Tres razones para suprimir el impuesto sobre el patrimonio

Gracias a la competencia fiscal que algunos quieren erradicar precisamente para que no existan contrapesos institucionales a las subidas de impuestos, Andalucía emulará a Madrid y eliminará el impuesto sobre el patrimonio en la región. Han sido muchos quienes desde la izquierda —aunque no todos, ahí está la honrosa excepción del exministro Miguel Sebastián— se han opuesto al anuncio de Moreno Bonilla. Pero existen argumentos tanto morales, económicos como institucionales para defender semejante supresión.

1. Argumentos morales: Los impuestos contra propiedades pacíficamente adquiridas son moralmente problemáticos porque suponen arrebatarle a una persona, por la fuerza y sin su consentimiento, aquello que ha obtenido sin dañar a terceros. Si la interferencia no consentida en los planes de vida de una persona solo debería quedar justificada por la necesidad de evitar o reparar daños sobre terceros (es decir, justamente para evitar su interfiera no consentida sobre los planes de vida de otras personas), los impuestos son en términos generales inadmisibles (podría haber excepciones, como los impuestos pigouvianos dirigidos a penalizar las externalidades negativas; o incluso, según cómo extendamos el concepto de daño, las contribuciones forzosas dirigidas a sufragar bienes no excluibles y de consumo no rival). Y eso incluye el impuesto sobre el patrimonio (no solo y ni siquiera principalmente, desde luego, pero lo incluye).

¿Cómo no celebrar, pues, moralmente la supresión de un impuesto moralmente defectuoso? Desde esta perspectiva, no puedo más que suscribir la conocida frase de Milton Friedman: “Estoy a favor de bajar impuestos bajo cualquier circunstancia, con cualquier excusa y por cualquier razón, siempre que sea posible” (Nótese la coletilla última sobre la factibilidad de la rebaja: esta siempre ha de ir de la mano de la sostenibilidad de las cuentas públicas, de modo que Moreno Bonilla debería abrir espacio fiscal para cumplir esta promesa recortando o, como poco, congelando partidas de gasto suficientes).

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2. Argumentos económicos: En términos generales, los impuestos sobre el consumo son preferibles a los impuestos sobre la renta y los impuestos sobre la renta son preferibles a los impuestos sobre la propiedad. No solo se trata de que aquello que diferencia principalmente la calidad de vida de dos personas sea su nivel de gasto (pues ese gasto es el que les permite acceder diferencialmente a bienes de consumo) o de que los impuestos sobre el consumo sean los únicos que desde luego se abonan con cargo a ingresos corrientes disponibles (en lugar de con ingresos corrientes no disponibles o con propiedades que deberían ser objeto de liquidación), sino que el gasto en consumo es la única magnitud que indudablemente no contribuye a generar nueva riqueza.

Aquella parte de la renta de una persona que se ahorre e invierta favorece la acumulación de capital, lo que potencia nuestra capacidad de consumo futuro. Por tanto, en aras de potenciar ese crecimiento económico, ni habría que gravar los ingresos dirigidos a la inversión ni tampoco el 'stock' de capital productivo resultante de esa inversión (como mucho, podría haber argumentos económicos para gravar la riqueza que no esté siendo empleada productivamente, pero es muy complicado trazar una frontera entre ambas, puesto que los activos ociosos presentes pueden constituir reservas presentes para mantener el flujo de producción futuro). Es decir, habría que gravar la parte de la renta que se dirige al consumo, no la que se ahorra y se acumula en forma patrimonial.

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3. Argumentos institucionales: Aunque personalmente soy partidario de la descentralización institucional frente a la centralización, en este caso ni siquiera es necesario tomar partido por ninguna de estas opuestas arquitecturas institucionales para defender la derogación del impuesto sobre el patrimonio en Andalucía. Si uno es partidario de la descentralización institucional, tiene pleno sentido que una región autónoma como Andalucía quiera diferenciarse del resto aplicando una política fiscal propia: cuantos más modelos de fiscalidad distintos tengamos, cuanta mayor sea la experimentación descentralizada, más fácilmente podremos comparar qué funciona y qué no funciona.

Si uno, en cambio, es partidario de la centralización y armonización institucional, también tiene pleno sentido que Andalucía quiera acercarse al resto de Europa eliminando esta figura impositiva: porque, recordémoslo, el bicho raro en Europa no es Madrid o Andalucía, sino España. Prácticamente, todos los países europeos carecen de impuesto sobre el patrimonio, de ahí que armonizar fiscalidad pasa por erradicar Patrimonio (no solo por eso, claro está, aunque ese es un argumento que deberán desarrollar quienes sean partidarios de la centralización armonizadora, no es mi caso).

En definitiva, hay sólidos motivos morales, económicos e institucionales para enterrar el impuesto sobre el patrimonio, tanto en Madrid y Andalucía como en el resto de España. Ojalá nadie vuelva a resucitarlo allí donde felizmente se lo ha inhumado.