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El Plan Sánchez contra la inflación: más propaganda que eficacia
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Juan Ramón Rallo

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El Plan Sánchez contra la inflación: más propaganda que eficacia

Estamos ante un ejercicio de propaganda electoralista derivada, en gran medida, de la impotencia política

Foto: Pedro Sánchez. (EFE/Stephanie Lecocq)
Pedro Sánchez. (EFE/Stephanie Lecocq)
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El Gobierno no es el culpable único ni principal de la alta inflación que experimentamos. Por el lado de la demanda, habría que incluir al conjunto de gobiernos europeos, e incluso de manera preponderante al Gobierno estadounidense, como responsables de la política fiscal ultraexpansiva que, coadyuvada por la política monetaria, ha engendrado un exceso de gasto agregado que ha disparado los precios. Y, por el lado de la oferta, podríamos referirnos, como les gusta hacer a este y a otros gobiernos, a la responsabilidad de Putin al invadir Ucrania y, por tanto, al desatar una disrupción energética y alimentaria global.

Sin embargo, de la misma manera que el Gobierno no es el culpable de la inflación, tampoco debería colgarse tramposamente medallas de ser el responsable de reducirla. En su presentación del nuevo paquete de medidas anticrisis, por ejemplo, Sánchez proclamó que había estimado que gracias a su plan el IPC se reduciría en 3,5 puntos. Semejante pretensión es del todo inverosímil, tanto cualitativa como cuantitativamente.

Foto: La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. (EFE/EPA/Olivier Hoslet) Opinión

Desde un punto de vista cualitativo, estamos ante un paquete de medidas que, como todos los anteriores que ha presentado este Gobierno (y la mayoría de gobiernos, dicho sea de paso), incrementa el déficit público (al menos con respecto al escenario en el que no se aprueban esas medidas) y los aumentos de déficit ceban todavía más el gasto agregado y, por tanto, la inflación. Si se quisiera impulsar un plan fiscal para enfriar la inflación, habría que promover medidas presupuestarias contractivas, no expansivas: subidas de impuestos y recortes de gasto. Otro asunto, claro, es que el Gobierno pretenda aprobar un plan para 'proteger de la inflación' a los estratos sociales más desfavorecidos: ahí puede tener lógica recurrir al déficit público (aunque sería preferible sufragarlo vía impuestos en el contexto inflacionista actual) para financiera programas como el cheque de 200 euros o la revalorización de las pensiones no contributivas. Pero tengamos bien claro que ese conjunto de medidas no contribuirá a minorar la inflación: al contrario, al colocar más dinero 'en el bolsillo' de la gente, fomentará una mayor inflación.

Desde un punto de vista cualitativo, es completamente disparatado que el presidente o la ministra de Economía nos vendan que sus medidas contribuirán a reducir el IPC en 3,5 puntos. Aun cuando incluyéramos aquí todas las decisiones tomadas hasta la fecha (rebaja del IVA desde el 21% al 5%, suspensión del impuesto especial sobre la electricidad, suspensión del impuesto sobre el valor de la generación eléctrica, tope del gas en el mercado mayorista, congelación del precio del gas, descuento de 20 céntimos en los carburantes, rebaja del abono transporte…), las cuentas no salen. El peso que tienen, dentro del IPC, bienes como la electricidad, el gas, los carburantes o el transporte público ronda el 7%, de modo que sería necesario presuponer que las medidas de PSOE-Podemos contribuirán a abaratar todos estos precios en un promedio del 50% para que se consumara la reducción de 3,5 puntos del IPC. Y aun cuando rebajáramos ese porcentaje del 50% por tomar en consideración los posibles efectos de segunda ronda (si los carburantes no suben tanto de precio, otros bienes tampoco lo harán), ni lejanamente llegamos a 3,5 puntos (por no hablar de que también habría que considerar otros efectos de segunda ronda en sentido contrario: por ejemplo, el encarecimiento de precios derivado del mayor déficit público del que hablábamos antes).

Foto: El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. (EFE/Kiko Huesca) Opinión

Estamos, pues, ante un ejercicio de propagada electoralista derivado en gran medida de la impotencia política. Lo que puede hacer por su cuenta este Gobierno para frenar la inflación es muy poco: según hemos expuesto al principio, la inflación depende de circunstancias que no controla en solitario. Pero declararse impotente ante la ciudadanía se acerca mucho, dentro del imaginario colectivo, a declararse incapaz, y eso es algo que un Gobierno cuya base electoral se está descomponiendo no puede permitirse. De ahí la necesidad de propaganda.

El Gobierno no es el culpable único ni principal de la alta inflación que experimentamos. Por el lado de la demanda, habría que incluir al conjunto de gobiernos europeos, e incluso de manera preponderante al Gobierno estadounidense, como responsables de la política fiscal ultraexpansiva que, coadyuvada por la política monetaria, ha engendrado un exceso de gasto agregado que ha disparado los precios. Y, por el lado de la oferta, podríamos referirnos, como les gusta hacer a este y a otros gobiernos, a la responsabilidad de Putin al invadir Ucrania y, por tanto, al desatar una disrupción energética y alimentaria global.

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