Condonar toda la deuda autonómica, salvo la de Madrid

Una de las medidas planteadas por el PSOE tanto a ERC como a Junts per Catalunya para pactar una posible investidura de Pedro Sánchez es la condonación de la deuda pública autonómica en manos del FLA. Recordemos que, en 2012, Cristóbal Montoro, como ministro de Hacienda del Partido Popular, creó un mecanismo para socializar los riesgos de la deuda pública autonómica: la Administración central del Estado (respaldada por el conjunto de contribuyentes españoles) emitía deuda y con esa financiación adquiría la deuda de aquellas regiones que así lo solicitaran. Si una autonomía se declaraba en suspensión de pagos en el futuro, quienes soportaban el quebranto no eran los inversores (pues su deuda no había sido colocada en los mercados), sino el FLA y, por tanto, el conjunto de los contribuyentes españoles.

Supuestamente, aquellas autonomías que se financiaban a través del FLA debían ser sometidas a una estricta condicionalidad en términos de ajustes de su desequilibrio presupuestario y, sobre todo, se nos aseguró que en ningún caso la deuda autonómica terminaría socializándose entre todos los contribuyentes españoles: a saber, que nunca la Administración central asumiría como propia esa deuda. En caso contrario, el incentivo de todo gobernante autonómico racional habría sido muy obvio: maximizar su endeudamiento, puesto que tales pasivos serían pagados por el conjunto de españoles, no en exclusiva por los residentes en esa región.

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Fueron estas reglas las que llevaron a la Comunidad de Madrid, por ejemplo, a renunciar financiarse a través del FLA: no porque las condiciones financieras del FLA no fueran algo más ventajosas que las que podía lograr en los mercados, sino porque no quería encorsetarse bajo la condicionalidad del FLA y porque, además, la condonación de esa deuda autonómica no estaba en el horizonte. De ahí, pues, que a día de hoy la cantidad de deuda pública madrileña en manos del FLA sea igual a cero.

Pero hete aquí que una década después de haberse constituido este fondo, nuestros gobernantes ya comienzan a emplearlo como moneda de cambio en la negociación política. A la postre, estamos hablando de una inyección potencial de dinero a las arcas autonómicas gigantesca: condonar toda la deuda del FLA equivaldría a una transferencia de alrededor de 9.500 euros por habitante para catalanes y valencianos, unos 6.500 euros para murcianos y cerca de 5.500 para castellano-manchegos y cántabros. ¿Y quiénes pagarían tan significativas transferencias interterritoriales? Pues el conjunto de españoles, entre los que también se hallan, claro está, catalanes, valencianos, murcianos, castellano-manchegos o cántabros. Por consiguiente, la transferencia neta a estas regiones sería inferior a la bruta, pero en todo caso sería notablemente positiva. En cambio, para quienes resultaría terriblemente negativa sería para los madrileños: no se les condonaría ni un solo euro de deuda autonómica y, por el contrario, tendrían que hacerse (proporcionalmente) cargo de financiar la condonación del resto de deudas autonómicas. Casi todos los españoles cobrando, salvo los madrileños pagando.

Conste que con esta exposición ni siquiera pretendo entrar en el debate de fondo sobre si la condonación de algunas deudas autonómicas podría ser razonable. Al cabo, este debate forma parte de otro mucho más amplio como es la financiación autonómica y, en ese ámbito, algunas regiones como Cataluña exhiben importantes déficits fiscales que podrían querer compensarse retroactivamente con una quita en sus pasivos. Ahora bien, seamos conscientes de que Madrid también padece un importante déficit fiscal, de modo que el sablazo que recaería sobre esta comunidad en caso de una condonación de deuda del resto de España tendría una nula justificación. Y, sobre todo, seamos conscientes de que la arquitectura institucional —la que determina los incentivos de los agentes económicos y políticos— no debería ser el cambalache de la investidura de nadie: si hay motivos para reformar el sistema de financiación autonómica (y los hay), hágase; si hay motivos para condonar ciertas deudas autonómicas (y podría haberlos, aunque es más discutible), hágase; pero no se subordinen tales cambios (o los contrarios, si fuese electoralmente conveniente) a las ambiciones personales de nadie. Una vez abierta la veda de someter el marco institucional al interés del gobernante de turno, ya cabe casi todo.