PSOE, Podemos, ERC y Bildu rescatan una legislación franquista

El objetivo de la nueva ley de la vivienda pactada entre PSOE, Podemos, ERC y Bildu es muy parecido al de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964. En la exposición de motivos de este texto franquista podemos leer: "El movimiento liberalizador de la propiedad urbana debe atemperarse, no solo al ritmo determinado por las circunstancias económicas del país, sino también a las exigencias ineludibles de la justicia social, que constituyen la medula y razón de ser de nuestro régimen político". PSOE, Podemos, ERC y Bildu también aspiran a lo mismo: a evitar que la vivienda se convierta en un negocio y devenga un derecho.

Dejando de lado la falaz contraposición entre negocio y derecho (como si hacer negocios no fuera también una de las manifestaciones del derecho de propiedad), desde luego el Gobierno y sus socios parlamentarios se han esforzado por impedir que la vivienda sea un negocio. La nueva ley desindexa del IPC la revalorización de los alquileres y la vincula a un índice de nueva creación que, según se nos asegura, se mantendrá siempre por debajo del IPC: o dicho de otro modo, la ley institucionaliza que los alquileres vayan reduciéndose año tras año en términos reales.

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Se trata de un mecanismo similar a la congelación de los alquileres de renta antigua que operó bajo la ley franquista de 1964: aunque los alquileres supuestamente se revalorizaban de acuerdo a un índice elaborado por la Dirección General de Estadística, semejante revalorización solo terminaba efectuándose si el Consejo de Ministros lo aprobara por decreto… y tales decretos no solían llegar a materializarse. Por ello, las rentas antiguas fueron disminuyendo año tras año en términos reales: cuanto más subía la inflación, más bajaba el alquiler.

No solo eso, la ley franquista también establecía una prórroga automática del contrato de arrendamiento por la sola voluntad del inquilino, de modo que la congelación del alquiler se mantenía a efectos prácticos durante toda su vida. Todavía peor: cónyuges, ascendientes o descendientes podían subrogarse en el contrato original al fallecimiento del inquilino, de manera que potencialmente la congelación de la renta del alquiler —y la continua dilución de su poder adquisitivo— podía proseguir indefinidamente.

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Y esta última característica también se halla presente en la nueva ley de vivienda de PSOE, Podemos, ERC y Bildu: en las zonas tensionadas, los propietarios no podrán alterar las condiciones de los contratos en vigor (incluyendo la renta del alquiler), puesto que cualquier nuevo arrendamiento conservará el régimen del anterior inquilino. De este modo, el propietario no podrá rescindir el contrato con el objetivo de elevar la renta del alquiler, compensando así la inflación acumulada hasta ese momento.

Por consiguiente, al igual que ocurría con la legislación franquista, la nueva ley de PSOE, Podemos, ERC y Bildu destruye el mercado del alquiler haciendo que la vivienda no pueda ser un negocio: socavando año tras año su rentabilidad real. El problema es que si, en España (o en ciertas zonas de España), la demanda de vivienda supera a la oferta y, al mismo tiempo, la vivienda deja de ser un negocio, entonces no será el mercado quien solucione ese desequilibrio. No habrá inversión dirigida a incrementar el stock inmobiliario.

Así, solo quedarán dos opciones: que sean los políticos los que lo remedien —esa fue la decisión que en parte se adoptó bajo el franquismo, construyendo más de cuatro millones de viviendas de protección oficial entre 1961 y 1975— o que no se remedie en absoluto. Y dado el nulo fuelle inversor en vivienda pública durante las últimas décadas, la opción más probable es que el desequilibrio no se solventará, sino que se agravará: menor inversión en vivienda —tanto en nueva construcción como en mantenimiento— y, por tanto, menor accesibilidad para las familias. Destruyendo el mercado del alquiler, se destruye el mercado inmobiliario.