Peajes y pensiones

La campaña de estas elecciones generales del 23-J se ha centrado en la mentira: en qué políticos envuelven su discurso con verdades y en cuáles lo envuelven con embustes; en tratar de dilucidar si el continente transparenta u opaca el contenido. No negaré que, hasta cierto punto, es lógico que haya sido así, pues Sánchez ha recurrido constantemente a los más burdos engaños para mantener a flote su Gobierno a lo largo de todo este expirado mandato; y, a su vez, si enjuiciamos la honestidad del presidente, también habrá que someter a una fiscalización similar a su posible recambio.

Sin embargo, al enzarzarnos en discusiones superficiales sobre la forma, hemos soslayado el mucho más importante debate sobre el fondo. Permítanme simplemente dos muy elocuentes ejemplos: peajes y pensiones. Primero, ¿para qué se ha hablado de peajes durante esta campaña? Para aclarar si Sánchez mentía o no, cuando ha negado hasta la saciedad que se haya comprometido con Bruselas a implantarlos a partir de 2024.

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Ciertamente, Sánchez mentía (como ha confirmado la propia Comisión Europea), pero de lo que deberíamos haber debatido extensamente no es sobre si estamos ante la enésima mentira del líder socialista, sino sobre si establecer peajes en las principales carreteras españolas es una medida razonable o no. Mi posición es conocida: siempre que se eliminen otros impuestos que gravan la circulación, bienvenidos sean los peajes por cuanto vinculan la cobertura del coste del servicio suministrado con el uso efectivo que se hace del mismo. Pero esta posición, coherentemente liberal, que en circunstancias normales deberían haber abrazado partidos como PP o Vox, se ha visto desplazada dentro del debate público por la mucho más trivial y simplona de si Sánchez nos ha mentido o no respecto al establecimiento de peajes.

Segundo, ¿para qué se ha hablado de indexar las pensiones al IPC durante esta campaña? Para aclarar si Feijóo mentía o no cuando afirmó que el PP siempre mantuvo vinculadas las pensiones a la inflación. Ciertamente, Feijóo mentía (como él mismo terminó reconociendo), pero de lo que deberíamos haber debatido extensamente no es sobre si Feijóo emula las peores prácticas de Sánchez, sino sobre si indexar las pensiones al IPC es una medida razonable o no. Nuevamente, mi posición es conocida: la reforma de 2013 (que el Gobierno PSOE-Podemos se cargó) establecía una restricción presupuestaria que garantizaba la sostenibilidad a largo plazo del sistema.

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A saber, si los políticos no conseguían incrementar a medio plazo los ingresos de la Seguridad Social (tal como el ministro Escrivá ha prometido hacer con sus reformas), entonces el gasto en pensiones no podrá incrementarse para no perpetuar un desequilibrio estructural y generador de deuda; pero si, en cambio, es cierto que los políticos consiguen aumentar los ingresos (o moderar de otra forma los gastos), las pensiones sí podrán aumentar por encima del IPC. Y esta posición, tan financieramente sensata, que debería haber sido defendida por PP o Vox (de hecho, fue el PP quien aprobó la reforma de 2013), se ha visto desplazada dentro del debate público por la mucho más trivial y simplona de si Feijóo nos ha mentido o no con respecto a lo que hizo el PP en el pasado.

En definitiva, la campaña electoral no ha servido para deliberar sobre algunos de los problemas nucleares de la economía española, sino tan solo para que los políticos se tiren entre sí los trastos a la cabeza, acusándose de mentirosos. En parte, porque todos son unos mentirosos y conviene remarcarlo; en parte, porque el debate sobre la forma les resulta a los políticos menos costoso electoralmente que el debate sobre el fondo. Sea como fuere, una competición política con muy bajo nivel. Ninguna novedad, vaya.