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Podemos quería encarcelar a las familias por gestación subrogada
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Juan Ramón Rallo

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Podemos quería encarcelar a las familias por gestación subrogada

El objetivo de esta ley nunca fue proteger a los menores, sino imponer el credo feminista-liberticida, destrozando familias y condenando a los niños a una vida separada de sus padres

Foto: La ministra de Igualdad, Irene Montero. (EFE/Zipi)
La ministra de Igualdad, Irene Montero. (EFE/Zipi)
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Podemos no se ha salido finalmente con la suya y la nueva Ley de Aborto (del aborto, aunque en realidad sea un cajón de sastre para que el feminismo liberticida imponga a placer su agenda reproductiva) no instará a encarcelar a aquellas familias que recurran a la gestación subrogada. Que recurran a ella no ya en España —donde desafortunadamente es ilegal por una pinza entre la peor izquierda y la peor derecha— sino en aquellos países extranjeros donde, como en muchos estados de EEUU, es legal y está regulada de manera garantista para todas las partes implicadas.

En el anteproyecto original, el Ministerio de Igualdad (de Igualdad, aunque en realidad solo busque consagrar desigualdades jurídicas entre los españoles) equiparaba la gestación subrogada con el tráfico de menores sancionado por el artículo 221.1 del Código Penal, incluso aunque la gestación subrogada se hubiese practicado fuera de la jurisdicción española. Para muchos fanatizados opositores a la gestación subrogada, resultará de sentido común extender el concepto de tráfico de menores a esta técnica de reproducción asistida practicada en el extranjero (por argumentos similares, y si así lo dispusiera caprichosamente el legislador, también podríamos llegar a extender el tráfico de menores a los concebidos por donación de gametos), pero incluso retorciendo los términos la analogía jurídica es tremendamente problemática.

Foto: Foto: Freestock

Recordemos que el artículo 221.1 establece que “los que, mediando compensación económica, entreguen a otra persona un hijo (…) con la finalidad de establecer una relación análoga a la de filiación, serán castigados con las penas de prisión de uno a cinco años y de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de la patria potestad, tutela, curatela o guarda por tiempo de cuatro a 10 años”. Por consiguiente, una pareja estaría perpetrando ese delito si entregara una contraprestación económica para ejercer como padres de un menor que legalmente no es su hijo: pero es que, en los países donde la gestación subrogada es legal, ese menor sí es su hijo desde el primer día (jamás ha sido hijo de la gestante, como en nuestras legislaciones un donante de esperma o de óvulos no deviene padre o madre del menor concebido con ellos). Por consiguiente, los padres comitentes no pagan por 'quedarse' con un menor del que no son tutores legales, sino que pagan para compensar a la gestante por haber gestado a su hijo: y la gestante no lo ha gestado como madre sino como gestante.

Perseguir en España a las familias que recurran a la gestación subrogada en el extranjero dejaría, además, al menor en una situación de absoluta indefensión. Si los padres comitentes no solo no son reconocidos como tales por las autoridades españolas (lo cual, hasta cierto punto, podría ser un mero formalismo que dificultaría el día a día, pero que no separaría a los padres de sus hijos) sino que incluso se les impide materialmente desarrollar las funciones de padres mandándolos a la cárcel e inhabilitándoles para el ejercicio de la patria potestad, ¿quién se encarga de criar a los hijos concebidos mediante gestación subrogada? No desde luego la gestante, que no solo no es legalmente madre según la legislación extranjera, sino que además, en la práctica totalidad de los casos, jamás gestó queriendo ejercer como madre del futuro bebé (recalquemos que la gestante gesta el embrión de una tercera pareja, no su propio embrión). Con lo cual, deberían ser los servicios sociales españoles quienes se quedaran con el menor y lo sumergieran en un proceso de adopción. ¿De verdad es preferible que el menor esté con los servicios sociales o con unos padres adoptivos en lugar de mantenerse con sus padres, que son quienes desde un principio promovieron su concepción y gestación para ejercer como tales (con todo lo que ello realmente implica)?

Foto: Bebés nacidos en Kiev mediante gestación subrogada, en 2020. (EFE/Sergey Dolzhenko)

Obviamente no, pero es que el objetivo de esta ley del aborto jamás fue proteger a los menores ni buscar su máximo bienestar: al contrario, la legislación trataba de imponer el credo feminista-liberticida, aun destrozando familias y condenando a los niños a una vida separada de sus padres. El fanatismo ideológico en su máxima expresión.

Por suerte, el PSOE ha logrado que el texto legal no contenga la aplicación del artículo 221.1 a los padres por gestación subrogada. Y desde luego ese daño mayor se ha evitado. Pero no olvidemos que la ley sigue dirigiendo recursos y oficios públicos a criminalizar a las familias por gestación subrogada, buscando generar poco a poco un clima de opinión pública suficientemente desfavorable hacia ellas como para que, entonces sí, las autoridades españolas puedan encarcelar a los padres y secuestrar a sus hijos. La ley sigue siendo una salvajada.

Podemos no se ha salido finalmente con la suya y la nueva Ley de Aborto (del aborto, aunque en realidad sea un cajón de sastre para que el feminismo liberticida imponga a placer su agenda reproductiva) no instará a encarcelar a aquellas familias que recurran a la gestación subrogada. Que recurran a ella no ya en España —donde desafortunadamente es ilegal por una pinza entre la peor izquierda y la peor derecha— sino en aquellos países extranjeros donde, como en muchos estados de EEUU, es legal y está regulada de manera garantista para todas las partes implicadas.

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