No necesitamos un plan Marshall, queremos un nuevo trato verde
España es sin duda el país que va a ser más duramente golpeado por el Covid-19 debido a su dependencia de sectores como el turismo y la virulencia de la pandemia
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Siendo graves la pandemia del Covid-19 y sus consecuencias económicas, parecería que las administraciones públicas españolas —estatal y autonómicas— están empeorándolas con su precipitación y nerviosismo. España es sin duda el país que va a ser más duramente golpeado por el Covid-19, debido a su dependencia de sectores como el turismo y la virulencia de la pandemia. Pero el resultado de la acción gubernamental es desconcierto y enojo entre la población más perjudicada: autónomos sin negocio y sin ayudas; parados que no acceden ni a prestaciones ni pueden buscar empleo; pequeños empresarios que contemplan atónitos cómo se bloquean sus solicitudes de ERTE mientras se hunden sus cifras de negocio.
El comportamiento del Gobierno no podía ser otro. Están aherrojados por grilletes institucionales e ideológicos. En primer lugar, están las anteojeras ideológicas. Ante una circunstancia tan excepcional como la que está afrontando la economía mundial, en que se ha producido una paralización drástica y repentina de la economía, sorprende sobremanera que los responsables de las políticas económicas sigan manteniéndose en una ortodoxia putrefacta. Recuerdan las políticas ‘liquidacionistas’ de la Gran Depresión del siglo pasado, cuando los dirigentes rehusaron el recurso a las herramientas que proporcionan los bancos centrales a la hora de impedir el colapso del sistema financiero y mantuvieron mucho más allá de lo razonable el patrón oro provocando un enorme sufrimiento humano. Por otra parte, los gobernantes españoles están inmovilizados por la carencia de soberanía monetaria.
Las naciones que disfrutan de soberanía monetaria nos muestran un camino alternativo. La semana pasada, el Banco de Inglaterra anunció que estaría dispuesto a financiar directamente al Gobierno del Reino Unido. A diferencia de España, que por los Tratados de la UE ha tenido que incorporar a su legislación la independencia del banco central y la prohibición de que este financie al Gobierno, el Reino Unido siempre pudo recurrir a la financiación monetaria directa.
La política económica que necesitamos ahora
Pero la ideología neoliberal imperante había convertido esta opción en un tabú. Este se abandona ahora, cierto que de forma temporal y condicionada, pero no deja de ser la ruptura de un precedente. Conforme Reino Unido asumió que el gasto del Coronavirus se monetizaría, aparecieron diversos medios de comunicación haciendo referencia a Zimbabue, Venezuela o la República de Weimar. Ni Zimbabue, ni Venezuela, ni la República de Weimar son ejemplos del uso pleno de la soberanía monetaria, y además operaban en entornos en los que el tejido productivo estaba destruido.
La Teoría Monetaria Moderna nos enseña la capacidad fiscal del monopolista de la divisa.
O plan de reactivación o gran depresión
La comprensión del entorno monetario es vital. El régimen monetario bajo el cual opera un país importa. Cualquier país que emita deuda solo en su propia moneda y tenga un tipo de cambio flotante es monetariamente soberano. Esto significa que no puede ser insolvente. Es el caso de Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Suecia, Suiza, Dinamarca, Canadá, Nueva Zelanda, Islandia… pero no la eurozona ni la mayoría de los mercados emergentes.
Tras la ruptura de Bretton Woods en 1971, los gobiernos que emiten sus propias monedas, en régimen de tipos de cambio flotantes y deuda soberana en moneda local, ya no tienen que financiar su gasto, ya que los gobiernos emisores de moneda nunca pueden quedarse sin dinero. Los contribuyentes, en un estado monetariamente soberano, no financian nada1. El dinero es una criatura del estado, en realidad un simple pagaré. Cualquiera puede emitir dinero; el problema es conseguir que se acepte. La capacidad de imponer impuestos consigue ese truco.
Cualquier país que emita deuda solo en su propia moneda y tenga un tipo de cambio flotante es monetariamente soberano, no puede ser insolvente
Una descripción operativa del sistema monetario es vital. Comprender que los préstamos crean depósitos es un punto de partida mucho más realista que el mito de que los depósitos crean préstamos. Del mismo modo el gasto público crea reservas en el interbancario y reduce los tipos de interés. No hay razones para temer que un aumento del déficit público pueda desplazar al sector privado de un pool limitado de fondos prestables.
La contabilidad macro nos demuestra que la deuda de un sector es para otro un activo. Por lo tanto, la deuda del gobierno es el activo del sector privado. Entender cómo un sector se relaciona con otro utilizando un marco de equilibrio sectorial es muy útil. La deuda privada importa incluso en un Estado monetariamente soberano. El sector privado no puede imprimir dinero para pagar sus deudas. Como tal, tiene el potencial de crear una vulnerabilidad sistémica. Por eso el sector no es quien debe liderar la respuesta a la crisis causada por la pandemia. Sus balances han resultado dañados y, por mucho aval y garantía que aporten los países europeos, difícilmente podrán liderar la recuperación.
En cambio, para el monopolista de la divisa, los límites a los que se enfrenta su presupuesto son reales: los recursos y la ecología. Si cualquier sector de la economía lo empuja más allá de los límites de esa capacidad real, entonces se producirá una inflación. La inflación no es un fenómeno monetario. Los límites que importan son reales —personas, máquinas, fábricas—, no las restricciones de 'financiación'.
Ministras como Nadia Calviño y María Jesús Montero siguen ancladas en un paradigma moribundo, obsesionadas con el mantenimiento de equilibrios presupuestarios. Reconocen quizá que están en una cárcel a la que nos llevó la renuncia de nuestra soberanía monetaria. Pero, incluso dentro de la prisión del euro, el miedo a la inflación, en unas circunstancias como las actuales, parece una broma de mal gusto. La demanda está hundida a lo que se suman las presiones deflacionarias previas y estructurales provocadas por la combinación de austeridad, globalización y demografía.
Ahora es el momento de apuntalar esa demanda con el recurso masivo al banco central para sostener las rentas, tanto de trabajadores como de empresas, que se han esfumado debido a la paralización de la actividad que ha ocasionado la aplicación de las necesarias medidas para impedir la expansión descontrolada de la epidemia. Algo a todas luces necesario para evitar una catástrofe humanitaria.
Para cualquier persona con unos mínimos valores democráticos es obvio que, ante un problema colectivo como el que estamos afrontando, no se puede dejar en la cuneta a una parte de la población como son los cientos de miles de trabajadores, especialmente jóvenes y temporales, que van a encontrarse después del levantamiento del estado de alarma, sin rentas de ningún tipo. Esto aplica también a los trabajadores por cuenta propia que están ya en esa situación de desaparición total o parcial de sus rentas.
Menos evidente es para muchas personas la necesidad de sostener las rentas empresariales, especialmente en lo que atañe al frágil tejido de pequeñas empresas que son responsables de la mayoría del empleo y la producción de nuestro país. Debemos de ser conscientes de que no solo resulta injusto que cientos de miles de esos pequeños empresarios vean desaparecer total o parcialmente sus rentas por culpa de un problema colectivo, sino que, aún peor, una buena proporción de esas empresas no podrán resistir, por la fragilidad mencionada, esta situación, trayendo como consecuencia un empobrecimiento generalizado de la sociedad, un aumento del desempleo y en consecuencia una nueva y más grave caída de la demanda.
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El Gobierno debería olvidarse ya de límites de déficit y reglas de gasto y pagar mediante transferencia una renta incondicionada a cada uno de los hogares, sin preguntas, sin necesidad de aportar documentación. Tal cantidad se sumaría a la cuota liquidable del IRPF devolviéndose en el ejercicio 2021 salvo para aquellos hogares que no dispusieran de un determinado umbral de renta. Operativamente se podría implementar de forma muy sencilla abriendo una cuenta electrónica para cada ciudadano y cada empresa en el Banco de España, cuentas donde se irían ingresando los diferenciales de rentas correspondientes. Debemos de ser conscientes de que si no se hace es simplemente por cuestiones ideológicas.
Esto supondría una inyección de liquidez inmediata que podría acompañarse de una reducción de los tipos de retención a cuenta del IRPF aplicables a las nóminas de los meses que quedan por pagar este año. Se trata de evitar el hundimiento de las rentas.
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Para después de la pandemia el gobierno tendrá que volcarse en la reconstrucción de nuestra economía. Con carácter urgente tendría que implantar de forma urgente un plan de trabajo garantizado que pusiera a trabajar a todas aquellas personas que no han encontrado un empleo y desearan uno. Estas personas deseosas de trabajar y producir podrían volcarse inicialmente en todo tipo de tareas necesarias para conseguir la recuperación de la normalidad: desmontar los hospitales de campaña; volver a poner en marcha escuelas y universidades; dar soporte a nuestro sistema de sanidad pública; apoyar y reconfortar a las personas más perjudicadas por la epidemia; movilizar a actores, cantantes, artistas que se quedaron sin trabajo durante la pandemia para ofrecer entretenimiento a una población traumatizada por más de dos meses de confinamiento; entre otras. Este programa debería quedar como un legado permanente de la gestión de la pandemia por ser un potente instrumento de carácter anticíclico.
El Gobierno de España se ha agarrado a la tabla de salvación de la solidaridad europea. Pero ésta está carcomida. Con la complicidad de los italianos pensaron que sería posible convencer a los europeos septentrionales de que esta vez aceptaran la obsoleta reivindicación de la mutualización de la deuda pública. Pero este fin de semana Nadia Calviño se ha vuelto de la reunión del Ecofin sin coronabonos y a cambio ha aceptado un pequeño rescate de 25 mil millones de euros del Mecanismo Europeo de Estabilidad para cubrir los gastos sanitarios y líneas de avales y préstamos que no sirven para hacer frente a la magnitud de la catástrofe inminente. La mano que da siempre está por encima de la que recibe. Solo la falta de autoestima —bien labrada desde las elites— del pueblo español explica que no estalle una oleada de rabia e indignación en los balcones.
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En un artículo de opinión publicado hace poco en El País, el presidente del gobierno, reclamaba un plan Marshall para las economías de la zona euro. El término sugiere un complejo de subordinación de nuestras elites a las europeas. Nuestros gobernantes creen que la solución a nuestros problemas está en las dádivas del Norte de Europa cuando no tienen más que mirar atrás para contemplar que hay más de cinco millones de españoles dispuestos a ser movilizados y trabajar para construir un país mejor. Son recursos inagotables para abordar una potente política industrial impulsada por un banco público de inversiones. Ni MEDE, ni coronabonos; lo que necesitamos es un banco central para financiar un plan de desarrollo.
Un Green New Deal, un nuevo pacto verde, que transformara nuestra economía podría movilizar este recurso casi inagotable. Se trata de crear cientos de miles de nuevos empleos vinculados con la transformación del modelo energético; la mejora de la calidad y sostenibilidad del parque de viviendas, especialmente del parque público; la mejora de nuestro sistema ferroviario para reducir el recurso al transporte por carretera; la recuperación de los paisajes naturales degradados; proteger los entornos amenazados por el cambio climático; o asegurar un ciclo del agua sostenible; son solo algunas entre las múltiples tareas que podrían mejorar nuestra calidad de vida y asegurar nuestro futuro como especie en la Tierra.
Es un plan mucho mejor que el Green Deal (sin el adjetivo New) de Ursula von der Leyen que solo propone el cierre de actividades y la erosión permanente del nivel de vida de las clases populares con impuestos que encarezcan su acceso a la energía y el transporte mientras se confía el liderazgo a la iniciativa privada con líneas de avales y garantías.
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La Teoría Monetaria Moderna (TMM) nos enseña la capacidad fiscal del Estado cuando ejerce plenamente su soberanía monetaria. Solamente los países con soberanía monetaria, tipos de cambio flotantes y emisión de deuda soberana en moneda local pueden explotar al máximo su capacidad fiscal. Quizás sea también ésta la ocasión para reivindicarla.
Les dejamos con un gráfico espectacular en el que podemos ver el tamaño del balance del Banco central de Japón (BoJ) como porcentaje del PIB en relación al BCE, la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra. Japón no ha enseñado que se puede hacer, que no existen consecuencias negativas sino todo lo contrario y que si no se hace es por cuestiones puramente ideológicas. El BCE según esto podría expandir su balance en casi 8 billones de euros más sin sobrepasar los niveles del BoJ, lo que daría más que holgadamente para financiar el necesario plan.
1Para hacer frente a ciertos bulos, esparcidos por quienes nos ofrecen pócimas y recetas cargadas de ingredientes tóxicos, les recomiendo leer el primer manual de macroeconomía TMM, 'Macroeconomics', de William Mitchell, Randall Wray y Martin Watts, publicado por la editorial Macmillan International.
*Juan Carlos Barba, Juan Laborda y Stuart Medina son miembros de la RED MMT España.
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