar impuestos son lujos que no nos podemos permitir. El pasado 31 de agosto, en la clausura de los cursos de verano de La Granda, el gobernador del Banco de España señalaba: “Así, en los años más recientes, algunos países que presentaron unas cuentas públicas expansivas son aquellos cuya elevada deuda y déficits estructurales hubieran aconsejado un esfuerzo de consolidación fiscal".

El saneamiento de las cuentas públicas en estos países resulta prioritario si se quiere contar plenamente con la política fiscal como instrumento nacional de estabilización macroeconómica ante un eventual escenario más adverso. Cabe suponer que la corrección política exigible al gobernador del Banco de España le inclinó a incluir en una alusión genérica lo que constituye una preocupación específica española.

Medir la deuda en términos de PIB permite, en la medida en que crece, aparentar la estabilidad de un endeudamiento que no ha dejado de aumentar

En 2015, nuestra economía creció un 3,6%, con un déficit del 5,27%. Desde entonces, era posible y necesario un mayor esfuerzo de consolidación fiscal, que probablemente se hubiera acometido de haber contado con un Gobierno estable con una perspectiva temporal de cuatro años por delante. Desde entonces, hemos reducido moderadamente el déficit (2,48% en 2018), aunque dicha reducción no ha sido suficiente para detener el incremento de nuestra deuda pública, que como se observa en el gráfico, crece de forma ininterrumpida desde 2009. Este crecimiento ha sido provocado por la necesidad de financiar los sucesivos déficits públicos. El exceso de gasto sobre los ingresos ha sido financiado con deuda.

Medir nuestra deuda en términos de porcentaje del PIB permite, en la medida en que el PIB crece, transmitir la apariencia de estabilidad de un endeudamiento que no ha dejado de aumentar, como consecuencia de unos déficits públicos cuyo carácter estructural se acentúa, debido sobre todo al gasto en pensiones. El estudio de la Autoridad Fiscal Independiente sobre la evolución del gasto en pensiones nos muestra un crecimiento imparable de las dos variables básicas: número de pensiones e importe de las mismas.

Un elevado endeudamiento y un déficit público estructural limitan el empleo de la política fiscal como instrumento de estabilización macroeconómica. Esta limitación cobra una importancia creciente en la medida en que los estímulos de la política monetaria expansiva pueden dar poco más de sí. Esta es una convicción claramente expresada por Mario Draghi en la rueda de prensa posterior al anuncio de las nuevas medidas aprobadas en la última reunión del Banco Central Europeo: "Existe unanimidad en el BCE acerca de que la política fiscal debe ser la principal herramienta" para luchar contra el enfriamiento económico.

Foto: Foto: Reuters. Opinión
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El problema es que mientras existe una política monetaria europea, la política fiscal está en manos de los países miembros y depende de la capacidad de maniobra de cada uno de ellos. Podemos confiar en Alemania y su capacidad de tracción sobre nuestra economía, pero la realidad es que tendría más sentido ser capaces de sanear nuestras cuentas públicas ahora que aún crecemos por encima del 2% y dotar de un mayor margen de actuación a nuestra política fiscal ante el previsible empeoramiento de la situación económica. Nada que ver con la crisis financiera de 2007, pero las incertidumbres de la situación internacional van erosionando paulatinamente todos los indicadores avanzados de la evolución económica.

Foto: Calles de Madrid vacías en Viernes Santo, en una foto de archivo. (EFE) Opinión
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Nuestro problema es la incapacidad de formar Gobierno y la inconveniencia de aplicar las recetas que se manejan a ambos lados del espectro político. A lo largo de los últimos cuatro años, el porcentaje de gasto público sobre PIB en la eurozona ha venido decreciendo. En 2018, Alemania ha mantenido dicho porcentaje constante, mientras que Francia e Italia lo han reducido en cuatro y tres décimas.

En España, la participación del gasto público en el PIB se incrementó en tres décimas, algo más de 20.000 millones de euros. Los déficits públicos de Francia (2,5%) e Italia (2,1%) son similares al español (2,5%), pero Alemania, pese a mantener constante el gasto público en términos relativos, ha obtenido un superávit del 1,5%, aproximadamente 58.000 millones de euros, lo que le puede permitir una política fiscal expansiva. No parece que convenga seguir en dirección contraria a la de los países con los que compartimos moneda.

Nuestra presión fiscal (impuestos y contribuciones sociales en relación con el PIB) es claramente inferior a la de las grandes de la zona euro

Nuestra presión fiscal, medida como el conjunto de impuestos y contribuciones sociales en relación con el PIB, es claramente inferior a la de las otras tres grandes economías de la zona euro y a la media de los 19 países que la componen:

No parece que bajar impuestos sea lo más adecuado en un horizonte de necesaria convergencia fiscal dentro de la zona euro. En todo caso, conviene recordar que nuestra recaudación fiscal se estructura, a grandes rasgos, en tres partes más o menos similares: contribuciones sociales, impuestos a la producción e impuestos a la renta y riqueza. De los seis puntos de diferencia con la zona euro, tres corresponden a las contribuciones sociales, uno a los impuestos a la producción y dos a los impuestos a la renta y riqueza.

El déficit derivado de las pensiones requiere un pacto de Estado que puede suponer variar las contribuciones sociales. La nueva fiscalidad 'verde', si es que se implementa, supondrá cambios. Las modificaciones en el impuesto de sociedades derivadas de la hipotética generalización de la tasa Google pueden ser notables, o la idea de que todos los españoles paguemos los mismos impuestos a la renta y a la riqueza puede alterar la situación actual. Los problemas complejos requieren soluciones complejas. La simplificación excesiva conduce a callejones sin salida.

Podemos confiar en Alemania, pero tendría más sentido sanear nuestras cuentas públicas ahora que aún crecemos por encima del 2%

El futuro de la economía europea pasa por una política fiscal unificada, imprescindible complemento de una política monetaria construida a golpe de crisis, que funciona de forma aceptable. Cuanto antes España se dote de un programa de convergencia hacia los parámetros actuales de la zona euro (0,5% de déficit y 85% de deuda sobre PIB) antes contribuiremos de forma efectiva a la consolidación de nuestra economía y de la europea.

Es posible que la próxima semana nos encontremos en el inicio de una nueva campaña electoral, o que un escorzo final en los vericuetos de una negociación que el PSOE parece no desear nos propicie un Gobierno socialista en solitario con las abstenciones del centro derecha o un Gobierno socialista apoyado por Podemos. En cualquier caso, el incremento del gasto público y las bajadas de impuestos volverán a la mesa de discusión.

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